Keiko Fujimori en la firma de compromisos con mineros informales. Foto: Radio Exitosa

Escribe Guillermo Reaño / Director del Grupo Viajeros

El anuncio de Keiko Fujimori, candidata triunfadora en la primera vuelta electoral, de tirar por la borda lo avanzado estos dos últimos gobiernos en materia de formalización minera, detonó más explosivos que los imaginados entre los altos funcionarios del Ministerio de Ambiente (Minam), además de generar la repulsa unánime de casi todo el cotarro conservacionista peruano.

“Cuatrocientos mil mineros se inscribieron en el proceso de formalización”, manifestó la lideresa de Fuerza Popular el viernes último en risueña compañía de los máximos dirigentes de la Central de Mineros del Perú (Cenami). “Ellos querían contribuir con el Estado, porque lo que más anhelan es ser formales”, continuó para rematar con una mención que dejó patidifusos hasta a los defensores de sus propuestas. “Son muy pocos los que lograron formalizarse, los que no pudieron hacerlo son perseguidos y a veces ni siquiera pueden comprar las herramientas más importante para su trabajo, la dinamita”, aseguró.

La dinamita

Quisimos saber la causa del enojo de los defensores del ambiente y sus recursos que de inmediato salieron al frente de la decisión de la candidata Fujimori de firmar el pomposo “Compromiso con la Propuesta para una Nueva Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal de acuerdo a los Estándares Ambientales Internacionales”, medida que entre otras perlas anuncia la derogatoria de los cuestionados -por los gremios mineros al unísono- Decretos Legislativos 1100 y 1105, además de la creación de un organismo público encargado de la formalización minera y la entrega de créditos blandos “con apoyo de la cooperación internacional” a los mineros pequeños y artesanales, categorías que se sabe hasta el hartazgo ocultan muchas veces el verdadero accionar ilegal de quienes la practican.

Llamadas telefónicas de por medio, mails de ida y de vuelta, intensa revisión bibliográfica y una exhaustiva lectura de los comentarios vertidos en redes por los protagonistas, nos permitió hallar un poco de luces entre tantas tinieblas.

Vamos por partes

En el Perú de acuerdo a la legislación que se quiere tirar al trasto, se considera Pequeña Minería y Minería Artesanal a aquella actividad extractiva que se lleva a cabo dentro de la formalidad; vale decir, a la minería que se practica en zonas previamente establecidas, que tiene en regla los permisos emitidos por la instancia correspondiente y, sobre todo, que opera después de haberse aprobado los Estudios de Impacto Ambiental presentados. En ambos casos, tanto pequeños productores como mineros artesanales están prohibidos de utilizar en ríos, lagos, lagunas, espejos de aguas, humedales y aguajales, de acuerdo a los decretos que tanto la lideresa de Fuerza Popular como el tristemente célebre congresista Amado Romero (“Comeoro”) pretenden derogar, dragas y artefactos similares que como se ha comprobado hasta la saciedad destruyen los ecosistemas y ponen en peligro la vida de todos.

Entiéndase por artefactos similares a balsas gringo, balas castillo, tracas, carrancheras, chutes, quimbaletes, molinos, pozas de cianuración, cargadores frontales, retroexcavadoras, volquetes, compresoras y perforadoras neumáticas, camiones cisterna que proveen combustible o agua y otros equipos que sin perjuicio de su potencia, tamaño, volumen o capacidad de carga estén destinados al mismo fin.

En otras palabras, lo que pretende la candidata del fujimorismo con el acuerdo que acaba de firmar es disolver, vaya palabrita, dinamitar lo avanzado desde el Estado en su intento aplaudido por tirios y troyanos de frenar a una minería, informal e ilegal, responsable de la destrucción de extensos territorios de la Amazonía peruana. «El país no puede permitir dragas, trancas y maquinarias en los ríos de la Amazonía y que se deroguen los decretos legislativos 1100 y 1105 porque se permitiría el ingreso de este tipo de maquinaria, que va a provocar que el nivel de destrucción actual pase a ser incontrolable», fue lo primero que declaró el ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal al enterarse del compromiso de Keiko Fujimori con los dirigentes de la ahora famosa Cenami. Al día siguiente el ministro fue todavía más enfático al calificar la medida de “absolutamente irresponsable”.

Lo mismo comentó César Ipenza, experto en temas mineros y al momento de escribir estas líneas, miembro del equipo de medioambiente de Peruanos por el Kambio (PPK), la agrupación política que lidera Pedro Pablo Kuczynski, el mismo que hace pocas semanas anunció el desmantelamiento del novísimo ministerio del Ambiente. Para Ipenza el pacto firmado por la señora Fujimori, exoneración de impuestos para pequeños mineros y mineros artesanales incluidos, generará “más ilegalidad y más tiempo para seguir destruyendo el patrimonio de todos los peruanos”, los que al final tendrán que pagar, como siempre, los costos sociales, ambientales y económicos de la continuación de una actividad que hace tiempo debió formalizarse.

