• Durante una entrevista en Canal N, la Directora Ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) opinó sobre el anuncio de Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros, respecto al cierre de cuatro minas ubicadas en territorio ayacuchano.

 

Hace unos días, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunció que el Gobierno acompañará el cierre programado de las minas Pallancata, Inmaculada, Apumayo, Breapampa, ubicadas en cabecera de cuenca, en Ayacucho, y donde se han generado conflictos sociales por el agua.

Estas declaraciones generaron una serie de reacciones adversas desde los grupos que representan a las mineras en mención, así como de la Confiep y otras organizaciones vinculadas al sector minero y de otros rubros empresariales de diversos rubros.

En una reciente entrevista realizada para Canal N, la directora ejecutiva de la SPDA, Isabel Calle, explicó ciertos puntos a tomar en cuenta sobre las declaraciones de la ministra Mirtha Vásquez.

Para la especialista, lo manifestado por la Premier no fue acertado, pues existe un marco normativo que determina cuál es el camino a seguir en este tipo de casos y que puede iniciar un proceso de fiscalización de considerarlo necesario.

“Existe la posibilidad que, si se encuentra indicios de contaminación, OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) puede parar la actividad hasta que se investiguen los hechos. Es cierto que hay preocupación por proteger los derechos de la población, pero no podemos desconocer todo lo que hemos avanzado. En ningún momento una causal de caducidad de una concesión minera está vinculado a lo que la Premier ha manifestado”, precisó Calle.

Respecto a las fechas de cierre minero, la directora de la SPDA manifestó que estas fueron creadas con el fin que las empresas cumplan con sus obligaciones luego de cerrar las minas, situación que no ocurría en los setenta, lo que desencadenó una serie de pasivos ambientales. Con esta herramienta, el operador minero ya tiene un plan de cierre progresivo, es decir, que puede iniciar con la finalización de trabajos en ciertas zonas, pero garantizando el cumplimiento normativo ambiental.

No obstante, pese a existir una fecha de cierre, también hay que tomar en cuenta la productividad de la zona. Es decir, si una empresa con un plazo de 50 años de explotación descubre que puede aprovechar el mineral 25 años más, puede seguir haciéndolo siempre que cumpla con los mecanismos administrativos. Si el Estado está amparado por una causal del marco normativo para negar la ampliación, no habría inconveniente. No obstante, esto no significa que otro concesionario pida trabajar en la zona.

Isabel Calle también se destacó que las labores de fiscalización de OEFA pueden contar con la participación de las comunidades debido a la existencia del recurso de monitoreo participativo, una herramienta que permite mayor transparencia al momento de determinar si hay contaminación o no y cuánto se estaría afectando un ecosistema.

“Acá lo importante es que el OEFA determine si se genera o no contaminación y establezca las medidas y hasta paralizar la obra. Y como la comunidad está preocupada, esta puede participar en el proceso de monitoreo, de tal manera que pueda evaluar el impacto y con ello solicitar un cambio. Desde el Ministerio del Ambiente (Minam) se va a pedir que la comunidad sí participe”, comentó Calle.

Para la experta de la SPDA, lo importante es comprobar cualquier percepción de contaminación, pues no se puede sancionar a una empresa si no se comprueba que genera daños o incumple con la normativa, por lo que es importante que OEFA lidere la evaluación ambiental que determine si las mineras son las únicas que podrían estar contaminando el ecosistema.

La directora de la SPDA también se refirió al reciente mensaje del presidente Pedro Castillo en el que anuncia un total respeto al marco normativo en el sector minero, lo que apaciguaría las tensiones entre el Ejecutivo y el sector privado. Hasta el momento, no existe ninguna acción legal contra el Estado debido a que la ministra Vásquez solo dio declaraciones.

Para Isabel Calle, este tipo de controversias deberían poner en agenda nueva opciones que logren el desarrollo en comunidades y no solo depender de actividades extractivas. Para ello, el Estado debe generar oportunidades tomando como ejemplo casos exitosos expuestos en la reciente COP26, como procesos de reforestación o siempre y cosecha de agua, por poner dos ejemplos.

“El Perú que necesitamos”

Como parte de las actividades por su 35 aniversario, la SPDA ha organizado una serie de conversatorios virtuales que serán de acceso gratuito. El Perú que necesitamos: Propuestas para una agenda de desarrollo sostenible se realizará del 23 al 26 de noviembre y presentará propuestas como la ratificación del Acuerdo de Escazú y la descarbonización del planeta.

“Cumplimos 35 años y tenemos una agenda que consideramos que el Congreso y el Poder Ejecutivo debería priorizar. Uno está vinculado a la ratificación del Acuerdo de Escazú que es un pendiente del Congreso anterior, también cómo logramos la descarbonización que se ha discutido en la COP26. En el Perú se ha incluido al Diesel en el fondo de subsidio, lo que dice que estamos en la otra línea de las necesidades que debemos cumplir para llegar a las metas climáticas”, precisó Calle.

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Otra propuesta planteada por la SPDA tiene que ver con la meritocracia y que permita contar con funcionarios idóneos a cargos en instituciones como SERNANP o SERFOR, sin importar los cambios de gobiernos, donde suelen haber cambios en puestos de liderazgo sin tener un sustento técnico, lo que entorpece las metas y objetivos trazados.