Escribe Carmen Rosa Sandoval / Sociedad Peruana de Derecho Ambiental

A dos meses del vencimiento del plazo para el financiamiento y reinicio de operaciones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, la empresa que tiene la concesión, Doe Run Perú, pretende distraer nuevamente nuestra atención, variando la agenda desarrollada durante meses con el Estado, al presentar cuatro pedidos más. Esta nueva movida era previsible: desde hace años la empresa viene ejerciendo presión para obtener más y más privilegios indebidos. 30 meses extra fueron otorgados a favor de esta empresa en la última prórroga para sus inversiones ambientales. Esto les permitió ganar tiempo enfrascando a todos en negociaciones que, en buena parte, son fruto del cansancio y la deficiente actuación del Estado en el caso.

Por ello, Doe Run no ha dudado en hacer uso de un espacio de negociación donde antes obtuvo buenos resultados, con los mismos representantes gubernamentales que en anteriores oportunidades cedieron a sus exigencias y avalaron priorizar las necesidades de esta empresa en desmedro de la población de La Oroya. La falta de atención que el Estado ha evidenciado en esa zona del país puede remontarse a la época de las operaciones de la empresa pública Centromín, durante la cual no hizo lo necesario para detener el proceso de contaminación. A estos daños hay que sumar las actuales presiones por el ejercicio de derechos laborales y la atención de salud de la población, esta última deteriorada gravemente por desarrollarse en un ambiente altamente degradado.

No obstante la inviabilidad de los pedidos de Doe Run, es oportuno analizarlos, pues se trata de un momento crítico: podemos estar entrando al último capítulo de esta historia, el desenlace. Si no actuamos pronto, Estado y sociedad civil tendremos que resignarnos a tan sólo documentar las pérdidas. Urge el balance.

El primer pedido de Doe Run consiste en la modificación de los términos del contrato de privatización (mediante el cual obtuvo el manejo del Complejo Metalúrgico de La Oroya). El objetivo sería -según fuente oficial- obtener una suerte de blindaje jurídico frente a las denuncias que se le podrían iniciar por los daños ocasionados. Este blindaje le permitiría a la empresa evadir sus responsabilidades. Además, DRP ha manifestado su preferencia por un juzgamiento en sede nacional antes que uno ante tribunal internacional, trasluciendo su expectativa por un trato preferente dentro del país. Que sus intenciones sean puestas en evidencia por el Estado sería la única parte novedosa del pedido, pues, ya en declaraciones del 12 de mayo pasado, el Ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, afirmó que su sector se encontraba aún a la espera de la “propuesta modificatoria” del contrato de privatización por parte de DRP, y que con ella se estarían implementando nuevas modificaciones a la norma que reglamentó en octubre del 2009. Es decir, se venía negociando nuevas adecuaciones legales a solicitud de la empresa, en lugar de exigir el cumplimiento de las vigentes. Negociaciones peligrosas que continúan dándose, ya que Doe Run ha evidenciado su intención de acordar un blindaje jurídico, que no es otra cosa que una ventaja indebida e ilícita, pues no hay forma que el Estado (ni ninguno de nosotros) pueda pactar en contra de la ley, mucho menos escoger las instancias en las cuales, de ser procesados, seríamos juzgados. Este pedido es absurdo e indignante, pero debemos verlo con mirada cuestionadota: ¿por qué pediría una empresa algo que no se le puede conceder? ¿Acaso, para poder retirarse de las negociaciones aludiendo desatención a sus necesidades? ¿Es posible tanto descaro? La realidad nos responde con un sí.

El segundo pedido, fraccionamiento de la deuda tributaria, es contradictorio. Por un lado, la empresa alude antiguos y continuos problemas financieros; por otro, pide un fraccionamiento tributario, que como se sabe requiere del ofrecimiento de una garantía que respalde el pago total de la deuda ante un incumplimiento. Si la empresa actualmente no cuenta siquiera con financiamiento para inicio de operaciones, ¿cómo obtendría respaldo para un fraccionamiento ante SUNAT? ¿Acaso está previendo que, una vez más, no se le apliquen todas las normas al respecto?

