Son las cuatro de la tarde. Pablo Fabián, un carpintero de 58 años, regresa de su jornada de trabajo. Saluda con una sonrisa. Se sienta en un banco frente a su casa situada en lo más alto de la montaña. Desde allí, observa el movimiento de la ciudad y la torre del Complejo Metalúrgico de La Oroya.

“Ahora no echa mucho humo”. Baja la cabeza respira y vuelve a mirar la chimenea.

Como él, son más de 30.000 habitantes de esta ciudad, ubicada a unos 170 km de Lima, que viven a los pies de esta fundidora de metales pesados, el Complejo Metalúrgico de La Oroya.

Pablo espera ansioso los últimos resultados de un análisis de sangre. “No sé en cuánto estará ahora el dosaje [toma de muestra de sangre para medir la concentración de plomo]. La primera vez que me hice un análisis, en el 2006, tenía 35 microgramos de plomo en la sangre. En el 2010, 5.68 microgramos. Espero que esta vez sea menos”, cuenta Pablo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)  “no existe un nivel de concentración de plomo en la sangre que pueda considerarse exento de riesgo (…) incluso para las concentraciones que no superan los 5 microgramos, hasta hace poco (nivel) considerado seguro”.

El dosaje que se hizo Pablo forma parte de las acciones de implementación de las medidas cautelares dictadas el 31 de agosto 2007 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta aún debe definir la responsabilidad del Estado peruano por la situación de salud de las víctimas del caso.

 65 HABITANTES DEMANDAN AL ESTADO

“Después de haber estado diez años fuera de La Oroya, regresé en la década del 2000 y decidí empezar a luchar por la ciudad. Antes no me preocupaba”, reconoce Pablo, y continúa: “¿Por qué mis hermanos van a tener que respirar plomo? Debe haber una remediación ambiental”.

Los primeros análisis efectuados por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), en 1999, revelaron altas concentraciones de plomo en la sangre de los niños de La Oroya.

“En la época solo sabíamos que había contaminación, pero no teníamos conocimiento de hasta qué punto”, relata Pablo. “Mis tres hijos, de los cuales dos ya viven en Lima, siguen teniendo problemas en la garganta por la contaminación”, explica.

En el 2002, él y otros 64 habitantes de La Oroya decidieron demandar al Estado peruano por la violación de sus derechos humanos ya que consideran que no hizo lo necesario para asumir su responsabilidad “por no haber supervisado adecuadamente las operaciones del Complejo y en consecuencia  haber afectado la vida y la salud de los habitantes de La Oroya”.

En 2006 el Tribunal Constitucional peruano determinó que el Estado debía tomar una serie de medidas para proteger a los afectados.

El mismo año, el Arzobispado de La Oroya y la Universidad St Louis de Missouri (EE.UU.) efectuaron otros análisis. Los resultados fueron similares a los anteriores: altas concentraciones de plomo en la sangre.

En noviembre del 2005, los 65 habitantes, representados por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Earthjustice y el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), solicitaron medidas de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la “falta de control de la contaminación en La Oroya y las omisiones en la prestación de atención médica a los afectados”, explica AIDA.

Finalmente, el 31 de agosto 2007, esas 65 personas se convirtieron en beneficiarias de las medidas cautelares dictadas por la CIDH. Esto significó desde entonces que debían recibir un tratamiento médico especializado.

“Las organizaciones que representamos a los beneficiarios venimos demandado al Estado para que se cumplan con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión. En los ocho años que han pasado han habido avances, pero aún hay un largo camino por recorrer para que las medidas cautelares se implementen adecuadamente”, explica María José Veramendi, abogada de AIDA, una de las organizaciones que representa a los beneficiarios de las medidas cautelares ante la CIDH.

DOSAJES “PERDIDOS”

Para el seguimiento médico, los beneficiarios que tienen Seguro Integral de Salud (SIS), se atienden en el Centro de Salud, que tiene una unidad especializada en metales pesados. Los beneficiarios afiliados al Seguro Social de salud del Perú (Essalud), se atienden en el Hospital de La Oroya, donde no existe una unidad especializada.

“En el último año y medio la atención en el centro de salud de La Oroya ha mejorado, ya que existe, en la unidad llamada Estrategia de Metales Pesados, un personal comprometido con la salud de los beneficiarios. Pero estas personas responden a una jerarquía. Esta última cambia constantemente y muchas veces no sabe qué son las medidas y con qué o cómo cumplirlas”, explica Veramendi.

Algunos de los beneficiarios lamentan que puedan pasar semanas antes de obtener una cita en el hospital. “Eso no debería ocurrir ya que con la medida cautelar tendrían que recibir atención inmediata también en el hospital”, añade.

Otro problema de atención a los beneficiarios es que el cargo de director del hospital ha cambiado muchas veces. “Eso implica que estas personas nuevas deben tener el conocimiento de lo que implican las medidas cautelares. Es empezar desde cero lo que se había podido lograr con la dirección anterior”, añade la abogada.

El pasado mayo el Centro de Salud realizó un dosaje a los beneficiarios. Las muestras fueron enviadas al Instituto Nacional de Salud en Lima, donde se procesaron los resultados. Pese a que a fines del mismo mes los resultados ya estaban listos, estos se quedaron en Lima durante casi más de tres meses. Recién se tuvo conocimiento que a finales del mes de agosto los resultados habían sido enviados a la Dirección Regional de Salud de Junín, pero aún no llegan a La Oroya.

“Es frustrante para los beneficiarios no tener la respuesta después de tener que pasar por todo el proceso que implica el dosaje.  Es necesario tener una mejor coordinación entre el nivel local, regional y nacional”, afirma María José Veramendi.

¿Y LOS DEMÁS HABITANTES?

En La Oroya no son solamente 65 las personas que resultan afectadas por la contaminación. Los 30.000 habitantes de la ciudad fueron y siguen expuestos al plomo.

Desde el 2011, los laboratoristas del centro de salud de La Oroya han sido certificados por el Instituto Nacional de Salud para la toma de muestras y la evaluación de concentración de plomo en la sangre. Este servicio gratuito está disponible para todos los habitantes de la ciudad, quienes previamente deben pasar por una evaluación médica.

“Desde entonces hemos podido atender a unas 1.300 personas. Cada una tiene un caso diferente según la exposición y concentración de plomo en la sangre”, explica Betty Oscanoa, responsable de la estrategia sanitaria de metales pesados del centro de salud. “Al inicio nadie venía. Ahora las mamás vienen con sus niños a hacerse los análisis. Creo que ya estamos logrando algo”, cuenta.

¿RESPONSABILIDAD DEL ESTADO?

Mientras tanto, los beneficiarios de la medida cautelar y las organizaciones que los representan no pierden la esperanza de que la responsabilidad del Estado peruano sea reconocida por la CIDH.

“Esperamos que finalmente la CIDH emita un informe de fondo este año y que determine la responsabilidad del Estado peruano por los daños a la salud de las víctimas del caso”, confía la abogada María José Veramendi.

La casa de Pablo Fabián tiene dos pisos. Para acceder al segundo hay que subir por una pequeña escalera.

“De aquí se ve mejor”, dice abriendo una ventanita de una habitación del segundo piso. El complejo metalúrgico domina la ciudad. Las décadas de humo de plomo, arsénico o zinc han dejado sus huellas en el paisaje.

Pablo sigue esperando ansioso por conocer sus resultados, pero también por conocer la decisión de la CIDH. “Desde el 2006 cruzamos los dedos”, cuenta en medio del gris que pinta las laderas de las montañas que rodean La Oroya.

Texto y fotos: Audrey Cordova.