Una corte del estado de Missouri (EE.UU.) podría sentenciar al Grupo Renco, accionista mayor de de Doe Run Perú, a indemnizar a 107 niños de La Oroya que fueron contaminados con plomo durante las operaciones de la empresa minera (1997-2010).

Según la abogada de la ONG CooperAcción, Emma Gómez, las once denuncias fueron aceptadas por el Vigésimo Segundo Juzgado de la ciudad de St. Louis, en el estado de Missouri, que reconoció tener jurisdicción sobre este problema. De concretarse la sentencia, se abriría paso a otras denuncias que tienen que ver con el problema medioambiental que ocasionó la minera.

Emma Gómez, indicó que si la denuncia hubiera sido contra Doe Run Perú, el juzgado estadounidense se hubiera abstenido de aceptar la demanda, por no tener competencia y solicitar que el caso sea visto por un juzgado peruano. Los denunciados en este caso, además de pagar indemnizaciones, podrían verse sujetos al pago de daños punitivos bastante altos.

Cabe resaltar que la semana pasada un grupo de abogados estadounidenses estuvo en La Oroya para exponer los avances de dicha denuncia y recoger nuevos casos contra Doe Run. En la presentación hubo protestas y reclamos por parte de los trabajadores de Doe Run.

DOE RUN EVADE RESPONSABILIDADES

EL mes pasado, Doe Run, a través de un comunicado publicado en diferentes medios, exigió al Estado Peruano hacerse responsable por los reclamos de terceros y que por indemnizar cualquier daño originado a partir de la operación del complejo metalúrgico.

En declaraciones que recoge hoy el diario El Comercio, el vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doe Run Perú, José Mogrovejo, indicó que esta responsabilidad está estipulada en el contrato de privatización: “el Estado debe hacerse responsable de la afectación de las emisiones gaseosas y de material particulado del Complejo Metalúrgico hasta la culminación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)”.

Por su parte, la ex directora general de Minería, María Chappuis, señaló que Doe Run interpreta erróneamente la flexibilización como una ampliación del PAMA, ya que cuando se firmó el contrato de privatización, quedó estipulado que el PAMA sería concluido en enero del 2007, y las normas que flexibilizaron la culminación del mismo no exoneran a Doe Run de las obligaciones y responsabilidades en el contrato de privatización celebrado en 1997, año en que empezó a operar la minera.

La entidad responsable de hacer frente a Doe Run, por parte del Estado, es Activos Mineros, que aún no se pronuncia. Según El Comercio, fuentes de esta entidad estatal señalaron que este silencio es para “evitar que Doe Run utilice cualquier declaración como argumento legal. En ese sentido, cualquier disputa del contrato deberán llevarla a un arbitraje en Londres, como indica el propio contrato”.