José Luis Capella (SPDA): “En lugar de perseguir a un talador busquemos a las mafias dedicadas a la deforestación, tráfico de tierras y madera”

Imagen: captura de video.

En declaraciones brindadas al programa Justicia Ambiental en Acción, José Luis Capella, abogado y director del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA, abordó la manera en que viene funcionando la justicia forestal en el Perú, destacando la relación entre la tipificación penal de los delitos y la disminución efectiva de la tala ilegal o la deforestación, además de la presión administrativa y penal que hay contra las personas que trabajan legalmente actividades forestales.

“El problema principal entre la tipificación penal y los resultados, que deberían ser una disminución de la tala ilegal o la deforestación, está en que los tipos penales en materia forestal son tipos penales en blanco, que deberían ser nutridos por información de instancias del Poder Ejecutivo (Serfor, Osinfor, Gobiernos Regionales) y que no necesariamente se está logrando correctamente para que lo que llegue al Ministerio Público (fiscalías) y finalmente al Poder Judicial sean casos complejos que ataquen a los actores y causas de la deforestación y tala ilegal, y no solo lo que está en la superficie del problema. Por ejemplo, en lugar de estar persiguiendo a un talador, uno por uno, a una persona que está deforestando o haciendo fuego, hay que buscar mafias, delitos complejos o las causas que encuentren una relación con el delito de tala ilegal en su complejidad”, indicó Capella en el programa que conduce el abogado Mariano Castro Sánchez Moreno.

Referido a cómo se ejerce presión a actores que buscan trabajar desde la legalidad el sector forestal, indicó el especialista de la SPDA: “Mucha gente que ha entrado en la legalidad se ve presionada por una carga administrativa y penal, en lugar de quienes cometen los delitos en total impunidad. Por ejemplo, un concesionario que está tratando de sacar bien la madera, un producto castañero o un reforestador que están intentando cumplir con lo que el Estado le exige dentro de su título habilitante. Es a ellos a quienes les cae el control de la legalidad y al costado pueden tener a un minero ilegal o un traficante de tierras que están destrozando el bosque. A ellos no les pasa nada. Ese problema de fondo hace que tanto la justicia como el derecho administrativo que regula los recursos forestales sean vistos con desánimo por parte de la población, porque ve que ataca a lo formal y en muchos casos deja seguir las actividades ilícitas».

Finalmente, consultado por cómo mejorar esta situación, el Director del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA sostuvo: “Necesitamos una actitud conjunta que se está viendo cada vez más entre el Ministerio Público, Poder Judicial y otros actores del sistema de justicia con el Ejecutivo. Cada vez más Serfor, Osinfor o Sunat Aduanas están llevando estos temas a mesas de trabajo conjuntas donde están tratando de solucionar estos vacíos, para que las acciones que tomen sean conjuntas y que lleguen a resultados concretos como evitar deforestación, tala ilegal y, sobre todo, encontrar los delitos más complejos y las causas reales de porqué se cometen”.

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