Foto: Diego Pérez / SPDA.
- Investigación realizada en el marco del Estudio Global Comparativo de REDD+, liderado por el Centro Internacional para la Investigación Forestal (CIFOR) con apoyo de la cooperación noruega, determinaron diversas barreras de orden legal, dificultades financieras y otros inconvenientes en ciertas modalidades para la protección y conservación de recursos naturales.
Recientemente, Javier Montoya, investigador del Centro Internacional de Investigación Agroforestal (ICRAF), junto a Sven Wunder del European Forestry Institute (EFI); y Luca Tacconi de la Universidad Nacional Australiana (ANU), publicaron un artículo en el journal Land Use Policy en el que analizan las iniciativas en el Perú que introdujeron incentivos para la conservación y el manejo sostenible de recursos naturales.
La investigación se realizó en el marco del Estudio Global Comparativo de REDD+, liderado por el Centro Internacional para la Investigación Forestal (CIFOR) y logró analizar mas de 60 casos, encontrando determinados inconvenientes para la aplicación efectiva de este tipo de instrumentos en iniciativas de conservación forestal en el Perú.
Dentro de estos problemas sobresalen las restricciones en el marco normativo (legales) para el uso de fondos públicos y la dependencia de fuentes de financiamiento restringidas y discontinuas. Para lograr estos hallazgos, se analizaron seis estudios de casos locales que se encuentran en fase de operación de las denominadas Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales (CUSAF).
El trabajo incluyó cuatro iniciativas para la conservación de sumideros de carbono y biodiversidad, además de otros puntos vinculados a la provisión de servicios hidrobiológicos. Sin importar si se trataban de iniciativas públicas o privadas, se detectaron barreras de orden legal que condicionaban las modalidades de provisión de incentivos para el desarrollo exclusivo por medio de proyectos productivos de corto plazo, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de sus eventuales impactos.
Otro inconveniente determinado está referido a las dificultades financieras generadas por el limitado desarrollo de los mercados voluntarios de carbono. Ante esta situación, se propone un mensaje estratégico que considere la implementación de CUSAF por medio de proyectos productivos o de mercado de carbono. ¿El motivo?
Esto permitiría que las estrategias sostenibles logren mayor sostenibilidad durante el periodo de contrato y no genere vulnerabilidad en los agricultores registrados por medio de este tipo de mecanismos. El artículo también destaca la efectividad de incentivos si estos se rigen a un diseño que abarca tres dimensiones estratégicas: la condicionalidad, la focalización geográfico espacial y la personalización de estos.
No obstante, al implementarse se prevé el aumento de costos en trabajos de monitoreo y fiscalización. Al analizar el caso de las CUSAF, se resalta la condicionalidad que representa el Proyecto AgroFor, generando mecanismos de registro, otorgamiento y monitoreo, por medio de aplicativos digitales sencillos y plataformas de datos de uso del suelo a cargo de los gobiernos regionales.
Sobre la focalización espacial y la personalización, no solo destaca AgroFor, sino el proyecto PARA. En ambos se desarrollan plataformas de análisis de datos y herramientas de apoyo para la toma de decisiones participativas a nivel de las comunidades, las que permitirán diseñar sistemas de agroforestería y forestería a pequeña escala y que van de la mano del contexto agroecológico y al perfil de los agricultores, así como a la estimación de los costos y la información que favorezca la inversión pública y privada en las zonas de implementación.
SOBRE LAS CUSAF Y AGROFOR
Reconocido por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del Perú (Ley 29763), las Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales (CUSAF) son un tipo de contrato que formaliza las prácticas productivas forestales y agroforestales de los agricultores familiares ubicados en tierras forestales y de protección. Se calcula que en el Perú existen 120 mil familias, que ocupan más de 1 millón de hectáreas de tierras, y que podrían beneficiarse con esta herramienta.
Respecto al acuerdo entre las familias y el Estados, este abarca no solo derechos y accesos a beneficios, sino obligaciones referidas a la conservación de los bosques de forma sostenible (no expandir áreas de cultivos en bosques), al igual que la implementación de sistemas agroforestales y otras buenas prácticas de conservación de suelos y agua en los sistemas productivos, durante un periodo de 40 años.
Sobre el AgroFor – Consorcio para la Promoción de Cesiones en Uso para Sistemas Agroforestales, este tiene como objetivo apoyar al Estado peruano en potenciar las condiciones institucionales, legales, técnicas y financieras de las CUSAF, a fin de que sean un mecanismo más atractivo y eficaz en beneficio de los agricultores familiares y de la conservación de los bosques amazónicos.
El Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI), el Centro Internacional de Investigación Agroforestal (ICRAF) y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) son los tres socios que forman parte de este consorcio, que cuenta con el apoyo de la Iniciativa de Clima y Bosque de la Cooperación Noruega (NICFI).
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