Ayer el Congreso de la República exoneró de responsabilidad penal a los ex ministros Yehude Simon, Mercedes Cabanillas y Mercedes Aráoz por los acontecimientos ocurridos en Bagua el 5 de junio del 2009, donde fallecieron 34 personas entre indígenas y policías.

En el Pleno, los parlamentarios Guido Lombardi, Martha Moyano, Víctor Isla y Humberto Falla, integrantes de la comisión investigadora del ‘Baguazo’, presentaron en total cuatro informes individuales, de los cuales solo el de Víctor Isla planteaba una acusación constitucional contra los ex ministros.

En el informe de Isla, se plateaba la acusación a Cabanillas y Simon por incumplimiento de sus deberes y responsabilidad en las muertes. Asimismo, se acusaba a la ex ministra Mercedes Aráoz por el presunto delito de falsedad genérica debido a sus declaraciones que señalaban que derogatoria de los decretos legislativos afectaba el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Los otros tres informes solo plateaban responsabilidad política a los ex ministros.

Por su parte, el informe del Falla, señaló que la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas y el ex ministro de Defensa, Antero Flores Aráoz, velaron que el restablecimiento del orden público en la zona de conflicto se de en el marco del respeto a los derechos humanos.

Según Falla Lamadrid, la ex ministra Cabanillas coordinó la adopción de medidas necesarias que aseguren un resultado eficaz sin costos sociales. Asimismo, precisa que la responsabilidad política de la ex ministra del Interior fue asumida con su renuncia.

Por otro lado, el informe de Güido Lombardi determinó responsabilidad política de la ex ministra Cabanillas por incumplimiento de sus deberes, porque habría trasladado todas las responsabilidades a los mandos policiales.

De igual modo, encuentra responsabilidad política de Mercedes Aráoz y Yehude Simon, éste último porque al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros no actuó para dar solución a los reclamos de los pueblos indígenas.

El informe aprobado fue el de Martha Moyano, por 44 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones.

El informe de Martha Moyano solicitó al Ministerio Público la individualización de las responsabilidades de los indígenas que dieron muerte a los policías y determina responsabilidad en los mandos policiales por no haber previsto las consecuencias.

Moyano también señaló que el conflicto fue azuzado con información falsa y exagerada por algunos organismos no gubernamentales que no midieron las consecuencias. Asimismo, indicó que la participación de las fuerzas del orden mostró desaciertos y descoordinaciones en la ejecución de los operativos.

Por ello, el informe de Moyano determinó responsabilidades en los mandos policiales por no haber previsto las consecuencias del operativo, entre ellos del general PNP, Luis Muruguza Delgado.

CABANILLAS: “Yo estuve en la capital”
Durante su descargo, Mercedes Cabanillas acusó a grupos radicales de azuzar a la población y pidió la sanción del dirigente indígenas Alberto Pizango por impulsar el paro.

En su defensa, Cabanillas señaló que el Estado actuó para restablecer el orden y el funcionamiento de los servicios públicos y que desde el Ministerio del Interior impulsó medidas preventivas para evitar la violencia.

Agregó que la policía no tenía capacidad de negociar la derogatoria de los decretos legislativos, que era la exigencia de la población nativa y, finalmente, lamentó la muerte de los efectivos policiales.

Cabanillas manifestó que muerte de policías y civiles “pudieron ser prevenidas, alertadas y tratadas exitosamente” si se derogaba y no modificaba el Decreto Legislativo 1090. “Lo hicimos después del peso de varias muertes que enlutaron muchos hogares. Me pregunto ¿por qué no se hizo antes?”, agregó.

En declaraciones a RPP, Cabanillas continuó con su defensa, argumentando: «Yo he estado en la capital, no tenía ni siquiera una cercanía de comunicación porque desgraciadamente la policía no tiene equipos modernos. Por otro lado, con quien hay comunicación funcional es con el Estado Mayor y con el director general de la PNP porque son operaciones policiales y las normas y directivas señalan claramente la separación de funciones. Una cosa es lo que le compete al ministro que lo dice la ley orgánica del Mininter».

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Foto: Congreso