Hoy se reunirá la Junta de Acreedores de la empresa minera Doe Run Perú con el fin de decidir el futuro del Complejo Metalúrgico de La Oroya (Junín), paralizado desde hace dos años. Sin contar a los trabajadores, hay unos cien acreedores, de los cuales 60 tienen derecho a voto, indicó el vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doe Run Perú, José Mogrovejo.

Según Doe Run, la deuda reconocida por Indecopi –que monitorea el proceso concursal– asciende a 442’562.634 de dólares. El Estado Peruano tiene el 36% de esta acreencia; mientras que Doe Run Cayman, empresa afiliada a Doe Run Perú, cuenta con el 35%.

Si bien una opción de la junta es liquidar la empresa, los acreedores mineros ya habrían decidido reestructurarla. De esta manera, el antiguo Complejo Metalúrgico de La Oroya no desaparecería.

En declaraciones a El Comercio, José Miguel Morales, quien representa a Compañía de Minas Buenaventura, señaló que la junta solo decidiría la elección de su presidente y vicepresidente, mientras que en la siguiente reunión se determinarán las acciones para intentar reflotar la compañía y escoger a su administrador.

Doe Run pretende mantener la conducción de la empresa, para ello cuenta con el respaldo de los trabajadores, quienes apoyan a la empresa porque consideran que tiene la capacidad para iniciar las operaciones del complejo en el corto plazo.

Cormin-Trafigura, consorcio minero, propuso un plan alternativo que es apoyado por los proveedores de insumos de Doe Run. Sin embargo, el Estado decidirá finalmente qué pasará con La Oroya, por ser el principal acreedor.

Cabe recordar que Indecopi reconoció el monto que la minera dejó de invertir en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental como una acreencia más de Doe Run Perú, permitiendo así que el Estado tuviese un mayor poder de decisión.

El PAMA es el programa que una empresa debe cumplir para reducir su impacto ambiental, en este caso, en La Oroya.

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Foto: Diego Pérez / Archivo SPDA