En su reporte correspondiente al mes de julio, la Defensoría del Pueblo registró 177 conflictos sociales (115 activos y 62 latentes), de los cuales los casos socioambientales son los más numerosos (73,4%) y, de estos, el sector minero es el predominante (64,6%).
Las regiones que presentan mayor conflictividad son Áncash (26 conflictos), seguida de Apurímac (19 casos), Cusco y Puno (15 casos cada una). En dicho mes, además, se registraron 200 acciones colectivas de protesta, de las cuales el 43,0% corresponde a conflictos sociales.
Asimismo, se registraron once heridos en los casos wampis-mineros ilegales (siete civiles) y docentes de SUTE regionales (tres civiles y un policía).
Según informa la Defensoría, respecto al mes anterior, se incorporaron tres nuevos conflictos, dos fueron resueltos, nueve pasaron a estado latente y un caso fue retirado.
Los nuevos casos
Entre los conflictos nuevos figuran el reportado en Amazonas, donde las comunidades Wampis exigen el retiro de los mineros ilegales de su territorio; y en Áncash, donde existe oposición a la construcción de minicentrales hidroeléctricas. Además, también figura la huelga médica nacional.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades “a canalizar sus demandas y posiciones por la vía del diálogo”.
También alertó a las autoridades para que actúen en la atención de los tres casos nuevos, así como en veinte situaciones que pueden derivar en nuevos conflictos si no son atendidas oportunamente.
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