Escribe Lenin Valencia / Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la SPDA

El pasado 4 de febrero, el Gobierno Regional de Ucayali aprobó la creación de la Autoridad Ambiental Regional, algo que sin duda es un buen paso en el fortalecimiento de la institucionalidad local que contribuye al manejo sostenible de nuestros recursos naturales. Pero este no es el primer esfuerzo que se empuja para fortalecer espacios e instituciones que canalicen visiones de desarrollo local: los Planes de Desarrollo Concertado (PDC) han sido otro de esos esforzados intentos por mirar hacia el futuro desde los municipios y regiones del país. Pero, ¿qué fue de estos planes? Cabe preguntarse si las autoridades nacionales y locales los toman en cuenta cuando promueven inversiones de gran escala o cuando avalan con su inacción el avance de la minería ilegal en áreas naturales protegidas.

DE LA PAMPA A CAÑARIS: ¿QUÉ PASARA EL 2021?

2021 es una cifra que aparece –no por coincidencia- con mucha frecuencia en documentos oficiales de planificación. Probablemente forma parte del título de todos los Planes de Desarrollo Concertado (PDC) de las localidades y regiones que se han dado el trabajo de elaborar, desde principios de la década pasada, una visión compartida de lo que aspiran ser en 2021. Y esos PDC parecen ser, en muchos casos, como esa banderita peruana de alguna comunidad alto andino o de pueblo de frontera: raídos por la intemperie del olvido y la indiferencia centralista, pero flameando firmes en su convicción de peruanidad y en la esperanza de que otra República es posible y necesaria después de 200 años de Independencia.

Viendo conflictos como el de Cañaris o el avance de la minería ilegal sobre áreas naturales protegidas en Madre de Dios, uno se pregunta si los habitantes de esos territorios tienen una visión concertada y compartida al 2021, o si -como algunos medios y autoridades afirman para el caso Cañaris- los pobladores están mal informados y son manipulados. Por lo pronto, los distritos de Cañaris o Incahuasi, sin el oro de Madre de Dios y con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) considerado bajo (0.4671 y 0,4937[i]), sí le ofrecen al Perú y al mundo, a través de su portal web, la visión de desarrollo que han concretado en su PDC de 2009.  Y parece que sí saben lo que tienen, lo que les falta y el tipo de bienestar al que aspiran. A tal punto que el PDC de Kañaris[ii] identifica como una oportunidad la presencia de “empresas privadas interesadas en la explotación de los recursos mineros del distrito”, y como una amenaza la “presencia de empresas mineras sin prácticas de responsabilidad social y ambiental”. ¿Será que esa amenaza finalmente se ha materializado con la presencia de Candente Copper?

Aunque la minería no figura en ninguno de sus 10 objetivos estratégicos, saben que esta actividad económica podría contribuir al desarrollo del agro, actividad productiva priorizada en su plan y en su visión de futuro. El tema medioambiental es otra de sus prioridades, pues se reconocen como la zona andina de Lambayeque con mayor área de bosques naturales. Por ello, hablan del suelo, el agua y los bosques como sus principales recursos.

Por su parte, Inambari o Laberinto con un IDH[iii] muy superior a los de Cañaris o Incahuasi (0,6080 y 0,6008, respectivamente y considerados por tanto en el rango de IDH medio alto) todavía no le ofrecen al Perú una visión de cómo se verán colectivamente a futuro, cosa que llama la atención. Sin embargo, a nivel regional hay esfuerzos de forjar una visión colectiva de futuro.

Por ejemplo, el PDC de la región de Madre de Dios[iv] identificaba a la minería e hidrocarburos dentro de las trece actividades económicas para las cuales la región tiene vocación. No dicen que tengan que ser las más importantes, pero las reconocen. Conscientes de la problemática socio ambiental asociada a la minería informal (como las treinta toneladas de mercurio arrojadas anualmente a los ríos Tambopata y Madre de Dios), este PDC detectaba cuellos de botella hasta hoy no resueltos. Sin excluir a la minería de su visión de desarrollo, resaltaban la necesidad de buscar un equilibrio entre esta actividad y otras que son fundamentales para la región, sobre todo teniendo en cuenta que el 54% del territorio regional corresponde a áreas naturales protegidas. Los papeles no lo son todo pero también hablan.

Parece entonces que uno de los principales problemas que enfrentan Cañaris, o las comunidades preexistentes a la minería informal de la hoy llamada Pampa, es que sus visiones de desarrollo  han sido arrasadas por un tsunami de intereses económicos que, siendo particulares y legítimos, pretenden presentarse como de interés general o como condición sine qua non de desarrollo en todos los rincones del país. Sin embargo, como ya se sabe,  desarrollo (a como de lugar) no es sinónimo de desarrollo sostenible, ni crecimiento económico es lo mismo que desarrollo económico –como apuntan Daphne Greenwood y Richard Holt[v]-. Por eso, habría que recordarlo de nuevo: el término “desarrollo sostenible” (aunque hoy desgastado) encierra una crítica sustentada a más de 30 años de políticas de desarrollo -implementadas desde los años 40- cuya estrategia fundamental residía en el incremento de los niveles de producción de bienes y servicios. De manera que, en una especie de cosmovisión maslowniana, el resto (salud, educación, etc.) viniera por añadidura o como consecuencia lógica de sucesivas etapas de desarrollo hasta alcanzar el nivel de las sociedades de consumo, vistas para entonces como la cúspide de un ideal de sociedad de abundancia y sin límites para el crecimiento.

Hoy, a más de veinte años de la incorporación del término “desarrollo sostenible” en la declaración de Río, y con evidencias claras de una naturaleza exhausta por la sobreexplotación de recursos naturales, parece que en el Perú nos aferramos a viejos paradigmas de desarrollo. No se entiende de otra manera cómo se insiste en promover inversiones sin tomar en cuenta procesos locales y regionales de planificación del desarrollo -procesos que en muchos casos han incluido esfuerzos serios y muchas veces poco financiados de ordenamiento del territorio para el uso racional de los recursos naturales-. No es que la participación local y su institucionalización en las políticas nacionales de desarrollo sean la panacea para resolver todos nuestros problemas, pero cada nuevo conflicto socio ambiental parece demostrarnos que hace un buen tiempo nos estamos dando contra la pared; pensando que crecimiento económico es igual a desarrollo económico, que desarrollo económico trae necesariamente desarrollo económico local o que con el simple hecho de declarar un proyecto de “interés nacional” podemos mecer a ciudadanos que se han tomado el tiempo y esfuerzo de definir cómo se ven a sí mismos en el conjunto de esta colectividad llamada Perú. Por lo pronto, creo que es importante retomarle el pulso a los procesos de planificación local, ver qué están haciendo los gobiernos locales y regionales para promover actividades económicas que sean sostenibles y respondan no sólo a las oportunidades presentes de los booms económicos internacionales sino también a las demandas futuras del país y la humanidad.

No podemos prescindir absolutamente de la minería pero tampoco del turismo ecológico, del biocomercio o de la agroecología. Por eso, necesitamos concertadamente definir cómo vamos a aprovechar todas esas potencialidades, teniendo siempre a la sostenibilidad como criterio fundamental de priorización.

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Foto: Perú.21