César A. Ipenza
Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
Cuando hace algunos meses analizamos y cuestionamos el proyecto de ley 1032/2011-CR, que pretende declarar de interés nacional la construcción de una vía que conecte Puerto Esperanza (Purús-Ucayali) e Iñapari (Madre de Dios), consideramos que esta iniciativa tenía demasiados puntos en contra, entre ellos las contradicciones con la legislación respecto a las áreas naturales protegidas. Sin embargo, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó un dictamen totalmente cuestionable.
Es pertinente recordar que se han generado argumentos a favor de la vía terrestre -sin base concreta- como el que indica que “no afectaría ningún área protegida” o que pasaría por la “línea de frontera”, cuando el Parque Nacional Purús (establecido en la época del presidente Alberto Fujimori) abarca desde la frontera y difícilmente no sería afectada, más aún cuando en el lado brasileño existen áreas protegidas y tierras para indígenas en aislamiento voluntario, similares a los nuestros.
En ese sentido, la iniciativa legislativa presentada por el congresista Carlos Tubino (Grupo Parlamentario Fujimorista) genera preocupación por lo poco analítico, ya que con dos artículos pretende tumbarse de manera nefasta el marco legal de conservación y de pueblos indígenas en aislamiento.
LA CARRETERA YA ESTARÍA EN CONSTRUCCIÓN
Hay que resaltar, además, que el sacerdote Miguel Piovesan, uno de los promotores de la vía, genera rechazo entre las organizaciones indígenas, ya que no sólo ha venido atacando a las organizaciones que se oponen a esta “interconexión”, sino también ha realizado denuncias contra dirigentes indígenas y representantes de organizaciones de conservación.
Una ilegalidad identificada y reconocida públicamente es que el sacerdote Piovesan afirma que la carretera ya está siendo construida; es decir, avanza día a día, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental o alguna autorización de las autoridades competentes. No se ha tomado en cuenta que esto está tipificado como delito ambiental (Título XXIII del Código Penal vigente).
MAFIA DE MADERA
En este caso, tampoco debemos descartar que la carretera podría ser de interés para las mafias relacionadas a la madera ilegal, que buscan acabar con los últimos rodales de caoba y cedro del país. Sabemos muy bien que a estos no les interesa conservar nuestras áreas naturales protegidas y garantizar la vida de los indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial, sumamente susceptibles a diversas enfermedades -como la gripe- que podría extinguirlos. Los promotores de esta vía se olvidan de que hay autoridades responsables de gestionar estos territorios, los que se han opuesto, y merecen el respeto cuando emiten sus opiniones.
Nuestro Congreso no puede ser parte de ese juego, no puede ir contra la constitución. Si sólo tomamos las opiniones de los sectores especializados como el Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) o el Ministerio de Transportes, podremos tener una base suficiente para declarar nulo este proyecto de ley.
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Ver infografía en mayor resolución aquí.
2 comentarios · Dejar un comentario
Es práctica común en aquellos que no tienen el sustento técnico ni legal y menos la razón acudir a estrategias poco imaginativas, pero a veces efectivas, para llevar agua para su molino; digo esto porque la semana pasada los que vivimos en Pucallpa fuimos testigos de cómo los promotores de la construcción de esta inviable “carretera Puerto Esperanza-Iñapari”, sacaron vía aérea a un pequeño grupo de hermanos indígenas del Purús, sabe Dios con qué promesas, para que den una “conferencia de prensa” expresando su total apoyo a la construcción de esta carretera, que según sus mentores es la varita mágica que solucionará todos los problemas de los habitantes, indígenas y no indígenas, de la provincia fronteriza del Purús (Ucayali). Esta utilización irresponsable de nuestros hermanos indígenas molesta a los profesionales que conocemos de cerca la realidad de Purús, porque al parecer los responsables de esta acción poca seria no han medido las consecuencias de esta utilización individual de algunos indígenas, pues puede generar serios conflictos al interior de las comunidades, pueblos y organizaciones indígenas del Purús, las cuales en forma orgánica a través de la Federación de Comunidades Nativas del Purús-FECONAPU han hecho público su desacuerdo con la construcción de esta carretera, cuya iniciativa fue presentada por el Grupo Parlamentario Fugimorista sin recoger ni escuchar la opinión de los principales actores involucrados tanto de la provincia del Purús (Ucayali) como de la provincia de Tahuamanu del departamento de Madre de Dios. ¿Y la Ley de la Consulta Previa?, ¿Acaso no obliga al Estado a realizar una consulta a los pueblos indígenas, cuando se identifica o propone ejecutar este tipo de proyectos? ¿Acaso el Congresista Carlos Tubino no recuerda que él y su bancada también votó a favor de la Ley de la Consulta Previa?. Desde mi particular opinión, toda ley se hace para cumplirla y no para violarla a favor de intereses particulares.
Manuel Cuentas Robles
Demas esta hacer cualquier comentario referente a este Proyecto, lo que si quisieramos escuchar definitivamente el archivamiento del Ante proyecto, Srs. Padres de la Patria, trabajemos por los intereses de todos los peruanos y no por interes de grupos.