Casos recientes donde se ha intentado privatizar áreas como el parque Manhattan en Comas o la Plaza de Armas en Huancayo, o restringir su uso por parte de los ciudadanos, como el parque Castilla en Lince, han visibilizado un problema que ha enfrentado a ciudadanos y autoridades municipales: la protección de los espacios públicos. Para entender un poco más del problema y de los proyectos de ley que buscan proteger y gestionar los espacios públicos, presentados por dos congresistas, Actualidad Ambiental conversó con Isabel Calle, Directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

¿Cómo podemos definir a los espacios públicos?

Cuando hablamos de espacios públicos estamos hablando de parques, zonas verdes, lomas, canchas de fútbol, etc. Cualquier espacio que brinde este tipo de servicios ecosistémicos, interacción entre la propia población, captación de monóxido de carbono y que brinde un poco más de aire fresco en la ciudad.

¿Qué aportan los espacios públicos?

Tenemos que reconocer la importancia de los espacios públicos en ciudades como Lima y cada vez más en ciudades en todo el Perú que están albergando a mucha población, donde el crecimiento inmobiliario ha generado una reducción de espacios públicos. Necesitamos áreas que alberguen a la población, pero también necesitamos que esa población tenga ciertos espacios donde pueda interactuar con los ecosistemas. Los espacios públicos son lugares de preservación de ecosistemas, de servicios ecosistémicos, que generan una interacción entre la población misma. No podemos simplemente seguir construyendo sin olvidar que necesitamos este tipo de espacios.

<Presentan proyectos de ley para proteger y gestionar los espacios públicos>

Existen muchas normas municipales que regulan el tema de áreas verdes y espacios públicos en la ciudad, ¿por qué es necesaria una ley de espacios públicos?

Si vemos la normatividad vamos a encontrar una ley que regula el tema de áreas verdes y en el caso de la Municipalidad de Lima tenemos la ordenanza 1852, pero la demanda que existe es por una ley específica que regule el tema de espacios públicos porque en los últimos años nos estamos dando cuenta de que es un tema no regulado que está trayendo una serie de demandas de parte de la población. Los casos del parque Manhattan en Comas, el parque Castilla en Lince y la Plaza de Armas en Huancayo evidencian que existe un problema. Hay una demanda ciudadana para no afectar esos espacios públicos y no hay claridad de parte de las autoridades municipales sobre qué hacer. Definitivamente es un tema que no está resuelto y la población está demandando una solución, una participación activa de parte de las municipalidades y no hay claridad en el marco legislativo. Por lo tanto, es importante tener una ley que regule el tema de espacios públicos.

Uno de los problemas con la gestión municipal es la continuidad de las políticas de una autoridad a otra

Los cambios de autoridades, en el caso de municipalidades y regiones, generan que muchas veces todo lo que se ha avanzado en la gestión anterior se deje de lado y puede generar retrasos y no seguir avanzando en temas de ciudades sostenibles y espacios públicos. Tenemos que ser conscientes de la necesidad de generar políticas públicas que vayan más allá del gobierno de una autoridad en específico. Para eso necesitamos crear sensibilización en la población y crear conciencia de la importancia de estos temas para que la propia población los demande y en las próximas elecciones regionales o municipalidades, así como a la población le interesa la seguridad, también le interese el tema de conservación de espacios públicos y lo demande.

Una ley de espacios públicos aborda temas que van más allá de proteger áreas verdes: está vinculado a fomentar la ciudadanía y asociar estos conceptos al de “ciudades sostenibles”, enfocadas en temas relacionados al cambio climático, ¿cómo vincular esta ley de espacios públicos a estas demandas de la ciudad en el presente y futuro?

A nivel internacional tenemos un marco institucional normativo más claro en términos de que el cambio climático es una prioridad. Creo que el hecho de tener un convenio internacional, el Acuerdo de París, que establece obligaciones a todos los países, marca la pauta. No solamente estamos hablando del Gobierno nacional sino también de los Gobiernos municipales. A nivel de América Latina hay muchas ciudades que tienen planes específicos sobre temas de cambio climático. México, por ejemplo, es una ciudad que ya tiene su segundo plan en gestión, donde identifica una serie de acciones en temas de mitigación y adaptación al cambio climático. A nivel de ciudades sostenibles tenemos una discusión internacional en el espacio de Hábitat, donde se ha identificado una serie de prioridades.

Se trata de espacios internacionales que han avanzado bastante y el tema de espacios públicos se inserta en esto porque aportan a una ciudad sostenible, que va a ser una ciudad que gestione bien sus residuos sólidos, que maneje sus aguas residuales, que priorice a la persona por encima del auto, que priorice un transporte público y todo a su vez tiene redundancia porque va a aportar al tema de cambio climático. Eso va a ahondar en ciudades sostenibles o ahondar en tener un mejor espacio para las personas. Hay una correlación. Creo que tenemos un marco internacional bastante fuerte que puede ayudar a implementar normas en el país.

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