El tercer pedido, quizá el más revelador, consiste en que no se le aplique la normativa relacionada con los estándares de calidad ambiental hasta que concluya el proyecto del circuito de Cobre y su respectiva planta de Ácido Sulfúrico. Recordemos que para los circuitos de Zinc y de Plomo se construyeron dos plantas de Ácido Sulfúrico correspondientemente, las cuales fueron objeto de fiscalización por parte de OSINERGMIN, organismo que abrió diversos procesos por los incumplimientos hallados y estableció sanciones. Por ello decimos que su pedido es revelador, puesto que la empresa ha venido sosteniendo, en sus publirreportajes, la versión que sus actividades ya no dañaban el ambiente ni la salud de las personas, afirmando sostenidamente que: “todo ha mejorado en La Oroya”. Entonces, ¿por qué ahora pide algo que supuestamente no necesita?

Parece que ni una ley hecha a la medida, como la que le concedió la inconstitucional prórroga de 30 meses, le basta. Ya no se trata de sólo de ganar tiempo, sino de obtener impunidad para actuar al margen de la ley, y al hacerlo pretende que el Estado participe conculcando los derechos fundamentales de las personas en La Oroya, y acceda a que se siga introduciendo sustancias altamente contaminantes en el aire, agua y suelos de los que dependen las vida de miles de personas en esta ciudad que sufren la cruel disyuntiva de tener trabajo o tener salud.

Finalmente, el cuarto pedido, la condonación del pago de las multas impuestas por OSINERGMIN, constituye prueba de la irresponsabilidad social con la que se conduce esta empresa. Las condiciones bajo las cuales interviene, procesa y sanciona este organismo autónomo del Estado son preestablecidas, es decir, son conocidas y aceptadas con anterioridad por las partes. Las multas se aplican frente al incumplimiento reiterado de obligaciones, y las sumas impuestas son destinadas a hacer lo que la empresa deja de hacer: remediar el daño ambiental y mitigar los impactos de éste. Este pedido, además, pone al descubierto la falsedad de la versión privada y pública, respecto a que el único proyecto con fallas y atrasos era el correspondiente al circuito de cobre y la planta de ácido sulfúrico del mismo (versión con la que se concedió la prórroga en el 2009), pues buena parte de las multas son por fiscalizaciones de los proyectos supuestamente concluidos.

En buena cuenta, Doe Run, al demandar estos privilegios, le está pidiendo al Estado que deje de serlo, que actúe con un aliado parcializado, vulnere los principios del estado de derecho, afectando los derechos e intereses de la sociedad en su conjunto y perjudicando directamente a una población muy golpeada en cuestiones tan básicas como su calidad de vida, salud y dignidad humana. Doe Run ha tenido el descaro de formular sus exigencias ante un alto funcionario de gobierno, quien ha cedido, permitiendo incluirlas en un diálogo inaceptable en lugar de mantener una agenda dentro de los márgenes de la ley. Al final, el propio Ministerio de Energía y Minas, con cierta ingenuidad y reflejo tardío, ha manifestado su desaprobación. Pero las opiniones ya no bastan, tampoco basta que los sectores involucrados deslinden competencias. La atención a este problema debe ser integral e interinstitucional y sin más dilaciones.

La sociedad en general, cuya intervención es gravitante, no puede ser mera espectadora, pues lo que pasa en La Oroya, le pasa al país. Los cambios en la relación Estado-empresa privada van sentando precedentes que, en este particular caso, vienen siendo negativos para el ejercicio de nuestros derechos a la salud, al cuidado del ambiente y al cumplimiento de las reglas de manera clara y certera.

Es momento de definiciones, de sentar y mantener una posición firme frente a esta prolongada desatención legal y moral en La Oroya, dejando en claro que las inversiones son bienvenidas, pero con respeto a nuestros derechos, sin ventajas indebidas y con visión de desarrollo integral y sostenible para nuestros pueblos y su gente.

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Foto Diego Pérez / SPDA