Foto: Andina
- Informe presentado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) sistematiza las principales fuentes de contaminación que afectan la calidad ambiental de la bahía de Pucusana y las acciones tomadas por diferentes entidades para controlar dichos impactos.
En la última década, los fondeaderos públicos ubicados en la bahía de Pucusana han sido rebasados por embarcaciones de diversos tamaños y capacidad de bodega que anclan en estos espacios, sobre todo durante las épocas de veda anuales establecidas para las pesquerías de pota y perico.
Según el informe publicado por la SPDA, aproximadamente 500 embarcaciones se encuentran ancladas en la bahía y son usadas como vivienda por los tripulantes, pese a no estar habilitadas para ello. Los residuos sólidos y líquidos producidos por los pescadores que permanecen a bordo de estas embarcaciones se suman una serie de actividades humanas que también son fuente de contaminación marina en la bahía de Pucusana.
Entre ellas están el vertimiento de aguas residuales residenciales y comerciales, tales como las generadas en los desembarcaderos pesqueros artesanales. Si todas estas actividades no son adecuadamente controladas, pueden generar impactos ambientales considerables en la bahía.
La Ley General del Ambiente reconoce a las bahías como ecosistemas frágiles, por ello su manejo debe seguir reglas específicas con el fin de preservar su biodiversidad y productividad. Sin embargo, el Perú no cuenta con medidas de protección especial. Tampoco existe un marco normativo que regule los principios y criterios mediante los cuales las áreas de los fondeaderos públicos son definidas ni las condiciones de uso que deben cumplir las embarcaciones fondeadas.
En ese contexto, el Informe técnico-legal sobre la problemática ambiental en la bahía de Pucusana recoge información de las entidades competentes en supervisar y sancionar el incumplimiento de la normativa de protección ambiental en las diversas actividades que confluyen en dicha bahía y plantea la necesidad de una mejor coordinación entre el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de Vivienda, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, entre otras.
Partiendo del análisis de la situación de Pucusana, el estudio plantea diseñar y aprobar un marco normativo que exija tomar en cuenta la capacidad de carga de las bahías –por su condición de ecosistemas frágiles– cuando se otorguen derechos de uso de área acuática o se delimiten fondeaderos públicos en sus aguas. En este último caso se propone definir condiciones especiales para las embarcaciones durante el tiempo que estén ancladas.
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA (2021). Informe técnico-legal sobre la problemática ambiental de la bahía de Pucusana. Lima: SPDA.
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