En el 2014, cuatro líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto fueron asesinados cuando se dirigían a un evento con sus similares Brasil. Una década después, tras una larga lucha de los familiares de las víctimas por obtener justicia, en abril de 2024, el Poder Judicial condenó a 28 años y tres meses de prisión a cuatro presuntos responsables. Sin embargo, la sentencia en primera instancia fue apelada.

Hace poco, el pasado miércoles 9 de abril, se inició la audiencia de apelación para confirmar o anular la sentencia contra los implicados en la muerte de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, líderes ashéninkas que antes de ser asesinados habían sido amenazados por taladores ilegales. Estas audiencias se realizarán en la en la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, en la ciudad de Pucallpa.

Rocío Trujillo, asesora legal de Aidesep, resaltó la importancia de este caso en la búsqueda de justicia para los pueblos indígenas, ya que sería la primera vez que los responsables de un crimen contra líderes y autoridades indígenas, que solo defendían sus territorios y recursos, acabaría en sentencia firme.

“La sanción a los responsables enviaría un mensaje claro de que los crímenes contra los defensores indígenas no quedarán impunes a pesar del camino tan largo que han seguido las viudas de Saweto y la comunidad”, señaló Trujillo, en conversación con Actualidad Ambiental.

Para Mariano Castro, abogado experto en gestión y derecho ambiental, el “Caso Saweto” es emblemático porque “trágica y claramente pone en evidencia las brechas o importantes limitaciones que existen para garantizar la efectiva aplicación del derecho de acceso a la justicia ambiental y de derechos indígenas”.

El especialista, agregó además que Sala Penal de Apelaciones “debe demostrar que no dejará impune el caso, confirmando la sentencia de primera instancia”.

[Ver además►¿Por qué el caso Saweto es emblemático respecto a justicia y derechos humanos?]

Informe legal especializado se incorpora al caso

Con el fin de contribuir con una opinión legal especializada para este caso, el abogado José Ugaz Sánchez-Moreno presentó ante Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali un amicus curiae, un informe que analiza la sentencia en primera instancia y emite recomendaciones puntuales.

Este documento concluye que la sentencia en primera instancia de este caso está bien motivada; además confirma la legalidad de la incorporación del testigo protegido; y propone el aumento de la reparación civil por afectación del daño moral; entre otros puntos.

Si bien este informe no es vinculante, la Sala Penal –que ya admitió el documento– sí puede “valorarlo discrecionalmente si se estima útil para resolver aspectos técnicos, jurídicos o probatorios del caso”, explicó Rocío Trujillo.

“En la práctica, los tribunales suelen tomar en cuenta estos informes cuando provienen de fuentes especializadas y contienen información relevante para la controversia. Dado que el caso Saweto involucra cuestiones complejas sobre la protección de los derechos indígenas y el acceso a la justicia, la opinión de expertos y organizaciones, como es este amicus, resulta determinante para una resolución más fundamentada”, agregó la especialista.

Sobre el amicus curiae, Mariano Castro indicó que es importante que la Sala Penal “tenga en cuenta este documento porque tiene importantes aportes jurídicos para salvaguardar la aplicación de justicia social y ambiental frente a amenazas concretas que están sufriendo los pueblos indígenas”.

Esperan pronta justicia

En las próximas semanas, las audiencias de apelación continuarán desarrollándose. El 22 de este mes se realizará la segunda audiencia y los familiares de las víctimas, organizaciones civiles e indígenas esperan la confirmación de esta sentencia que marcará un precedente para casos similares.

Mariano Castro considera que “las causas estructurales de la injusticia social y ambiental del caso Saweto deben abordarse, para empezar, con la aplicación del Plan de desarrollo Territorial aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Garantizando, además, la adecuada y oportuna aplicación del mecanismo de protección de personas de defensoras de derechos ambientales e indígenas”.

Finalmente, Rocío Trujillo remarcó que “este caso une al movimiento indígena representado por Aidesep y ORAU para la búsqueda de justicia. De ahí la importancia de que estos crímenes sean ejemplarmente sancionados teniendo en cuenta los derechos de los pueblos indígenas, la afectación no solo individual sino colectiva en el caso de los pueblos; y con reparaciones justas”.