O combatirse, si es que se comprueba su proceder ilegal. Eso es lo que a resumidas cuentas declaró a este portal el biólogo Ernesto Ráez, experto en temas amazónicos y asesor del Ministerio del Ambiente durante la gestión de Pulgar-Vidal, cuando fue consultado sobre la instalación de un puesto de vigilancia de la marina en el sector de La Pampa, en Madre de Dios, el territorio símbolo del desmadre minero en la selva sur peruana. Para Ráez es evidente que en la base de la pirámide de la minería ilegal conviven peruanos pobres que fueron instalándose en campamentos y localidades al calor del boom minero de los últimos años, con gente rica, aupada en la cúspide de la pirámide, que muchas veces actúa en colusión con el narcotráfico, la trata de menores, la corrupción institucionalizada y todos las pandemias que se han venido denunciando: “A ellos, los responsables de la magnitud desenfrenada de la actual actividad, que de ninguna manera son campesinos pobres, hay que reprimirlos”.

Sin embargo, los decretos que se pretenden derogar son los que regulan precisamente los procedimientos para la interdicción de la minería ilegal a nivel nacional, léase destrucción de dragas y rancherías en las zonas de exclusión minera, y establecen las medidas necesarias para el fortalecimiento de la fiscalización ambiental, así como la mejora del control en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos, maquinarias y equipos utilizados por la minería ilegal. Como lo mencionara el propio Pulgar-Vidal, para favorecer el accionar de una minería de socavón, dinamitera por excelencia, se estaría abriendo las puertas para la destrucción total de la Amazonía peruana.

El anfo

¿Por qué tanta ojeriza contra la formalización minera impulsada por este gobierno y los decretos que se dieron para tal fin? Para la candidata de Fuerza Popular, el proceso de formalización llevado a cabo por el binomio Humala – Pulgar-Vidal, que en su momento tuvo como alfil al cuestionado Daniel Urresti, ha sido un sonoro fracaso. Para la señora Fujimori, de los 400 mil personas que intentaron formalizarse solo siete pudieron hacerlo en el primer año de emitidas las normas y 200 al siguiente. “Eso es lo que ocurre cuando se hacen normas desde un escritorio, cuando los funcionarios no caminan y no conversan con los verdaderos actores sociales, económicos, políticos”, lo dijo en el local de su partido en La Molina, el día del anuncio del controvertido compromiso. Opinión parecida dejó entrever en su momento, recordemos, el economista Hernando de Soto, garante de una neonata alianza entre el afamado Instituto Libertad y Democracia (ILD) y las federaciones mineras de todo el Perú.

Para el congresista Amado Romero, expresidente de la poderosa Federación Minera de Madre de Dios (FEDEMIN) y autor del Proyecto Ley 5139/2015-CR, “Ley de fortalecimiento del proceso de formalización minera”, que justamente se discute en estos días en el pleno del Congreso de la República, no solo se deben derogar los decretos legislativos 1100 y 1105 que ha mencionado Keiko Fujimori, sino también la Ley 29910 que establece nuevos plazos para la presentación de compromisos para la formalización minera y diez decretos supremos promulgados desde el 2012. Es decir, borrón y cuenta nueva y a empezar un proceso que le entregue todas las competencias al Instituto Geológfico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), con el evidente propósito de dejar fuera de juego al Ministerio del Ambiente y sus oficinas de fiscalización, OEFA incluida.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en cambio, ha advertido que no se puede descontinuar un proceso que aunque lleno de limitaciones constituye una política de Estado que ha sido puesta en marcha durante dos gobiernos. Según datos de la ONG conservacionista, en lo que va del proceso se han presentado más de 73 mil solicitudes de formalización, de las cuales 40,289 ya fueron ingresadas al Registro de Saneamiento, es decir, ya cuentan con RUC y por tanto tributan. En un comunicado hecho público semanas atrás, la SPDA concluye que de aprobarse políticas como las propuestas por el congresista minero Romero “se estaría premiando a aquellos que no se acogieron al proceso de formalización dentro de los plazos legales y decidieron seguir actuando al margen de la legalidad, contaminando bosques y áreas protegidas, sin pagar impuestos, y afectando la salud de las personas”.

Pero, ¿qué es lo que dicen los peruanos que viven en las regiones mineras sobre la manoseada formalización minera? Estuvimos el mes pasado en Madre de Dios y en casi todos los espacios por donde nos movimos, la gente rechazaba de plano la formalización implementada por el gobierno de Ollanta Humala. Se sienten, como dice Keiko Fujimori, mecidos por un gobierno que les prometió el oro y el moro (literal) y que al final solo se ha dedicado a criminalizar una actividad que da sustento a casi toda la población departamental. “Nos han reprimido por las puras”, nos comentó Sabina Valdez, presidenta de la Asociación de Mineros Artesanales del Río Manuani. “En lugar de protegernos de los mineros ilegales, nos metieron en un mismo saco para que la policía nos bombardeara sin misericordia”.

