Escribe Alan Díaz Carrión / Consultorio Jurídico Ambiental MDD – SPDA

Desde antes del inicio del paro minero contra de los decretos emitidos por el Gobierno para erradicar la minería ilegal, en Madre de Dios se vive un clima de desinformación alrededor del verdadero alcance de estas normas. A esto debemos sumar las exigencias de los dirigentes mineros, quienes a través de documentos piden, por un lado, la derogación de los mencionados decretos y, simultáneamente, aportan modificaciones a las mencionadas normas.

Vayamos por partes: en febrero del 2012 el Gobierno empezó la promulgación de decretos legislativos que establecen la regulación de la interdicción de la minería ilegal en el país, así como las disposiciones complementarias para el ordenamiento de esta actividad. Todo esto, en mérito a la Ley de 29815 (a través de la cual delegan al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de minería ilegal).

Además, se promulgaron decretos que establecen medidas para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental como mecanismo de lucha contra la minería ilegal y el decreto legislativo que incorpora al Código Penal los delitos de minería ilegal. Asimismo, se establecieron las medidas de fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos a fin de evitar que sean utilizados por la minería ilegal.

Es importante señalar que el Estado debe utilizar los mecanismos necesarios para facilitar la información a los pequeños mineros, y así estos trabajen bajo el marco legal de la legislación vigente, respetando y cuidando el medio ambiente, de lo contrario se incrementará el caos en la región.

La desinformación e interpretación distorsionada de los Decretos Legislativos han hecho creer a cierta parte de la población que las medidas son abiertamente “discriminatorias, abusivas arbitrarias e inconstitucionales”, lo cual ha confundido y generado esta marcha que pide la inmediata derogación de las normas, sin antes enterarse bien del real contenido de las mismas.

Lo preocupante de esto es que la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) se sumó al paro. Esto confirma que la desinformación también llegó a la población indígena que ahora pretende que “se dé una ley de Régimen Especial sobre actividades mineras en territorios comunales”.

Considero que en este contexto se hace muy necesario encontrar los mecanismos pertinentes para ayudar a la población a entender los alcances reales de estos Decretos. Asimismo, invito e invoco a los ciudadanos a informarse de la manera más objetiva y clara posible sobre los cambios y/o modificaciones que traen las nuevas leyes. Con información podremos afrontar el caos ya creado por la actividad minera ilegal en esta región y evitaremos más conflictos que sólo retrasan el desarrollo del país, en especial la región Madre de Dios.

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Foto: Generación Verde