Foto: Agencia Andina

Escriben: Carol Mora y Sharon Zabarburu / Programa de Política y Gestión Ambiental de la SPDA

Si bien el Perú cuenta con una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el 2002, nuestra brecha en la producción de información pública y difusión de la misma aún no es amplia. Como país, aún no somos totalmente conscientes de lo valioso que es contar con información pública cierta, actualizada y disponible para los ciudadanos a fin de incrementar la confianza de la población en el Estado y las empresas, y mejorar los procesos de toma de decisiones.

En este contexto, corresponde resaltar la iniciativa del actual gobierno de constituir un Grupo de Trabajo encargado de elaborar, hasta el 21 de octubre de 2016, la propuesta normativa para la creación de una Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Es necesario resaltar además que en el pedido de delegación de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo al Congreso de la República se ha priorizado la necesidad de crear esta Autoridad, siendo uno de sus objetivos garantizar, a nivel institucional, el derecho al acceso a la información.

Durante la pasada legislatura también se presentaron dos proyectos legislativos que tenían aquel objetivo. En su momento, la Defensoría del Pueblo respaldó esas iniciativas, destacando que “de las 8 880 quejas recibidas en un período de doce años por la Defensoría del Pueblo, en el 97% se alegó la vulneración del derecho de acceso a la información pública y en el 3% el incumplimiento de la obligación de publicar información en los portales de las entidades públicas”.

Estas iniciativas destacan más aún en una fecha como hoy, 15 de septiembre, cuando se conmemora el “Día Internacional de la Democracia”, cuyo tema asignado para este año es “Democracia y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, el cual busca lograr el desarrollo sostenible en los países, a través de la generación de sociedades inclusivas, la promoción del acceso a la justicia y la construcción de autoridades eficientes que sean transparentes y rindan cuentas.

TRANSPARENCIA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

En aras de seguir promoviendo la transparencia en esa línea, hace unos días, la Comisión Multisectorial Permanente, liderado por el Ministerio de Energía y Minas, presentó la “Sistematización del proceso de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en el Perú”.

EITI es una alianza estratégica que a nivel global reúne a gobiernos, empresas extractivas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros grupos de interés, a fin de emplear criterios de transparencia en los pagos que hacen las empresas mineras, petroleras y gasíferas a los gobiernos y en los ingresos que los gobiernos reciben de estas empresas, de modo que estos recursos sean usados para fomentar el desarrollo.

En este espacio, se dieron los siguientes alcances sobre la implementación de EITI en el Perú:

El Perú fue considerado “país cumplidor” de acuerdo al estándar EITI internacional, desde febrero de 2012, el cual se basa en que la riqueza proveniente de los recursos naturales, como los minerales e hidrocarburos, deben beneficiar a toda la población, para lo cual resulta esencial fomentar la transparencia. El Perú fue el primer país en el continente americano en obtener este reconocimiento.

Se cuenta con una Comisión Multisectorial Permanente, integrado por representantes del Estado, empresas y sociedad civil, quienes se encargan de elaborar e implementar los planes de acción para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos EITI.

A la fecha, se han elaborado cinco Estudios de Conciliación Nacional (ECN), los cuales han contribuido a transparentar la información fiscal de las empresas extractivas, exhibiéndose los pagos realizados al Estado y la distribución de dichos ingresos a las zonas en las que se encuentran los recursos naturales extraídos.

Se ha logrado implementar EITI Perú a nivel nacional, elaborándose tres Estudios de Transparencia Regional en Cajamarca, Moquegua y Piura, en las dos últimas regiones se cuenta con Comisiones Regionales EITI.

Consideramos que, a estos avances, se debe sumar el incrementar la participación de las empresas así como ampliar la participación a nivel descentralizado.

Desde los representantes de la sociedad civil que también integran la Comisión Multisectorial Permanente, se demandó que estos mecanismos de transparencia se apliquen también a temas ambientales y sociales, así como mejorar el detalle de la información puesta a disposición.

Todos estos esfuerzos se vinculan directamente con el actual proceso de negociación del instrumento regional que regulará la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y que regulará el contenido y ejercicio de los derechos de acceso en materia ambiental en los países de América Latina y El Caribe.