Según la Organización Mundial de la Salud, las ciudades deberían tener 9 metros cuadrados de áreas verdes por persona para asegurar una buena calidad de vida. En ese sentido, la provincia de Lima debería tener unos 79 millones de metros cuadrados de áreas verdes; sin embargo -de acuerdo a un informe de RPP- la cifra solo llega a 23 millones de metros cuadrados, en 43 municipios.

Pese a este déficit, en los últimos años se han registrado diversos casos donde los propios municipios han recortado los espacios públicos, especialmente las áreas verdes, para convertirlos, por ejemplo, en pistas o para concesionarlos. Casos conocidos son los ocurridos en Santa Beatriz, Surco y La Molina (donde se talaron árboles para construir un tercer carril), o lo ocurrido en el Parque Manhattan, en Comas, donde se pretendió concesionar dicho espacio para la construcción de un supermercado.

Este problema no es solo de Lima, sino de todo el país, debido a diversos factores, entre ellos la falta de claridad en las normas que protegen estos espacios. Ante ello, las congresistas Marisa Glave e Indira Huilca (Nuevo Perú), presentaron proyectos de ley con el fin establecer los principios y reglas generales sobre la administración y gestión de los espacios públicos, y destacar su importancia para el bienestar de la ciudadanía.

En mayo pasado se aprobó un dictamen que recoge los aportes de los proyectos de ley 1311-2016 y 1312-2016 en la Comisión de Descentralización. Sin embargo, hasta hoy dicho documento no es debatido en el Pleno del Congreso.

Para conocer un poco más sobre los alcances de esta propuesta, Actualidad Ambiental conversó con la congresista Indira Huilca.

¿Por qué es necesaria una Ley de Espacios Públicos?

En el país no existe una ley marco específicamente sobre espacios públicos. Por mucho tiempo se les consideró como espacios recreativos, áreas verdes o espacios vinculados al ornato de la ciudad. Sin embargo, la ciudadanía día a día es más consciente de la importancia de este tipo de elementos para una mejor convivencia, para el establecimiento de relaciones más democráticas, las expresiones de cultura y seguridad en la ciudad.

¿Por qué las normas actuales vigentes son insuficientes?

El actual marco normativo no toma en cuenta a los espacios públicos como un elemento tangencial de desarrollo urbano. Existe una ley de acondicionamiento territorial, así como normas emitidas que tienen que ver con los procesos de urbanización, pero no existe una ley que desarrolle la definición de espacios públicos y que permita a las autoridades locales, quiénes son los que finalmente trabajan en pro los espacios públicos, tener elementos de criterio para poder gestionarlos de manera adecuada.

Una de las cosas que ha sido bastante común encontrar durante el trabajo de representación fue notar que los espacios públicos son entendidos aún por las autoridades como espacios que tienen que ser mantenidos al margen de la ciudadanía. Es muy común ver parques con rejas o letreros sobre los jardines de “no pisar el césped”. Eso alimenta, por consecuencia, un sentido común para los vecinos que viven en las inmediaciones de esos espacios que otras personas ajenas a ese parque, plaza o alameda no puedan acercarse.

Hay casos de buenas experiencias con municipalidades que han emitido ordenanzas para proteger espacios públicos o parques. Sin embargo, estas no son de carácter nacional, no tienen un carácter más amplio a nivel geográfico. Es por ello que fue de carácter relevante proponer esta norma.

[Ver además ► Augusto Rey: Las normas vigentes son totalmente insuficientes para proteger los espacios públicos en el Perú]

¿Qué espacios públicos son los más vulnerables en Lima?

Todos los espacios públicos hoy, en Lima, son vulnerables. Durante el proceso de construcción de la norma, se ha visto que vulnerabilidad de los espacios públicos es común en todo tipo de vecindarios. En San Juan de Miraflores, son vulnerables por el abandono y el inadecuado uso de los instrumentos legales por parte de las autoridades que desconocen el valor social que tiene un espacio público.

Otra cosa que también hemos notado es que, en casos como el Parque Manhattan en Comas, el espacio público no tiene un valor económico. A partir de una iniciativa de inversión privada para que sobre este espacio se construyera un centro comercial, recién la municipalidad del distrito le puso un valor económico real.

