Foto: Andina

En mayo de 2017, un grupo de defensores de la Reserva Ecológica Chaparrí y personal del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), ubicado en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo (Lambayeque), fue agredido por invasores que se apropiaron de cientos de hectáreas dentro del área protegida. Luego de los actos de violencia, los defensores de Chaparrí solicitaron apoyo al Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de los ecologistas.

El 30 de diciembre, José Napoleón Tarrillo Astonitas, teniente gobernador del sector El Mirador, fue asesinado cruelmente en su casa. La víctima era un conocido defensor de Chaparrí y había recibido amenazas de parte de los traficantes de terrenos.

Chaparrí es la primera área de conservación privada (ACP) del país, data del 2001 y posee 34 412 hectáreas. Es la segunda ACP más grande después de Los Chilchos (46 mil has), ubicado en Amazonas. Su fin es conservar los bosques secos tropicales y, especialmente, especies como la pava aliblanca y el oso de anteojos. Su administración está a cargo de la comunidad campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, que en los últimos años ha denunciado estas invasiones y ha pedido garantías para la vida de sus habitantes debido a las constantes amenazas de muerte.

La modalidad de los invasores casi siempre era la misma: destruir zonas boscosas, a través de la tala y quema, para luego cercar terrenos y venderlos. Los intentos de la comunidad para desalojar a los foráneos han sido insuficientes debido a que estos se caracterizan por ser personas violentas.

Tras el asesinato de José Tarrillo, la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, y el titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, anunciaron que sumarían fuerzas para enfrentar a los traficantes de terrenos que hasta el año pasado habían tomado posesión de unas 1200 hectáreas. Sin embargo, hace poco Rodríguez también fue amenazado de muerte cuando visitó la casa abandonada de la víctima, y los responsables serían los mismos que atacaron al ecologista.

Defensor de Chaparrí, José Tarrillo, asesinado el pasado 30 de diciembre.

Hasta el momento, la tensión continúa en el lugar. Los defensores de la reserva piden apoyo de las autoridades, especialmente de la Policía Nacional, ya que viven en medio de una amenaza constante. Según La República, una familia de apellido Cruzado es la que lidera esta mafia de terrenos en el lugar.

En declaraciones a La República, la congresista María Elena Foronda responsabilizó a la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, «por la desprotección de la reserva» y al gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña, «por no haber intervenido a tiempo en el conflicto».

“Ella (Galarza) siempre argumentó que Chaparrí es un área privada, donde la destrucción y el crimen eran competencia de otras instituciones. Es lamentable que el gobernador Humberto Acuña no tomó acciones y su liderazgo se diluyó por intereses en grandes proyectos», indica.

Foronda propuso como solución que Chaparrí sea declarada área natural protegida del Estado, con el fin de garantizar la conservación de la flora, la fauna y las comunidades.