César A. Ipenza
Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

Cuando hace algunos meses analizamos y cuestionamos el proyecto de ley 1032/2011-CR, que pretende declarar de interés nacional la construcción de una vía que conecte Puerto Esperanza (Purús-Ucayali) e Iñapari (Madre de Dios), consideramos que esta iniciativa tenía demasiados puntos en contra, entre ellos las contradicciones con la legislación respecto a las áreas naturales protegidas. Sin embargo, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República aprobó un dictamen totalmente cuestionable.

Es pertinente recordar que se han generado argumentos a favor de la vía terrestre -sin base concreta- como el que indica que “no afectaría ningún área protegida” o que pasaría por la “línea de frontera”, cuando el Parque Nacional Purús (establecido en la época del presidente Alberto Fujimori) abarca desde la frontera y difícilmente no sería afectada, más aún cuando en el lado brasileño existen áreas protegidas y tierras para indígenas en aislamiento voluntario, similares a los nuestros.

En ese sentido, la iniciativa legislativa presentada por el congresista Carlos Tubino (Grupo Parlamentario Fujimorista) genera preocupación por lo poco analítico, ya que con dos artículos pretende tumbarse de manera nefasta el marco legal de conservación y de pueblos indígenas en aislamiento.

LA CARRETERA YA ESTARÍA EN CONSTRUCCIÓN

Hay que resaltar, además, que el sacerdote Miguel Piovesan, uno de los promotores de la vía, genera rechazo entre las organizaciones indígenas, ya que no sólo ha venido atacando a las organizaciones que se oponen a esta “interconexión”, sino también ha realizado denuncias contra dirigentes indígenas y representantes de organizaciones de conservación.

Una ilegalidad identificada y reconocida públicamente es que el sacerdote Piovesan afirma que la carretera ya está siendo construida; es decir, avanza día a día, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental o alguna autorización de las autoridades competentes. No se ha tomado en cuenta que esto está tipificado como delito ambiental (Título XXIII del Código Penal vigente).

MAFIA DE MADERA

En este caso, tampoco debemos descartar que la carretera podría ser de interés para las mafias relacionadas a la madera ilegal, que buscan acabar con los últimos rodales de caoba y cedro del país. Sabemos muy bien que a estos no les interesa conservar nuestras áreas naturales protegidas y garantizar la vida de los indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial, sumamente susceptibles a diversas enfermedades -como la gripe- que podría extinguirlos. Los promotores de esta vía se olvidan de que hay autoridades responsables de gestionar estos territorios, los que se han opuesto, y merecen el respeto cuando emiten sus opiniones.

Nuestro Congreso no puede ser parte de ese juego, no puede ir contra la constitución. Si sólo tomamos las opiniones de los sectores especializados como el Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) o el Ministerio de Transportes, podremos tener una base suficiente para declarar nulo este proyecto de ley.

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