[Ley para proteger espacios públicos en el país espera su debate en el Pleno]

¿Cómo sirve esta ley a las nuevas autoridades?

De muchas maneras. Una herramienta que estamos proponiendo a las autoridades para la protección del espacio público está en canalizar de manera adecuada la facultad que hoy tienen las municipalidades en nuestro país para promover la inversión privada sobre los bienes que son de su gestión. Enfatizamos que los bienes de dominio público, como lo son los espacios públicos, no pueden perder su naturaleza. Es decir, tienen que ser accesibles para los ciudadanos y, por ende, no pueden perderse y tampoco embargarse. Estos espacios no pueden ser sometidos a iniciativas de inversión privada que tienden a modificar su naturaleza de forma permanente.

Otra de las cosas que es bastante preocupante es que la mayoría de municipalidades solo cuentan con el registro de áreas verdes existentes en su jurisdicción, pero no siempre el número o metros cuadrados que ocupan estas coinciden con el número de espacios públicos en la zona. En una localidad puede existir una plaza, una alameda, más no están contabilizados ni registrados en un inventario.

A partir de ello, planteamos la creación de un inventario que obliga a las municipalidades a hacer este registro y este sea compartido con el Sistema de Bienes Nacionales. Esta herramienta permitirá que los vecinos tengan conocimiento de cuantos espacios públicos existen en su localidad y a su vez reforzará la promoción de más espacios públicos, garantizando y ganando espacio que hoy no está correctamente inscrito o registrado. Esto generará obligaciones para articular el uso de estos espacios con los planes de desarrollo urbano de las ciudades.

Finalmente estamos estableciendo sanciones para quienes incumplan estas propuestas. Se trata de generar mecanismos de protección y gestión, y acompañar estos con algunas restricciones o con sanciones, para que no quede como algo declarativo. Es un factor importante incluir responsabilidades, derechos, pero también sanciones para garantizar que esto no quede únicamente en el papel.

[Isabel Calle: Necesitamos una ley que regule el tema de los espacios públicos]

¿Cuál sería el argumento de los que se oponen a esta Ley?

Hasta ahora no hemos tenido oposición, pero sí hemos recibido opiniones positivas. Con esto puntualizamos que, en el caso de inversiones privadas, estamos restringiendo la posibilidad de que se haga o promueva una iniciativa privada en un espacio público en un área mayor al 15% del total. Esto lo tomamos como referencia de otras ciudades en América Latina en las que existe voluntad de que el espacio público no se pierda ni cambie su naturaleza.

No estamos en contra de que a través de las municipalidades se puedan gestar proyectos de inversión privada. Se puede llevar a cabo, sí, pero sin que estos afecten o alteren el espacio y acceso que, como derecho, tienen los ciudadanos a estos. Cualquier actividad privada que se realice en ellos, en primer lugar, tiene que ir en armonía con la función que ese espacio. Se puede promover la cultura, por ejemplo, a través de ferias, actividades recreativas, educativas de manera temporal y que ocupen un territorio no mayor al 15% del total.

[Leer la opinión legal de la SPDA sobre estos dos proyectos de ley]

Así también pusimos candados para los procesos de desafectación. Como sabemos, la legislación permite que los bienes de dominio público puedan perder su condición en casos extremos para cumplir necesidades públicas como por ejemplo destinar un espacio público para la construcción de un hospital. Con la aprobación de este proyecto, esto se llevaría a cabo solo en casos extremos. Asimismo, esto deberá ser previamente informado a los ciudadanos.

En años anteriores se han dado casos de desafectación en lo que los últimos en enterarse eran los vecinos de la comunidad. Eran informados cuando la construcción era inminente. No habían sido partícipes de la decisión y tampoco tenían información sobre ella, ni para plantear alternativas que, probablemente, hubieran evitado la pérdida de dicho espacio.

Los espacios públicos son un elemento central para empezar a cambiar la forma en la que hemos estado viviendo. Sin ciudades planificadas, con desorden, inseguridad, permitiendo que los espacios públicos o se privaticen o simplemente se abandonen. Estamos tomados por la inseguridad, la delincuencia. Este es un asunto de necesidad por el desarrollo urbano.

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