Escribe Luis Eduardo Cisneros / Director de Comunicaciones de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
Tenía 19 años la primera vez que conocí sobre la problemática de La Oroya. A finales del 99, recuerdo haber estado en la casa de mi hermana y haberle pedido la computadora para googlear el nombre de esta ciudad, y verificar si tanto horror era cierto. La búsqueda no arrojó muchos resultados. Dos de los videos que encontré mostraban trabajadores bastante sonrientes de Doe Run, cantando arpa en mano y al ritmo de las palmas del respetable en festejos de esta compañía. Hallé también artículos muy pequeños escaneados de diarios locales que brindaban información financiera e industrial bastante superficial en un espacio de 2 x 2. Solo pude ubicar dos sitios web de instituciones indignadas con información documentada y relevante; algo que, frente a tamaña problemática, resultaba ser una muestra de un desinterés ciudadano bastante difícil de asimilar.
Mi creciente interés en La Oroya me motivó a investigar más sobre el tema, acumulando decenas de megabytes de información en mi PC. Algunos años después, llegó a mi bandeja de entrada el Informe de la Universidad de Missouri “Estudio sobre la Contaminación Ambiental en los Hogares de la Oroya y Concepción y sus Efectos en la Salud de sus Residentes”, que demostraba que el 99% de los niños de La Oroya tenían niveles de plomo por encima del máximo permitido por la OMS. El dato me impactó sobremanera y decidí llamar a un amigo muy cercano que trabajaba en un prestigioso diario local. Le conté que el 99 % de los niños de La Oroya tenían niveles de plomo en sangre por encima del promedio, que los niveles de cadmio y dióxido de azufre eran surrealistas y que había un señor de nombre Ira Rennert (dueño de Doe Run) con un historial empresarial ambientalmente cuestionable en USA. Me respondió que le iba a proponer el tema a su editor. Nunca más me llamó. Llamé a un par de amigos más que trabajaban en otros diarios y solo uno de ellos se dignó a devolverme la llamada. Fue sincero y sin asco me dijo: “Tío, no vende”.
Pasó más tiempo, y mientras más conocía del tema, más me sorprendía la desproporción que existe entre la terrible situación de La Oroya, y el interés, difusión e indignación frente al tema, mostrado por políticos, medios de comunicación y ciudadanía en general. Digamos que La Oroya no está tan lejos de Lima, como Puno o Tumbes, como para que los cerebros citadinos ejecuten la muy acostumbrada función cognitiva “Es muy lejos, no me importa, me olvido en dos segundos”. Hablamos de una ciudad enferma y oxidada por la codicia, que está a menos de 200 kilómetros de Lima, y que es paso obligado para acceder a una importante zona del centro del Perú. Sin embargo, a pesar de la poca distancia y de lo cercano de su realidad, pareciera que existe un tipo de fuerza negadora, enfermiza, compulsiva, invisible e invencible, que habita dentro de los cerebritos de los limeños, y que convierte a esta problemática en un tema accesorio destinado a ser una leyenda urbana más, o a convertirse en un “dato curioso” de chupeta de patas.
Algunos me dicen que esto no es cierto, que la cobertura que le dieron los medios a la problemática de La Oroya hace poco cuando anunciaron la inminente quiebra de Doe Run fue grande. Yo creo que es una verdad a medias, ya que es cierto que el número de publicaciones que tenían el nombre de La Oroya aumentó, pero lamentablemente el ángulo e interés que se generaba respecto a éste tema era básicamente financiero o económico, es decir, un gran porcentaje de noticias e informaciones (salvo honrosas excepciones, como el extraordinario reportaje de Carlos Castro en “Cuarto Poder”) hablaban de la insolvencia, de las deudas de Doe Run, de cuanto tenían que pagarles a los trabajadores, de cómo los angustiados acreedores de esta empresa se atoraban con el sushi mientras pensaban en como no perder su plata, etcétera. Poco escuché o vi, sobre las hasta ahora infructuosas medidas de remediación del Estado para los ciudadanos afectados por la contaminación o del estado de terror que ha instaurado la empresa entre los pobladores, que los inhibe a reclamar y sublevarse por sus vidas.
Es inaceptable quedarse inmóvil frente a tal nivel de apatía ciudadana, aunque recordando el marcado desinterés mostrado por los limeños frente a los embates del terrorismo de Guzmán en tierras ayacuchanas, no debería sorprendernos tanto. Lo que si sorprende en cambio, es que la negación venga del propio Estado y que esta pueda llegar a niveles realmente psicodélicos como lo evidencia la Resolución Ministerial 094-2010/Minsa, publicada en el diario “El Peruano” hace algunos días. Esta norma aprueba el documento técnico “Lineamientos para la Elaboración del Programa de Atención y Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria a ser aplicado en cada Emergencia Ambiental”. Tras el documento se han identificado una serie de zonas a nivel nacional “sensibles a la contaminación” (como Quilish, los ríos Corrientes y Pastaza, la zona de Paracas, el Río San Lorenzo, entre otros) que se consideran ambientalmente prioritarias para activar acciones de remediación, y en donde se espera aplicar un Programa de Atención y Vigilancia Epidemiológica, Ambiental y Sanitaria. Increíblemente, no se nombra a La Oroya dentro de las zonas priorizadas ni se le considera una “emergencia ambiental” a ser intervenida.
