Foto: Andina

Escribe Percy Grandez Barrón / Conservamos por Naturaleza de la SPDA

Ayer, desde la madrugada hasta horas de la tarde, se produjo un incendio de gran magnitud en un almacén de llantas en el distrito de Comas. Este hecho tiene relevancia debido a que la quema de llantas produce gases altamente perjudiciales para la salud humana, por su nivel de toxicidad. Ante esta emergencia, el Ministerio del Ambiente (Minam), mediante Resolución Ministerial 149-2018-MINAM, ha declarado en Emergencia Ambiental el lugar del siniestro y sus zonas aledañas.

Para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro, resulta importante conocer cuáles son las entidades competentes para fiscalizar este tipo de actividades y qué reformas se requieren para cubrir algunos vacíos legales existentes hasta la fecha.

En principio, es importante advertir que el sector industria es el que menos ha avanzado en la aprobación de sus estándares ambientales para garantizar que las actividades del sector no generen un impacto negativo en el ambiente y la salud de la población.

Los conflictos entre la población y las fábricas, por la cercanía a sus viviendas, es un problema complejo y recurrente que se presenta en todo el país. En este tipo de casos, siempre se presenta el dilema sobre quién llegó primero al lugar, si la empresa o la población. Independientemente de quién llegó primero, lo trascendente es que si una fábrica está rodeada de un espacio urbano, esta tiene que reubicarse a un lugar que tenga una zonificación adecuada (zonificación industrial), determinada por la Municipalidad.

Ahora bien, en general, toda industria debe cumplir con los Límites Máximos Permisibles aprobados por el Minam. Pero, ¿qué pasa cuando el Ministerio no ha aprobado estos estándares ambientales para una determinada actividad, tal como sucede en el presente caso? De no existir estos parámetros, se tiene que recurrir a los compromisos ambientales que la propia empresa haya asumido en su Instrumento de Gestión Ambiental.

Si es que se supera estos parámetros, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), desde el 2017, tiene la facultad para imponer a la empresa una sanción de hasta UIT 1200 (aproximadamente S/. 5 millones). Y si es que la empresa realiza sus actividades sin contar con esa certificación ambiental, el organismo podría imponerle una multa de hasta 30 mil UIT (aproximadamente S/. 124 millones). Al respecto, es importante conocer que ya el año pasado el OEFA ha asumido del Ministerio de la Producción (Produce) todas las funciones de fiscalización ambiental del sector de la industria manufacturera y comercio interno. Esto significa que también ejerce la competencia de fiscalizar a los almacenes, entre ellas, al almacén de llantas de Comas que produjo el incendio.

Incendio en Comas es uno de los más tóxicos registrados en los últimos años. Foto: Andina

¿Qué podemos hacer cuando presumimos que una empresa industrial está contaminando el ambiente?

Cuando esto suceda, debemos denunciar este hecho ante la Municipalidad y ante el OEFA. La primera entidad debe fiscalizar si la empresa cuenta con licencia de funcionamiento, certificado de defensa civil y si se encuentra instalada en una zonificación adecuada. Por su parte, la segunda entidad tiene que fiscalizar que la empresa cumpla con todas sus obligaciones ambientales.

Como se puede apreciar, existe un organismo encargado de ejercer la fiscalización ambiental de todas las actividades del sector Industria, que es el OEFA, el cual es una de las entidades que cuenta con mayor presupuesto en el Estado. Al respecto, consideramos que el OEFA no solo debería fiscalizar cuando ya se produjo el daño (como ha sucedido en el caso del incendio de Comas), sino que debería velar para que la supervisión tenga un carácter preventivo.

Esta empresa operaba sin contar con certificación ambiental, por lo que OEFA no solo pudo sancionarla, sino también clausurarla, pues tiene facultades para ello. El incendio ocurrido es uno de los más tóxicos que se ha producido en los últimos años y nos trae como lección importante: priorizar que el sector industria tenga una mayor regulación ambiental y que el OEFA ponga un mayor esfuerzo en supervisar no solo a las empresas formales, sino también a las informales, aquellas que operan sin respetar los estándares mínimos de protección ambiental.