En entrevista con Actualidad Ambiental, Iván Ormachea, presidente de Prodiálogo, organización civil que trabaja en temas de prevención y resolución de conflictos, señaló que pese a que el conflicto por el proyecto minero Tía María estaba ‘cantado’ el Gobierno no supo prevenirlo y dio prioridad a la inversión y a las autorizaciones administrativas.

Asimismo, condenó la violencia y manifestó que el Gobierno debe tomar una decisión clara. “El país no se merece estar en esta sensación de ‘secuestro’ por parte de la violencia, de las decisiones administrativas y por un proyecto minero”, apuntó.

El Gobierno ha declarado en “Estado de emergencia” en los distritos de Islay por 60 días con el fin de reducir el nivel de violencia y establecer el diálogo con los manifestantes. ¿Se puede hacer en 60 días lo que no se hizo en casi cinco años?

Definitivamente no. Yo dudo mucho que de acá a unos cuantos días tengamos un contexto distinto. El caso Tía María tiene muchos aspectos relacionados al caso Conga, sobre todo en cómo el Estado ha planteado la situación. Una de las diferencias en el manejo de la crisis es que al menos la empresa Yanacocha suspendió el proyecto minero, lo que no se ha dado con la Southern, lo cual me parece riesgoso. Me sorprende que el Estado dependa prácticamente de la empresa para administrar este conflicto.

Parece ser que para el Gobierno no hay nada más importante, en este tema, que el de respetar una decisión administrativa, como es la aprobación de un estudio de impacto ambiental, y no se pone en la balanza la gobernabilidad del país, la seguridad de las personas, la vida, la integridad, todo ello es muchísimo más valioso que cualquier autorización o trámite relacionado a una empresa extractiva.

Si ya se tuvo la experiencia de Conga o Espinar, ¿por qué cree usted que el Gobierno espera a que el conflicto escale para recién implementar, por ejemplo, una Mesa de Diálogo?

Yo creo que eso habría que preguntarle al Gobierno. A mí lo que me sorprende es que entre Tía María y Conga existen muchos patrones similares y son pocas las lecciones aprendidas. Una de las lecciones que debió aprenderse es que calmado el conflicto –porque nunca se resolvió el tema de Tía María el 2011, sino solo se aplazó–, el Gobierno debió monitorear bien este proyecto, este escenario, a las distintas organizaciones, en el buen sentido, y propiciar encuentros entre Estado, empresa, comunidades, para conversar sobre los temas pendientes. Era claro que la comunidad o un grupo de la comunidad que tenía una gran capacidad de movilización se iba a mostrar en contra. Entonces, ¿por qué no se previno, por qué no se planificó algún tipo de acción para transparentar la información, conversar de la mano con todos los involucrados sobre las observaciones que hizo en su momento la UNOPS.

[Ver además: 10 puntos que debes revisar para entender el conflicto por el proyecto Tía María]

¿Cómo recuperaría el Gobierno la confianza que ha perdido en Islay?

Yo hasta ahora me pregunto si existe en el mundo algún valle que tenga similitud con el valle del río Tambo que coexista con un gran yacimiento minero. Y si existe sería una buena experiencia para que representaciones de los tres lados vayan a esa zona y verifiquen con sus propios ojos. Las personas ahora ya no están dispuestas a creer palabras, y eso ya es hasta muy peruano. Hay mucha desconfianza. En Latinoamérica figuramos entre los dos países más desconfiados.

Creo además que al insistir en una discusión técnica en el espacio de diálogo se salta una etapa importante, y esa etapa tiene que ver con el plano de las emociones, percepciones y en el plano de la comunicación. En otras palabras, en la dimensión humana. Los agricultores que de buena fe se oponen a este proyecto minero necesitan expresar su punto de vista, sentirse escuchados.

Si no tenemos eso, la violencia seguirá insertándose con mucha facilidad porque no hay un espacio donde toda esa frustración, furia, miedo, rabia, etc, pueda ventilarse. Hay que trabajar en ello, en ese proceso de reconciliación. La Southern se equivoca totalmente en dar 60 días, pensando que en ese tiempo se agotará la posibilidad de trabajar los temas técnicamente y que tendrán la venia de la población. Yo creo que no se necesita ser demasiado brillante para llegar a la conclusión de que este conflicto minero no estará resuelto en 60 días, ni quizás en 60 meses.

“Yo creo que en el Perú, en el tema de la protesta social, hace falta trabajar en la ‘no violencia’. Muchos me dirán que ‘¿en qué país estás?’, pero les diría que piensen en los grandes referentes como Ghandi o Luther King, quienes sin una sola bala lograron hacer revoluciones dentro de una comunidad y sus países. En el Perú no hay una estrategia de no violencia.” Iván Ormachea 

 

Pese a algunas experiencias, podríamos decir entonces que el Estado todavía no aprende a gestionar los conflictos. Sin embargo, siendo más optimistas, ¿podemos decir también que ha habido ciertas mejoras?