¿Qué más tiene que pasar para que se priorice y valide la emergencia ambiental que padecen los oroyinos desde hace décadas? Creo que mucho más, ya que pareciera que ninguna atrocidad es percibida como grave cuando acontece en La Oroya. Y pasarán otros gobiernos famélicos y prostituidos frente a la posibilidad de más capital fresco que se harán de la vista gorda; y aparecerán otros señorones con corbata michi como el Sr. Rennert, que seguirán ejercitando negociados antropófagos; y mi amigo redactor me volverá a decir que la historia de La Oroya no vende, y veremos toneladas de candidatos presidenciales prometiendo que no se darán mas extensiones al PAMA, y quizás en ese momento me convenza que estoy loco y que La Oroya no existe.
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Fotografía cortesía de: Michael Mullady
4 comentarios · Dejar un comentario
Estimado Luis Cisneros
Soy una ciudadana común y corriente de Lima.
Luego de leer su artículo creo que esta noticia fuera o no cubierta, mucho o poco por los medios, da igual. El punto es que nadie hace nada cuando vemos que nuestra gente se va muriendo porque nadie voltea a verlos o peor aún porque nadie quiere voltear a verlos.
Cómo puede hacer alguien como yo, una peruana con amor al Perú y su gente a que pueda haber algun cambio.
Saludos
Aqui está el reportaje de Carlos Castro a La Oroya en abril del año pasado
http://www.americatv.com.pe/cuartopoder/reportajes.asp?id_reportaje=1073&p=1
AVATARES DE LA FISCALIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL EN PERÚ
LA TÉCNICA DEL “PELOTEO” ACABA DE SER APLICADA A LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
SE DESVISTIÓ A OSINERGMIN PARA VESTIR A LA NOVÍSIMA OEFA DEPENDIENTE DEL MINAM
El E-cochaski Nº 41
Publicado Febrero 7, 2010
Editorial. Los avatares de la fiscalización ambiental en el Perú
Después de un duro tira y afloja interinstitucional de varios meses, acerca de qué ente se ocuparía de la supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental en el Perú, el fiel de la balanza se inclinó a favor del ente con mayor respaldo del Ejecutivo y algunas ONG ambientalistas al respecto: el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente (MINAM), en desmedro del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (OSINERGMIN). Este desenlace se dio el 21 de enero pasado, cuando se publicó el Decreto Supremo 001-2010-MINAM, que ordena el proceso de transferencia de dichas funciones del segundo ente al primero.
Sin embargo, esta no es la primera transferencia de estas funciones, tan necesarias como criticadas. Desde 1992, el proceso de fiscalización y supervisión del cumplimiento de las normas relacionadas a la seguridad e higiene minera, así como de las normas referidas a la protección del ambiente, recaían en la Dirección General de Minería, órgano del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Esta situación generaba la crítica ambientalista de que no era adecuado que el mismo ente destinado a promover la minería fuera el que la fiscalizara y sancionara. A menos que se pretendiera seguir configurando un cuadro de esquizofrenia institucional, que al final duró 15 años. Hasta que en enero de 2007 se publicó la Ley N° 28964, que transfirió la competencia de supervisión y fiscalización de las actividades mineras del MEM al hasta entonces OSINERG, que pasó a llamarse OSINERGMIN, otorgándosele la función de supervisar y fiscalizar que las actividades de los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería se desarrollen según los dispositivos legales y normas técnicas vigentes (seguridad, higiene y medio ambiente).
Por otro lado, desde su creación en mayo del 2008, el OEFA es un organismo público adscrito al MINAM que tiene a su cargo el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Por ello, se reclamó durante meses que el OEFA debía asumir las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental relacionadas a la minería, hidrocarburos en general y electricidad. No se trataba, a priori, de la búsqueda de una mayor eficiencia, sino de un criterio más institucionalista, que a la larga desembocaría en ella. Así, según la reciente norma del MINAM, después de constituirse la comisión de transferencia, donde participarán miembros de ambas entidades, se iniciará el proceso de transferencia según un cronograma. Las funciones referidas a minería se transferirán en seis meses, y las referidas a hidrocarburos y electricidad, en 12 meses. Por lo cual los primeros resultados integrales de esta nueva reforma de la fiscalización ambiental se verían en dos años, por lo menos.
