Imagen: MAAP
- Grupo religioso ya había sido denunciado el pasado 9 de noviembre por deforestar un bosque primario en la misma zona.
- Actualmente son tres los casos abiertos contra las colonias menonitas. Se estima que el último, en el sector de Nueva Jerusalén-Padre Márquez, se deforestaron 338 hectáreas entre febrero de 2020 y agosto de 2021.
Por Fiorella Fiestas / ffiestas@spda.org.pe
Según nuevas imágenes registradas por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), entre el 7 de marzo y 6 de agosto de este año, colonias menonitas habrían deforestado unas 159 hectáreas en el distrito de Padre Márquez, provincia de Ucayali (Loreto). De acuerdo a la Procuraduría del Ministerio del Ambiente (Minam), el área afectada se ubica en la misma zona donde el pasado 9 de noviembre se abrió una investigación por hallar a cuatro personas deforestando un bosque primario con maquinaria pesada sin los permisos correspondientes, así como el avance de una vía de 7.5 kilómetros entre el límite de Ucayali y Loreto.
La zona deforestada se ubica al norte de Masisea y sur de Tierra blanca, en el límite entre los departamentos de Loreto y Ucayali, zonas que del 2017 a octubre de 2020 registraron una deforestación total de 3400 hectáreas. De acuerdo al director de MAAP, Matt Finer, tras los hallazgos, el último 22 de julio se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto y al Procurador Público del Minam. Sin embargo, pese a la denuncia, la deforestación continuó y aumentó 71 hectáreas más.
“Los identificados en dicha fecha (noviembre de 2020), o personas allegadas a ellos, habrían continuado con estas acciones, ya que la línea que sigue el camino detectado continúa exactamente en el punto donde se identificó la anterior deforestación”, detalló Danilo Espinoza, procurador del Minam, tras analizar los estudios de imágenes satelitales realizados por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Programa Nacional contra los Bosques y MAAP.
Además precisó que la Procuraduría solicitó al despacho fiscal la ampliación de las investigaciones por estas nuevas acciones que se sumarían a la carpeta fiscal que ya cuenta la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en Ucayali.
“La Procuraduría solicitó la inmediata intervención de la FEMA en el distrito de Padre Márquez a fin de dictar medidas cautelares personales. Es decir, detener preliminarmente a las personas que se encuentren en flagrancia delictiva. Caso contrario se debe imponer medidas cautelares de paralización de todo tipo de actividad extractiva y depredatoria mientras se desarrollen las investigaciones. De lo contrario, estas personas seguirán avanzando con sus actividades ilícitas. Lo que se busca es evitar que en los siguientes meses aparezcan nuevos casos relacionados a ellos”, precisó Danilo Espinoza en conversación con Actualidad Ambiental.
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Imagen: MAAP
Investigaciones en curso
Actualmente, dos colonias menonitas se encuentran cerca del poblado Tierra Blanca (Loreto) y otra en el poblado de Masisea (Ucayali), y solo el año pasado se registraron 780 hectáreas deforestadas. Debido a ello, en enero de este año, la Fiscalía inició investigación a tres casos que vinculan a las colonias. El primero, en la zona de Masisea (Ucayali); el segundo, en Tierra Blanca (Loreto); y el último en el sector de Nueva Jerusalén, el pasado 9 de noviembre.
En la resolución de primera instancia dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali se estableció que el informe técnico recabado por el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), no había detallado con precisión y de forma contundente la existencia de tala en dicha zona. Asimismo, se cuestionó las supuestas versiones contradictorias de los testigos (personal policial que participó en la constatación).
Sin embargo, la FEMA Ucayali apeló la decisión, pero hasta la fecha no se ha realizado la audiencia de apelación por existir un conflicto de competencias respecto a qué Fiscalía Superior debe asumir el caso (Loreto o Ucayali). Por otro lado, el 9 de marzo, el despacho de la FEMA Ucayali declaró la complejidad de la investigación preparatoria en este caso.
Cabe precisar además que, a inicios del año, la “Asociación Colonia Menonita Cristiana Agropecuaria Masisea” representada por Zacharias Klassen Isaac, fue multada con más de S/ 11 millones por el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) debido a que dicha organización realizó cambio de uso de tierra sin contar con autorización.
La afectación se realizó sobre una extensión de 788.87 hectáreas, en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo (Ucayali). Por ello, la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (GERFFS) del GOREU hizo los procedimientos técnicos y legales para establecer la infracción cometida y las sanciones correspondientes.
Desde la Procuraduría se maneja una cifra de deforestación de 894 hectáreas aproximadamente en la zona de Masisea; el registrado en Tierra Blanca (Loreto) indica una deforestación inicial de 1453 hectáreas del 2017 al 2019, y luego un área adicional de 506 hectáreas (en el año 2020); y el último, en el sector de Nueva Jerusalén-Padre Márquez, se estima que 338 hectáreas se deforestaron entre febrero de 2020 y agosto de 2021.
Una cadena delictiva
Jose Luis Capella, director del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), manifestó que la Fiscalía debe actuar de inmediato para identificar a los responsables del hecho y el sistema que usan los denunciados para continuar con estas actividades que depredan el bosque.
«Más allá de las investigaciones que se den en el caso en concreto, el Ministerio Público debería ya haber identificado el modus operandi recurrente de este tipo de grupos y tomar medidas específicas para enmarcar procesos complejos en donde se identifique la cadena delictiva desde quiénes financian o facilitan este tipo de ilícitos, los intermediarios y los perpetradores«, mencionó el especialista.
Finalmente, agregó que no se puede solo seguir acumulando los casos mientras cientos de hectáreas de bosques son afectadas año a año, sin que se tomen otro tipo de acciones contra grupos que operan desde hace décadas en el país, aunque ahora con mayor intensidad.
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