Foto: Pro & Contra
El pasado martes 2 de abril, autoridades confirmaron la muerte de Paul McAuley, un sacerdote británico que realizaba labores de apoyo en favor de los pueblos indígenas y del ambiente en Loreto. A través de la Red Ambiental Loretana, del cual fue presidente, y de la Organización de Estudiantes de la Amazonía Peruana, McAuley demostró siempre su interés por el desarrollo social de la mencionada región donde llegó hace 19 años.
McAuley, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de la Comunidad Estudiantil Intercultural La Salle, nació en Portsmouth (Inglaterra), el 29 de octubre de 1947. Fue filósofo y matemático con maestría en teología. Llegó a Perú en 1995 y desde entonces emprendió una labor social que es recordada sobre todo en Zapallal, Puente Piedra, donde fundó el colegio Fe y Alegría N° 43. Después trabajó en Moyobamba (San Martín) y en San José de Amazonas.
Si bien la muerte de McAuley aún está investigación, este suceso trae nuevamente a la mesa la situación de los defensores ambientales en nuestro país y Latinoamérica, considerada la región más peligrosa para estas personas que luchan por hacer respetar el derecho a vivir en un ambiente sano y dejar un mejor planeta para las nuevas generaciones.
Entre estos defensores se encuentran líderes indígenas y campesinos, organizaciones que trabajan en defensa del ambiente, profesionales que dedican su vida a promover derechos ligados al ambiente e incluso periodistas que trabajan en estos temas.
Debido a su dedicación, los defensores sufren acoso, hostigamiento, amenazas de muerte (también a sus familias), calumnias, criminalización y hasta asesinato. Las defensoras ambientales incluso sufren acoso sexual y hasta violación.
Las actividades relacionadas con ataques a los defensores ambientales son la agroindustria, minería, extracción de petróleo, caza ilegal, explotación forestal, construcción de represas, uso del agua, pesca ilegal, entre otras.
Según un informe de Global Witness del 2014, Perú es el cuarto país más peligroso a nivel mundial para ser un defensor ambiental. Esta realidad se da porque en nuestro país se desarrollan casi todas las actividades económicas señaladas anteriormente y, además, por la falta de planificación de uso de recursos y ordenamiento territorial. A eso se suma la corrupción, la impunidad, la falta de presencia estatal en zonas alejadas, entre otros problemas que esperan urgente solución.
A Demetrio Pacheco, defensor ambiental de Madre de Dios, los invasores de su concesión le dejaron una bala en la mesa de su casa, como amenaza de muerte, y a su hijo le pusieron una escopeta en el pecho. Foto: SPDA
¿Están protegidos?
Existen mecanismos de protección para estos líderes como la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos (1998), son principalmente los Estados los responsables de garantizar su integridad a través de su propia legislación que permita cumplir con los compromisos asumidos como país frente a las Naciones Unidas.
Si bien desde 1998 existe una declaración de defensores de derechos humanos, a nivel regional no existía un reconocimiento para defensores ambientales, pero ello ha cambiado con el Acuerdo de Escazú, el cual establece derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. El Perú ha firmado este acuerdo y solo falta ratificarlo a través del Congreso de la República.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia tiene pendiente la publicación del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos. Pedro Grandez, director general de Derechos Humanos, confirmó a Mongabay Latam que uno de los primeros compromisos del protocolo será la activación de un procedimiento de alerta temprana que estará a cargo de un equipo de coordinación de la Dirección General de Derechos Humanos.
Sobre el tema de protección, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN – Holanda) diseñaron un Fondo de Emergencia para Defensores Ambientales que busca fortalecer las capacidades de prevención, defensa legal y autoprotección de defensores ambientales que viven en una alarmante situación de peligro.
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En su fase piloto, se han financiado cinco propuestas con fondos de UICN Holanda y que brindará seguridad a particulares que viven en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata e integran el Comité de la Gestión de esta área natural protegida.
Luisa Ríos, coordinadora regional de la SPDA en Madre de Dios –una de las regiones donde los defensores ambientales han sufrido amenazas de muerte e incluso asesinatos– explica que el Estado Peruano ha generado un cambio crucial al incluir a los defensores y defensoras de derechos humanos como grupo de especial protección en nuestro Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado en el 2018. Esto permitirá que el Perú implemente acciones concretas para la protección de los defensores entre otras medidas transversales que deben ocurrir en todos sectores y niveles de gobierno, como la capacitación a funcionarios en el enfoque de protección y promoción de derechos humanos, entre otros.
Asimismo, señaló que en los últimos años ha sido la minería la principal generadora de conflictos socioambientales en nuestro país. Sin embargo, actualmente los monocultivos en Amazonía son otro problema grave, por lo cual el Estado debe priorizar la identificación y erradicación de las actividades que generan los conflictos.
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