El tráfico de tierras es un problema regularmente vinculado al crimen organizado y al que podemos seguirle la pista en las grandes ciudades del país. En Lima, las invasiones para traficar terrenos se vienen realizando hace muchos años y en distintos puntos de la ciudad: Chosica, Carabayllo, Punta Negra o San Juan de Lurigancho (donde incluso se ha afectado las Lomas de Mangomarca). Sin embargo, el tema no ha sido muy estudiado en regiones amazónicas ni se ha establecido su relación con amenazas a la conservación. El tráfico de tierras, que involucra dimensiones sociales y ambientales, ha sido motivo de estudio de la publicación “Tierra de Nadie: El tráfico de tierras, la migración y las iniciativas de conservación en el nororiente de Perú”, elaborado por Noga Shanee, directora de la ONG Neotropical Primate Conservation (NPC).

El trabajo de campo para la realización de “Tierra de Nadie” se llevó a cabo entre el 2007 y 2016 en las zonas urbanas y rurales de los departamentos de Amazonas y San Martín, utilizando métodos etnográficos y de ecología política, con 38 entrevistas formales a informantes clave y cientos de entrevistas informales a propietarios de tierras rurales, líderes comunitarios y traficantes de tierras. En Actualidad Ambiental revisamos el estudio y rescatamos estos 10 puntos:

1. ¿Qué debemos entender por tráfico de tierras?

El estudio lo define como: “la usurpación, apropiación ilegal y/o el comercio de tierras. Está estrechamente relacionado con la migración rural y puede ser visto como una actividad que organiza y facilita la migración. Aunque la migración rural a las fronteras forestales se describe ampliamente en la literatura académica (…), el tráfico de tierras raras veces ha sido examinado en detalle”.

2. ¿Son Amazonas y San Martín casos representativos de deforestación en la Amazonía peruana?

Amazonas y San Martín son parte del “hotspot de biodiversidad de los andes tropicales”, considerada la zona de mayor biodiversidad del planeta, señala el estudio. Ambas regiones presentan tasas muy altas de deforestación, cuya mayor parte es resultado de la expansión agrícola. San Martín tuvo la tasa promedio más alta de pérdida de bosques en el Perú antes de 2000 y entre 2000-2011. Amazonas tuvo la tercera tasa más alta de pérdida de bosques antes del 2000 y en adelanta en los años 2000-2011.

3. ¿Se presentan casos de tráfico de tierras en otros lugares de la Amazonía peruana?

Como se menciona en el estudio, faltan investigaciones que analicen los casos en otros departamentos. Sin embargo, Alerta Ambiental, la plataforma que hace seguimiento a denuncias ambientales en Madre de Dios, detalla dos casos. Como se mencionará más adelante, legalmente no existe la figura de “tráfico de tierras”, por lo que los casos son denunciados por cambio de uso de suelo o tala ilegal.

En ambos casos, los invadidos son titulares de concesiones para forestación y/o reforestación. La mecánica suele ser la misma: invasión, tala ilegal, deforestación, lotización, apertura de trochas y tráfico de terrenos por invasores que han conformado una asociación de agricultores que luego buscan formalizar ante entidades agrarias locales.

Puede seguir los casos y el desarrollo de las denuncias presentadas en los siguientes enlaces: https://goo.gl/JT5XOY o https://goo.gl/kU8clu

4. El estudio identifica dos tipos de tráfico de tierras: uno ocasionado por campesinos sin tierra

En este caso, un grupo de campesinos sin tierra llega a una zona y con su trabajo la preparan para asentarse en ella. El espacio que ocupan puede ir entre decenas a miles de hectáreas. Luego solicitan servicios básicos a las autoridades locales (agua, puestos de salud, escuelas, carreteras, etc.) y venden una parte del terreno. Esta decisión suele ser tomada por todo el grupo o por los dirigentes. Según el estudio, este caso es el más frecuente en el noreste del Perú, y se precisa que debería denominarse tráfico de tierras solo cuando las tierras colonizadas no son legalmente consideradas apropiadas para la agricultura o cuando la transferencia de tierras se realiza de forma ilegal.

5. El otro tipo de tráfico de tierras es realizado por traficantes

En este caso son traficantes quienes se asientan en la tierra sin la intención de trabajarla o asentarse en ella. Estos traficantes, indica la publicación, suelen presentarse como dueños legítimos y generalmente trabajan con redes de funcionarios, a menudo corruptos. Las tierras son vendidas a personas que se asientan en ellas o las trabajan para revenderlas luego. En cada etapa del proceso el valor de la tierra aumenta.

