Escribe: Guillermo Reaño / Viajeros

Noventa días después de iniciadas sus funciones, la comisión congresal encargada de investigar las acciones de los funcionarios públicos y privados responsables del derrame de petróleo en el Terminal Portuario Multiboyas N° 2, operado por la transnacional Repsol, emitió su esperado informe final el pasado 14 de junio.

El documento fue elaborado por el grupo de trabajo liderado por la congresista Margot Palacios Huamán, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología y representante del partido político Perú Libre.

En Actualidad Ambiental venimos siguiendo paso a paso el caso del derrame del 15 de enero y sus consecuencias en las poblaciones afectadas y en los ecosistemas dañados. Por ello, analizamos en detalle el informe parlamentario y conversamos con Jean Pierre Araujo, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), sobre las obligaciones judiciales que recaerían sobre los responsables del que ha sido considerado el mayor desastre por hidrocarburos de los últimos años en nuestro país.

UNA MAREA NEGRA QUE SE PUDO EVITAR

¿Cuáles fueron las conclusiones del informe congresal de 381 páginas, incluidos anexos, aprobado en mayoría por seis votos a favor, uno en contra y tres abstenciones? En principio, determinar que la principal responsabilidad del derrame recae en la empresa Refinería La Pampilla S.A.A. (RELAPASAA), haciéndose extensiva al Grupo Económico Repsol, a la que pertenece a través de REPSOL PERÚ B.P.

Para la comisión investigadora, la ruptura del PLEM del Terminal N° 2, la estructura metálica que permitía el paso de los hidrocarburos del buque tanque a la línea submarina que transportaba el crudo a la refinería, fue lo que originó el derrame. Y esa falla no fue consecuencia, como afirmaron en primera instancia los voceros de Repsol, del oleaje anómalo ocasionado por la erupción del volcán Tonga, sino, todo lo contrario, por la excesiva presión de descarga del petróleo almacenado en el buque tanque que superó los parámetros establecidos por la normatividad vigente.

Dicho de otra manera, según el informe, la embarcación de bandera italiana Mare Doricum perdió estabilidad debido al movimiento irregular del petróleo que transportaba lo que originó a su vez la ruptura de un cabo de amarre y el derrame de los 12,210.84 barriles que reporta la comisión, cantidad que supera la indicada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

El informe congresal concluye que existen suficientes indicios de responsabilidad en el derrame de crudo de Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena, gerente general de RELAPASAA por el delito de contaminación ambiental y por dar información falsa sobre la magnitud de lo ocurrido lo que impidió una reacción inmediata. Ambas infracciones están tipificadas en el código penal peruano.

Junto al cuestionado empresario español, la comisión encuentra responsabilidad en funcionarios de Repsol y en las empresas prestadoras de servicios marítimos en el terminal siniestrado, también en el capitán del Mare Doricum, el marino italiano Giacomo Pisani, y en el propietario de la embarcación así como en los directores del Organismo Supervisor de la Inversión en Petróleo y Energía (OSINERGMIN), OEFA, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y dos ministros de estado: la ex ministra Mirtha Vásquez y el actual premier Aníbal Torres. Treinta y un personas en total.

LAS COSAS CLARAS

Para Jean Pierre Araujo, abogado de la SPDA, mientras no haya una resolución concluyente sobre las causas del desastre ecológico por parte de OEFA, la autoridad competente en materia de fiscalización ambiental, no se puede hablar de personas jurídicas o naturales responsables. Lo que no quiere decir, naturalmente, que el Estado, a través de sus distintas instancias, se abstenga de exigir sanciones y compensaciones.

De hecho, Sernanp ya inició dos procesos administrativos sancionadores contra RELAPASAA que se encuentran en etapa instructiva y OEFA impuso seis multas coercitivas a la empresa de capitales españoles por incumplir siete de las 16 medidas administrativas que dictó. Cinco de ellas por un monto de 2’760,000 soles ya fueron canceladas. Procesos similares, aunque todavía no hechos públicos, han iniciado Serfor, Dicapi y Osinergmin.

Para el especialista en derecho ambiental, el derrame de La Pampilla deja una conclusión inevitable que coincide con el informe parlamentario: las respuestas de la empresa privada y el Estado no fueron las apropiadas. Se perdió tiempo valioso en afrontar la emergencia y las acciones que se tomaron, sobre todo en los primeros días del desastre, no fueron las más indicadas.

“OEFA debe ser una de las entidades estatales con más fuerza de nuestro sistema ambiental”, comentó el abogado Araujo para Actualidad Ambiental. A pesar de ello, el derrame los sobrepasó. “En general, la respuesta del Estado ha sido débil y en el caso de la atención a la gente ésta no ha sido la que se esperaba”.

En otras palabras, se puso en riesgo la salud de los trabajadores y la población local contratada para la limpieza de playas y la atención a las personas afectadas en los cinco distritos contaminados por la mancha oleaginosa y los hedores del crudo vertido en el mar dejó mucho que desear.

¿Lecciones aprendidas? Muchas. Para el abogado de la SPDA resulta urgente revisar la legislación ambiental vigente pues los vacíos que existen para atender situaciones como ésta son enormes.

La capacidad sancionadora de OEFA por ejemplo, se reduce a multas coercitivas que en situaciones como ésta no detienen ni solucionan problemas ambientales de esa magnitud. “No hay norma que le diga a OEFA qué hacer cuando sus sanciones no son lo suficientemente fuertes o no les exigen a los responsables ejecutar las acciones adecuadas para reparar de manera oportuna lo que se dañó. Repsol ha cancelado las multas, pero posiblemente se reserve el derecho de cuestionarlas”, añadió. Mientras tanto ¿quién repara lo que se destruyó?

Para Araujo los gobiernos regionales y los municipios distritales debieron estar en primera línea para atender la emergencia y no lo estuvieron. Allí hay otro vacío legal que se tiene que llenar.

“Repsol ha tenido una actitud de negación o minimización del evento», concluye el especialista. Me imagino que el golpe ha sido tremendo para sus directivos, pero una empresa como ella no puede estar tan descolocada seis meses. No se han preocupado en remediar la situación. Su respuesta a la emergencia fue inapropiada y estamos hablando de una empresa transnacional cuyos estándares de operación en otros países es muy alto, ¿qué fue lo que les pasó aquí?”.

Mientras la OEFA sigue recogiendo evidencias para determinar responsabilidades la empresa española ha sido sentada en el banquillo de los acusados y si bien es cierto las recomendaciones de la comisión investigadora del Congreso de la República no son vinculantes, las evidencias que aporta pueden inclinar las cosas en contra de la petrolera. Los próximos van a ser decisivos para que se sepa a ciencia cierta lo que ocurrió en el mar de Ventanilla la tarde del fatídico 15 de enero del 2022.