Esto se producirá pese a que desde octubre pasado el presidente del OSINERGMIN, Alfredo Dammert, cuestionara dicha transferencia, señalando que su organismo había logrado grandes avances en el sector minero energético. De modo que pedía que la OEFA se orientara a la fiscalización y solución de los problemas de contaminación en los campos agrícolas o en las grandes ciudades, que se originan por las malas industrias. Paradójicamente, poco después de su derrota, OSINERGMIN presentó a fines de enero pasado el balance de sus tres años de labor en la fiscalización medioambiental y de seguridad e higiene minera. Adujeron sus representantes que lograron cerca de 800 de procesos sancionadores, 240 multas, 30 paralizaciones parciales de operaciones por incumplimientos y la cifra más baja de accidentes fatales en el sector minero. Un canto de cisne al parecer nada despreciable, aunque la Doe Run Perú (DRP) haya sido en ese lapso uno de los principales desafíos del ente. Prueba de la cual no salió tan bien librado. Aunque, a decir verdad, lo mismo vale para el Estado peruano, ante las falencias de parte del Ejecutivo y el Legislativo frente a las “inconductas” de la empresa de origen norteamericano.
OSINERGMIN le dedicó una especial atención a ese caso emblemático de contaminación ambiental extrema, instalando en el año 2007 en La Oroya una oficina y un centro de monitoreo a tiempo real, para verificar las emisiones de plomo (pero no el “resto” de la veintena de metales tóxicos emitidos por la fundición) y dióxido de azufre. Aunque lo primero que le preocupara a su fiscalizada fue que el local ocupado para ello le perteneciera al arzobispado de Huancayo, uno de sus críticos más constantes. En cuanto a los resultados del monitoreo estatal, como lo demostró ante los de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del 2007, la DRP siempre fue rápida para refutarlos, al menos parcialmente. De ahí que las dos multas que le puso OSINERGMIN fueron apeladas de inmediato. Por ello, si bien se publicó la primera, de 210 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a 724 mil nuevos soles, de agosto del 2007, por cuatro infracciones ambientales; la segunda, de 600 UIT, equivalente a dos millones 130 mil nuevos soles, de marzo del 2009, no se reveló durante meses. Esto en virtud de una de las excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que fija el concepto de información confidencial del Art. 15º B de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública. Algo que resultó funcional a los intereses de la empresa, que poco después le pidió al Estado un plazo mayor para culminar el último proyecto de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), así como un rescate financiero, supuestamente debido al embate de la crisis económica mundial. Una maniobra tan descarada como cínica, pues para pedir la prórroga anterior en el 2005-2006 no le hizo falta tal argumento, siendo la razón verdadera su solapada remesa de utilidades a la matriz gringa, por no decir su dueño, Ira Rennert.
La gran lección de este crucial episodio y la labor toda de OSINERGMIN es que la fiscalización es demasiado importante para dejársela a un solo fiscalizador. Más bien, debe ser multiinstitucionalmente abordada, de manera coordinada y constante, con los recursos humanos y técnicos necesarios, en el marco del proceso de descentralización. De conseguirse esto, una empresa como la DRP no volverá a burlar la ley el 2012.
Raúl Chacón Pagán
LA TÉCNICA DEL “PELOTEO” ACABA DE SER APLICADA A LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
SE DESVISTIÓ A OSINERGMIN PARA VESTIR A LA NOVÍSIMA OEFA DEPENDIENTE DEL MINAM
EL MINAM TIENE UN IRRISORIO PRESUPUESTO Y ESTO ASEGURA UNA PEOR FISCALIZACIÓN
PASARÁ EL TIEMPO Y EL MINAM SERÁ VICTIMADO EN EL ARA DE SACRIFICIO ROTATIVA DEL APRA
LA PCM ACABA DE TOMAR DE REHÉN A INDEPA, LIMITANDO AL MÁXIMO SU YA MÍNIMA CAPACIDAD DE ACCIÓN, AHORA LA ESTÁN TRANSFORMANDO EN UNA PORTÁTIL GENUFLEXA AL PODER, ES LA 5° VEZ QUE METAMORFOSEAN EL ORGANISMO QUE SUPUESTAMENTE DEBE VER TODO LO DE LOS PUEBLOS MINORITARIOS
INDEPA POR CONAPA
INDEPA EN REEMPLAZO DE LA CONAPA. Cuando sólo faltaban veinte minutos para culminar el Plazo de Ley, el ejecutivo observó la Ley que crearía el Instituto …www.cimarrones-peru.org/indepa.htm –
Ver también «Decretan incorporación de Indepa a la PCM» en este mismo blog
bertoldoybertoldino@gmail.com
En gran parte de acuerdo con Luis Eduardo.
MI modesto articulo incluido arriba fue un intento para explicarme a mi mismo y a quienes me leyeran cuales son los limites y desafios de la fiscalizacion ambiental, que ha ido de mas a menos con cada cambio institucional, aunque en apariencia era para mejorar las cosas. Eso mismo sucede en particular con La Oroya, cada vez menos fiscalizada como la ley manda, por una serie de vacios, intereses y deficiencias institucionales publicas. Y si el mismo EStado se ocupa poco y mal de La Oroya, y de los temas ambientales en general, dificilmente se le puede pedir a quienes tienen menos informacion al respecto, o sea a los ciudadanos que se involucren debidamente en el problema. En ese sentido, para contrarrestar ese estado de cosas, sigue por ese camino, amigo!!
Raul Chacon