El siguiente un adelanto de la revista Regiones Sostenibles, publicación de la SPDA que en su nueva entrega analizará la polémica y los retos detrás de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)

La agenda ambiental en el primer trimestre del 2012 ha estado marcada por conflictos vinculados con la minería: principalmente el proyecto minero Conga, de la empresa Yanacocha, y el conflicto socioambiental alrededor de la minería aluvial en Madre de Dios y en otras partes del país. Existen abismales diferencias entre ambos casos, en tanto por un lado tenemos una actividad formal que representará significativas contribuciones al Tesoro Público; y por otro lado tenemos una actividad informal y hasta ilegal que no paga impuestos, cuyos trabajadores muchas veces trabajan en condiciones inhumanas y denigrantes comprobadas por todos, incluyendo la OIT. Se trata de al menos 30 mil personas sólo en Madre de Dios y otros tantos miles en otras regiones. Son, sin embargo, dos caras de una misma moneda: actividades extractivas no renovables cuestionadas por sus impactos en el medio ambiente, y en las cuales hay una gran expectativa de intervención coordinada de diversos ministerios.

La minería de oro en Madre de Dios tiene sin duda raíces complejas de carácter económico (el valor del oro en el mercado internacional) social, ambiental y territorial (pavimentación de la carretera interoceánica, por ejemplo) todas ellas potenciadas por la precariedad del Estado y de sus instituciones, en una región afectada también por procesos de deforestación. Ha nacido así una economía local perversa digitada por grupos de poder que han aprendido a burlarse del sistema con alto costo para nuestro patrimonio natural, situación que además trae consigo una serie de delicados problemas sociales y ambientales. Esta minería caótica ha sido capaz de involucrar –pese a su ilegalidad– a cajas de ahorro y empresas formales que participan en el negocio con préstamos, maquinarias e infraestructura permitiendo su crecimiento y continuidad. Las medidas de interdicción aprobadas por el Gobierno deben acompañarse de estrategias de inteligencia, tanto policial como financiera, para desbaratar la cadena de financiamiento y comercialización de la actividad y dar con los peces gordos de la misma.

Junto a los decretos legislativos dictados para intentar ordenar esta violenta incursión en el corazón de la biodiversidad peruana, lo que ya es una expresión política y legal de la reacción del Estado, es necesario además que el Gobierno apruebe a la brevedad posible los instrumentos de formalización para la zona del corredor minero, para aclarar el procedimiento de otorgamiento de derechos superpuestos con derechos anteriores de agricultores, reforestadores o de comunidades indígenas. Asimismo se deben implementar estrategias de desarrollo integrales para el corredor minero, al mismo tiempo que se erradica la actividad de la Reserva Nacional Tambopata, su zona de amortiguamiento, y demás zonas excluidas para la minería.

Por otro lado, en Cajamarca el proyecto Conga ha generado un debate muy importante porque tiene que ver con las condiciones sobre las cuales el gobierno ha de promover la inversión minera en el Perú. Se trata de un proyecto minero de gran envergadura pues se estima una inversión de 4 mil millones y medio de dólares, que se encuentra suspendido debido al rechazo de importantes sectores de la población que sienten amenazados sus derechos de agua. Es verdad que la destrucción de cuatro lagunas resulta para muchos especialistas y la opinión pública un acto injustificable, no obstante, a nivel nacional, la opinión pública se encuentra dividida. Una reciente encuesta de DATUM muestra que 41% de los encuestados estaban a favor de Conga frente a un 40% que se manifestó en contra.

La controversia por Conga ha colocado en el centro de la opinión pública la problemática de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). A pesar de tener un EIA aprobado en octubre de 2010, existen serios cuestionamientos al proyecto por diferentes activistas e incluso por la anterior gestión del MINAM, la cual a través de un documento extraoficial identificó una serie de limitaciones del EIA. Frente a los diversos cuestionamientos, el Gobierno ha encargado un peritaje internacional para revisar los aspectos hidrológicos del EIA aprobado, a lo cual se suman la opinión de peritos contratados por el Gobierno Regional de Cajamarca para revisar el EIA. En principio, la decisión final del Gobierno se sustentará en lo que arrojen los informes técnicos, en particular, el peritaje internacional y en un balance político de las consecuencias positivas y negativas que vendrán si se aprueba o desaprueba esta inversión.

Estamos pues frente a una coyuntura en la que los temas vinculados a la institucionalidad ambiental en el Perú están en el centro de la opinión pública. Además de los casos mencionados, hay intensos debates respecto a la implementación de la consulta previa, la decisión de ratificar o no el Acuerdo Energético con Brasil, la posible ampliación del PAMA de Doe Run, entre otros. Ante este desborde de conflictividad socioambiental, es imprescindible fortalecer la institucionalidad y sobre todo, los instrumentos de evaluación y fiscalización ambiental. Por lo expuesto y en aras de contribuir al debate en torno a la institucionalidad ambiental en el Perú, este número de Regiones Sostenibles ofrece un análisis con sus propuestas para mejorar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, un instrumento central en el aparato institucional y de gestión ambiental del país.

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Foto: Thomas Mueller / SPDA