La Corte Superior de Justicia de Loreto organizó en Iquitos, con apoyo de Oxfam Internacional y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el taller de capacitación “Monocultivos y afectación a los bosques”, con el fin de mostrar de qué manera los monocultivos agroindustriales que se realizan en un contexto poco claro y con vacíos normativos pueden representar una amenaza para la Amazonía peruana. 

Los retos de administrar justicia en la actualidad

Manuel Guillermo Felipe, presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, destacó los retos que implica en la actualidad la administración de justicia y la necesidad que existe de realizar un mejor control del ejercicio del poder. “Este evento nos permite tener un mejor panorama de cómo agendar y dar un tratamiento más adecuado a las exigencias del Estado moderno. El reto es aplicar estos conocimientos y experiencias con opciones de interpretación más acordes a la protección del ambiente, que es de orden constitucional. De parte del Poder Judicial, de modo general, y de esta Corte Superior de Justicia, de modo particular, está el compromiso para seguir esclareciendo y discutiendo temas como estos porque nos permiten una mejor performance para la protección del ambiente”, sostuvo.

En la Amazonía peruana se han presentado varios casos donde los monocultivos agroindustriales han afectado a comunidades y resulta necesario que representantes del Poder Judicial de Loreto lo aborden, destacó Martín Vásquez, coordinador regional de la oficina descentralizada de la SPDA en Loreto. “El tema de monocultivos y afectación a los bosques es una necesidad que ha llegado a nuestras oficinas. Hemos escuchado casos y necesidades de comunidades de diferentes zonas. Quiero agradecer al Poder Judicial por la apertura de siempre. Estos espacios son importantes para el fortalecimiento de jueces, fiscales y la sociedad civil”, indicó Vásquez.

Sobre los tipos penales de protección al ambiente

Alto Nervo Atarama, presidente de la Sala Penal Liquidadora de Loreto, realizó la exposición titulada “Delito contra los bosques y formaciones boscosas”. Indicó que hay, de parte de los jueces y fiscales, una mala interpretación de la normatividad que está en el Código Penal, y precisó cómo los tipos penales de protección al ambiente pueden tener interpretaciones distintas en función del cliente: si un campesino tala algunos árboles, puede ir a la cárcel; pero si se talan grandes extensiones para monocultivos, ningún empresario va a la cárcel.

“Los bosques o formaciones boscosas son la esencia de esto que llamamos nuestra selva amazónica y genera los sistemas ecológicos que tienen que ver con la presencia de animales, agua, clima y del hombre. Si cambiamos los bosques y formaciones boscosas por monocultivos le estamos haciendo un daño al medio ambiente”, dijo Alto Nervo. Respecto al rol que cumplen las denuncias penales en la protección del ambiente, Nervo Atarama cuestionó su utilidad. “No sé hasta qué punto el sistema penal protege el medio ambiente”, sostuvo.

Compartió la opinión el representante del Serfor, Víctor Hugo Huamán, quien durante su exposición “Deforestación y cambio de uso, perspectivas para su implementación” señaló: “Hay una tarea pendiente de ajustar el Código Penal. Con la modificatoria que hubo se hizo más abiertos los tipos penales. Antes no todo estaba tipificado como delito, solamente cuando la especie estaba protegida. Ahora, toda extracción (forestal) se convirtió en delito. En la práctica, lo que resulta menos difícil de probar termina siendo materia de los procesos. Los delitos a pequeña escala son más fáciles de probar, las personas tienen menos capacidad de defensa y resultan procesos relativamente fáciles de concluir. Los casos grandes son más complejos, más difíciles de probar, con denunciados mejor asesorados y demoran más. Este cambio, de hacer los tipos penales amplios, no ha sido saludable. Los esfuerzos se han concentrado en casos pequeños y eso genera gran distracción de los casos grandes. Hay una tarea pendiente para hacer un ajuste, para que queden en lo administrativo los casos pequeños y los casos que lo ameriten vayan a la vía penal”.

Haciendo referencia a la presencia de monocultivos y cómo se relacionaba con la capacidad de uso mayor de la tierra en la Amazonía peruana, Víctor Hugo Huamán manifestó: “No todas las tierras tienen la misma capacidad y generalmente en Amazonía las tierras son forestales, donde no debería implementarse actividades agropecuarias porque no tienen esa capacidad, su naturaleza no le permite. Estas capacidades de la tierra deberían guiar la titulación. El cambio de uso se tiene que otorgar en tierras de aptitud agropecuaria. No se puede autorizar el cambio de uso en tierras forestales”.

Ursula Arens, abogada del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la SPDA tuvo a su cargo la exposición “Deforestación, derechos fundamentales y acceso a la tierra”. Indicó que los monocultivos agroindustriales, además de ocasionar la pérdida de cobertura forestal, han “generado un acceso deficiente para la defensa de los derechos fundamentales de poblaciones vulnerables en la Amazonía peruana”.

Monocultivos, conflictos y afectación a pueblos indígenas en Ucayali

Robert Guimaraes, representando a la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau), participó con la exposición “Amenazas de los agronegocios a los pueblos shipibos en Ucayali”. Explicó cómo empresas dedicadas a los monocultivos en Ucayali generan un clima de conflictividad, con amenazas y hostigamiento a líderes locales, en un entorno de corrupción y abuso. “La deforestación o la afectación de derechos al territorio para los pueblos indígenas vincula vulneración de otros derechos como el derecho a vivir en un ambiente sano, a la salud y a la seguridad alimentaria. Tenemos un sistema con niveles de corrupción comprobados en el Gobierno Regional de Ucayali. En ese escenario los más afectados son los pueblos indígenas”, sostuvo.

Sobre la dificultad de acceder a justicia ambiental, Guimaraes mencionó las condiciones en las que trabaja la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali. “Las Femas todavía son muy débiles porque no tienen la capacidad operativa institucional para supervisar o cumplir mejor sus funciones. No tienen deslizadores o camionetas para hacer monitoreo en campo. Eso nos da una referencia de que las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental aún tienen una debilidad institucional operativa y eso es responsabilidad del Estado”, concluyó el representante de Feconau.

DATO

• También participaron en el taller Bernuel Espíritu Portocarrero, del 5º Juzgado de Investigación Preparatoria del Medio Ambiente de Loreto con la exposición “Los informes fundamentados en los delitos ambientales” y William Llactayo León, representante del Ministerio del Ambiente, exponiendo sobre “La importancia de la información geográfica y amenazas por deforestación a nivel nacional”.

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