Yo creo que una de las lecciones aprendidas de Conga es que el Gobierno ha aprendido que necesita un equipo especializado y por eso se creó la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) en el 2012. Creo que hay un gran aporte porque hay un marco conceptual, tiene su sistema de monitoreo, personal interesante, y con ello el Gobierno ha entendido que necesita una estrategia, un conjunto de herramientas para prevenir y manejar los conflictos. Sin embargo, el tema de Tía María demuestra que el sistema necesita afinarse porque este conflicto era cantado, venía de los mismos talleres que exige la aprobación del estudio de impacto ambiental.

Algunos critican a la ONDS porque en cierta forma hace lo que ya hacía la Defensoría del Pueblo, por ejemplo en el tema de monitoreo de conflictos…

Es importante que existan instituciones, dentro del Gobierno nacional y todas sus instancias, que vean el tema de conflictos. Obviamente, habría que calibrar el nivel de inversión que se requieren para no registrar una duplicidad de esfuerzos. Lo importante es articularlos. Ahora, no debemos olvidar que la función defensorial es muy distinta a la que tienen otros sectores del Estado. La Defensoría tiene un rol más ligado a la cautela de los derechos, las comunidades o de las minorías. Además, supervisa las funciones estatales, por lo tanto me parece pertinente que existan sistemas diferenciados.

Cada oficina ve los conflictos desde su perspectiva y con su respectivo sesgo. El reto es hacer que estas oficinas, que analizan conflictos, tengan una base mínimamente objetiva para entender realmente la verdadera dimensión de los mismos.

[Ver además: Tía María: 6 razones de por qué la minera Southern ha generado desconfianza en Arequipa]

¿Cancelar definitivamente el proyecto sería una forma de gestionar de manera adecuada un conflicto social?

Para ello tendría que tener al menos una argumentación legal y creo que hasta ahora no la tiene, y parece que no la quiere encontrar. El Gobierno no toma esa decisión porque podría tener terribles consecuencias políticas y económicas para el país puesto que asume que la inversión se va a espantar. A mí eso no me convence en absoluto puesto que Conga no espantó la inversión en el sector minero. El año pasado y el anteaño pasado, la inversión se mantuvo. Yo creo que las empresas saben muy bien en qué momento les conviene o no invertir.

El Estado debería poner en la balanza los costos que está implicando mantener una rigidez al creer absolutamente que no hay salidas legales al tema de haber aprobado este estudio de impacto ambiental, que por cierto no tuvo mucha transparencia. Creo que el Estado debería ya tomar una decisión por más que le genere una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que es lo más probable. El país no se merece estar en esta sensación de ‘secuestro’ por parte de la violencia, de las decisiones administrativas y por un proyecto minero.

En cada conflicto social se ven dos actores. Por un lado están los manifestantes que se oponen a un proyecto y por el otro está la empresa unida al Estado. ¿Por qué el Estado siempre es visto como el enemigo y no, por ejemplo, como un mediador?

Es difícil que el Estado sea mediador porque tiene un mandato. Cada sector tienen sus obligaciones y en el caso del Ministerio de Energía y Minas (MEM) hay un claro mandato de promover la inversión en el tema de minería, energía y petróleo.

Se critica mucho la actuación del Estado por su ausencia, por la complacencia quizás ante algunas malas prácticas de algunas empresas mineras. El Estado además tiene el rol de regulador, y si bien hace una labor muy activa en lo que es promoción de las inversiones, no pone en la misma balanza el tema de la regulación. Recordemos que el año pasado se emitió un paquete de normas donde se redujeron estándares ambientales, con lo cual la institucionalidad ambiental surgió un grave percance. Entonces, en lugar de fomentar instituciones más sólidas, reguladoras, que promuevan buenas prácticas, se optó más bien por reducir sus funciones. Eso queda en el consciente colectivo y aumenta la brecha de la desconfianza entre la población y el Gobierno nacional.

¿La democracia es un campo ideal para la generación de conflictos sociales?

Durante los diez años del Gobierno de Fujimori, sobre todo los últimos cinco, se contuvieron mucho las demandas sociales. A partir de 1995 y 1996, con la reelección de Fujimori, hubo toda una coptación de los diferentes estamentos del Estado y la oportunidad de tener garantías democráticas se redujo drásticamente. Entonces, salir a protestar era difícil, se corría mucho peligro. Ya con la llegada de la democracia, en el 2001, recién se tuvo el aire y espacio suficiente una vez más para que estos movimientos sociales se reagrupen y organicen, y es ahí donde toda esta serie de frustraciones sobre temas pendientes empiecen a aflorar. Y uno de esos temas tiene que ver con la minería.

En la democracia hay mayor oportunidad de salir y protestar, yo no estoy en contra de la protesta, pero me parece que debemos siempre apostar por la protesta no violenta. A mí me preocupa el caso de Tía María porque la violencia se ha enquistado tanto que parece natural. Yo no he leído hasta ahora ningún comunicado de los movimientos políticos involucrados condenando o deslindando con la violencia. Podrían haber infiltrados, sí, pero la protesta social se deslegitima si se da el espacio o se les avala.

Deberían revisar libros, películas, manuales sobre organizaciones no violentas. No solo los enfrentamientos llama la atención de los medios de comunicación. En la lucha contra la dictadura hubo varias acciones de protesta no violentas, como el conocido caso del lavado de banderas. El tema está en que este tipo de protesta exige un nivel de compromiso tan alto que implica no responder a acciones violentas. Implica muchísima renuncia.