En su informe 14, el Observatorio de Conflictos Mineros hace un balance de los conflictos sociales de las regiones y analiza el impacto del recién aprobado paquete de medidas para agilizar las inversiones en el Perú, denominado también como #PaquetazoAmbiental.
Según CooperAcción, Grufides y Fedepaz, el Gobierno comenzó a ceder a las presiones y ha venido dictando una serie de medidas para favorecer ‘el clima de inversiones’. Entre estas medidas, figura la aplicación del silencio administrativo positivo a los pedidos de Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), aprobado en el 2013.
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Otras medidas, agregan, fueron: la agilización en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) detallados y semidetallados, el retraso en la implementación de la Ley de Consulta y el nuevo Sistema Nacional de Certificación Ambiental, entre otros. “La campaña mediática de los empresarios continuó buscando acelerar inversiones, y al mismo tiempo trabar cualquier posibilidad de avance de políticas sociales y ambientales”, indican las organizaciones.
El #PaquetazoAmbiental, señala el informe, afectará la gestión ambiental que se ha venido implementando en los últimos años. “Por ejemplo, desde ahora, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) pasará en la práctica y por tres años a la congeladora y se dedicará principalmente ‘a acciones prioritarias de educación y difusión de la normativa’”, explicaron.
PAQUETAZO Y LA COP20
El informe también cuestiona al Gobierno porque -afirman las organizaciones- aprobó esta serie de medidas que van en contra de la gestión ambiental justo en el año de la conferencian mundial sobre cambio climático (COP20) que se realizará en nuestro país.
“Parece una broma de mal gusto que todo esto está pasando en pleno Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático y precisamente cuando el Perú será el anfitrión de la Vigésima Conferencia de las Partes (COP 20) en el mes de diciembre”, cuestionan los responsables del informe.
“Un Gobierno como este, que destruye lo poco que había en materia de institucionalidad ambiental, no tiene ninguna autoridad moral para constituirse en el anfitrión del evento cumbre que busca lograr un acuerdo vinculante para enfrentar la amenaza del calentamiento global en todo el planeta. El 2014 se está convirtiendo en el año en que el Gobierno de Humala está llevando las políticas ambientales a la época de la carreta”, concluyen.
CONFLICTOS A NIVEL NACIONAL
El documento también hace un recuento de los principales conflictos sociales relacionados a la actividad minera en nuestro país. De este modo, se tratan los casos de Toromocho (Junín), Cañariaco (Lambayeque), Tía María (Arequipa), Conga (Cajamarca), entre otros.
Asimismo, analiza las medidas implementadas por el Gobierno para hacer frente a la minería informal e ilegal a nivel nacional. Los casos más resaltantes, según figuran en el informe, se encuentran en Puno, Madre de Dios y Piura.
Afirman que de los 59 556 mineros que se han inscrito en el Registro Nacional de Declaración de Compromisos, apenas 100 mineros han cumplido con todos los requisitos para lograr la formalización.
“La batalla por recuperar las inmensas zonas degradadas por esta actividad ilícita necesita mucho más que los despliegues de dinamita del señor Urresti. Todos esperamos que el proceso de formalización resulte y permita revertir la tendencia hasta ahora incontrolada de expansión de una actividad que representa un alto costo social, ambiental y económico para todos los peruanos y peruanas”, indica el documento.
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