En una reunión en un desolado pub del centro de Puerto Maldonado, tuvimos tiempo también para escuchar a los técnicos de las pocas ONG que subsisten a duras penas en una ciudad que ha perdido los bríos de antaño. “Cuando entró en vigor lo de las cuotas de gasolina para los ciudadanos de a pie –nos dijo uno de ellos–, las colas en los grifos para abastecer a mototaxistas y gente que necesitaba gasolina para movilizarse en sus motos ocupaban varias cuadras, como en la época del primer gobierno de Alan”. “Imposible tener el respaldo de la población con medidas tan impopulares como esa”, agrega otro de los consultados. Pero lo peor para todos ha sido el aumento de la corrupción que ha tomado por asalto todos los espacios de la vida en común. “La policía les avisa a los mineros ilegales cuándo van a realizar un operativo, nos contaron, y al toque estos cambian dragas y maquinaria en buen servicio por fierros viejos y cilindros vacíos que se convierten en buenos objetivos para los bombardeos que habrán de llenar las primeras planas con buenas noticias”. Para la foto, como se dice en criollo.

Se debió incentivar la creación de asociaciones de extractores artesanales como un primer paso a la formalización, agrega uno de los entrevistados. “Pero lo que hizo fue interdictar, bombardear las pertenencias de las pocas asociaciones que se habían sumado al esfuerzo, al final se replegaron. Se dio un mensaje nefasto. Mejor ilegales que morir”.

El coctel molotov

Para todos, a pesar de los errores cometidos y las piedras en el camino puestas por las autoridades locales que debieron estar en primera línea para aplicar las medidas dispuestas por los decretos legislativos y decretos supremos emitidos por los poderes Legislativo y Ejecutivo desde la época del recordado ministro Brack, el proceso de formalización minera no debe volver a fojas cero. De ninguna manera.

“Se debe consensuar una estrategia integral –nos lo dijo por teléfono Pavel Cartagena, consultor en temas ambientales y responsable del Grupo Viajeros en Madre de Dios–, que subsane los errores del proceso de formalización en curso y ponga las bases para que se discuta y promulgue una nueva ley para la minería aluvial”.

No se está procediendo de esa manera. A contrapelo de lo anotado en el Plan de Gobierno de Fuerza Popular, que reconocía que “casi la totalidad de la pequeña minería se encuentra actualmente en la situación de informal o ilegal”, la candidata Fujimori ha firmado un pacto con un sector de la minería que en el 2011 aportó una bolsa con tres millones de soles y mucho oro a la campaña del por entonces candidato Ollanta Humala. Y a tenor de lo manifestado por el dirigente minero Víctor Chanduví, que aparece orondo y feliz al lado de lideresa de Fuerza Popular durante la lectura del compromiso que comentamos, siguió “donando” grandes cantidades de dinero a preclaros representantes del gobierno actual a cambio de beneficios corporativos.

En todo caso le soltamos las siguientes preguntas a doña Keiko y sus colaboradores:

¿Qué fue de la promesa hecha en el mencionado plan de gobierno de “organizar un equipo multidisciplinario, con el fin de identificar y ubicar las operaciones mineras pequeñas, para que con dicha información se planteen soluciones diferenciadas en cada caso”? Y que en dicho equipo, además, se incluyan “necesariamente a las Direcciones Regionales de Minería, como a las Municipalidades correspondientes, de manera que el proceso sea legitimado y de esta forma también se legitimen las operaciones de apoyo o de control posteriores”.

¿Qué fue, candidata Fujimori, de la creación de una comisión multisectorial que en un plazo de noventa días esté en condiciones de emitir una nueva normativa en materia de minería informal, otra de las declaraciones de principio que se leen en el Plan de Gobierno de Fuerza Popular?

¿Qué pasó entre ese compromiso de la primera vuelta y la coyuntura actual? ¿Cuál es el apuro en aprobar una estrategia con los gremios directamente involucrados en el «desmadre minero» justamente cuando se viene diciendo que en un posible gobierno de Fuerza Popular se consultará con todos los sectores las decisiones de importancia nacional?

Claro, son cuatrocientos mil mineros, cuatrocientos mil votos que sumados a los de sus familiares y a los votos de los que viven y medran de una actividad tan cuestionada, constituyen un capital decisivo para ganar una elección.

Dinamita, anfo y coctel molotov a discreción con tal de ungirse la banda presidencial. Como dijo alguna vez Haya de la Torre, el camino de Palacio se compra o se conquista con fusiles. Pero a la conciencia del pueblo se llega de otra manera. ¿Se estaría refiriendo el preclaro líder aprista al oro ilegal que alborota a políticos y lobistas de overol y dragas como cancha?