A través de un comunicado público, el Instituto de Defensa Legal (IDL) saludó la voluntad de rectificación del gobierno, pero se ratificó en su posición de calificar de inconstitucionales los cuestionados decretos de urgencia 001 y 002-2011.

Así, para esta conocida ONG, la rectificación del gobierno es “insuficiente” pues “no se han cumplido con los requisitos exigidos por la Constitución Política (art. 118.19), el Reglamento del Congreso (art. 91) y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional (exp. Nº 0008-2003-AI/TC, f.j. 59 y 60; Nº 0007-2009-PI/TC, f.j 9 y 10; y Nº 0025-2008-PI/TC, f.j 6)” en relación a los decretos de urgencia.

De acuerdo al IDL, en días pasados, la ministra de Justicia, Rosario Fernández afirmó que estas normas tendrían como objetivo diseñar un nuevo ‘marco normativo’, “con lo cual, está aceptando tácitamente que estos decretos tienen vocación de permanencia”. “Esto resulta incompatible con la naturaleza transitoria de los decretos de urgencia, tal como lo ha manifestado el TC en jurisprudencia vinculante”, agregan.

“Si el Gobierno no ha cumplido con acreditar el cumplimiento de los supuestos fácticos para expedir los decretos de urgencia podemos concluir que el Gobierno está usurpando facultades legislativas del Congreso (art. 102.1 de la Constitución)”.

El IDL también calificó de “lamentable” la actitud del Congreso frente al tema, al asegura que este poder del Estado “ha abdicado de su función legislativa y de su función de control político al permitir, con su silencio, convalidar que otro poder ejerza sus funciones de forma inconstitucional”.

En esta línea, saludaron la decisión de poner el tema en debate de la Asamblea de Gobiernos Regionales. Sin embargo, afirmaron que pareciera que el gobierno quiere sustituir a ese ente por el Congreso, “que es el verdadero titular de la presentación nacional. Normas de tanta importancia deben ser discutidas en el Congreso que para eso está”.