6. El tráfico de tierras es una amenaza para la conservación

Según señala el estudio, la relación entre los traficantes de tierras y las iniciativas de conservación son complejas. “Muchas de las tierras «libres» que quedan en Amazonas y San Martín están dentro de áreas protegidas privadas y estatales, por lo que muchos casos de asentamiento ilegal y tráfico de tierras afectan directamente a estas iniciativas de conservación. Por otro lado, en sus discursos y acciones, los colonos a menudo citan los temas de conservación como justificación. Ellos proclaman sus derechos solo a las tierras que perciben como adecuadas para el cultivo (por lo general de menor altura, áreas más planas con suelos más ricos), mientras que están felices de tomar el papel de «guardianes de los bosques» en áreas menos fértiles vecinas de sus asentamientos”, se indica.

Además, se menciona que la ausencia de autoridades locales en la zona noreste del Perú y su renuencia a intervenir en casos de tráfico de tierras ponen en peligro a los conservacionistas locales y sus proyectos. Perú fue recientemente reconocido como el cuarto país más peligroso para los conservacionistas, debido principalmente al descuido de los conflictos ambientales (Global Witness, 2014), señala el informe.

7. El tráfico de tierras afecta a la fauna silvestre local

Los colonos instalados en las zonas invadidas se encuentran a más de dos días a pie de carreteras o mercados. Por eso sus dietas incluyen carne de monte. Hasta que los cultivos produzcan, la carne de monte y los animales cazados que se venden como mascotas en mercados y aldeas les generan ingresos, sumándose a las actividades que ocasionan los altos niveles de tráfico de fauna silvestre en el país. “La amenaza que representa la migración a zonas fronterizas para la vida silvestre única de Amazonas y San Martín es severa”, indica el informe.

8. En el Perú el tráfico de tierras no es definido como delito*

Las leyes peruanas solo se refieren a usurpación, ocupación del suelo y deforestación, indica el informe. Solamente se puede realizar una demanda contra la persona que ocupa o se encuentra trabajando la tierra, no contra el traficante. Además, solo se puede procesar por fraude al traficante si la denuncia es de los compradores de tierras por haber recibido un trato fraudulento.

*Piero Bedregal, abogado del Consultorio Jurídico Gratuito en Madre de Dios de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, precisa lo siguiente: «En el ámbito civil, se puede dar la simulación de venta. En el penal, además de la usurpación tenemos la estafa, regulada en el Código Penal y conocida como delito de estelionato, delito que incluye bienes muebles e inmuebles, de propiedad del Estado o privados».

9. El Estado es parte del problema porque es ineficiente controlando la ilegalidad

Una de las principales conclusiones del estudio señala que: “Las brechas legales que obstaculizan el enjuiciamiento de los traficantes de tierra pueden ser evitadas de varias maneras, pero como los jueces rara vez son ambientalmente orientados y las políticas generales favorecen la reducción de la pobreza e incentivan el desarrollo agrícola, el sistema legal no ofrece una respuesta apropiada a esta cuestión en Perú. Como ocurre con otros problemas ambientales como el tráfico de vida silvestre (Shanee et al., 2015), la tala ilegal (EIA, 2012), el aceite de palma (EIA, 2015) y la minería (Dietsche et al., 2007), el Estado es ineficiente en el control de la ilegalidad e incluso la permite conservando los vacíos legales, las ineficiencias y los discursos que desplazan la atención pública de los temas principales”.

10. A modo de conclusión

Se menciona en la investigación: “El tráfico de tierras existe a diferentes escalas y este negocio puede ser muy lucrativo. Los vacíos en la legislación nacional, las políticas contradictorias e ineficiencias institucionales, impiden a las autoridades poder enfrentar el tráfico de tierras eficazmente o en algunos casos incluso, la fomentan. Los funcionarios corruptos juegan un papel esencial en la facilitación de este comercio. A pesar de que la población local es a menudo consciente de los problemas relacionados con el tráfico de tierras, su capacidad para controlar se ve impedida en gran medida por factores sociales y por los peligros de hacer frente a la delincuencia organizada”.

Revisa en línea la investigación:

Tierra de Nadie: El tráfico de tierras, la migración y las iniciativas de conservación en el nororiente de… by spdaactualidad on Scribd