Escribe María Angélica Rondón / Programa de Política y Gestión Ambiental de la SPDA

De acuerdo a la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), aprobado por Decreto Supremo 086-2003-PCM, el Perú asumió la obligación de reducir sus emisiones de CO2 en actividades como agricultura, energía, transporte, desechos, entre otros, con la finalidad de mitigar las causas que provocan el cambio climático, pensando en las generaciones futuras y tratando de garantizar nuestra existencia.

Del mismo modo, nuestra actual y vigente Política Nacional Energética (PNE), aprobada por Decreto Supremo 064-2010-EM, establece que el gobierno peruano tiene como objetivo estratégico contar con una matriz energética diversificada, y para lograr aquello, deberá enfocar todos sus esfuerzos en impulsar las energías limpias, consiguiendo abastecer nuestra demanda energética en forma oportuna, segura y sostenible, disminuyendo la dependencia energética del exterior.

Es decir, dichas políticas son de obligatorio cumplimiento y deberán ser incluidos en la formulación, diseño y planeamiento de cualquier plan, programa y decisión política de los diferentes sectores.

Más aún, la propuesta para una Nueva Matriz Energética Sostenible (NUMES), publicado en abril por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), deberá ser aprobada para convertirse en la nueva política energética del Perú al 2040. Es más, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de aquella política, tiene que ser evaluada y aprobada por el Ministerio del Ambiente de acuerdo a nuestra Legislación ambiental vigente*.

La indicada NUMES, establece que para lograr alcanzar los objetivos deseados y reducir nuestras emisiones de CO2, tenemos que convertir nuestra matriz energética actual a una que incluya energías limpias y sostenibles. Dicho proceso de conseguir un “desarrollo sin carbono”**, implica que la referida matriz deberá estar compuesta por hidroeléctrica en un 40%, gas 40 % y energías renovables 20%, desplazando el uso de combustibles fósiles, que tanto daño ocasionan al sistema ambiental. Por tanto, todas las decisiones tanto del sector energía como de los demás sectores deben estar orientadas a lograr ese gran cambio.

Sin embargo, actualmente venimos atravesando un período de déficit energético, debido al incremento de la demanda de electricidad, en gran medida, por parte del sector empresarial (industrias extractivas, comercial, agrícola, ganadero, etc). En ese escenario, el gobierno peruano -con el propósito de abastecer la demanda de electricidad de los indicados sectores- adjudicó el pasado 10 de mayo la buena pro del concurso público de la subasta para la construcción, operación y mantenimiento de las centrales termoeléctricas Reserva Fría de Generación Eléctrica de Pucallpa (Ucayali), de 35 a 40 MW, y Puerto Maldonado (Madre de Dios), de 15 a 18 MW.

En este contexto, es necesario reflexionar acerca de que si los sectores comercial, industrial, agrícola, ganadero y minero deberían autogenerar su propia electricidad o si el Estado debe seguir asumiendo la responsabilidad de aquel sector empresarial, buscando satisfacer su demanda. Ante ello, resulta indispensable que el gobierno peruano promueve como alternativa el desarrollo de un sistema de autogeneración, basado en el empleo de tecnologías limpias como las renovables. El reto consiste en poder seguir creciendo económicamente y, a la vez, disminuir nuestras emisiones de CO2.

Por otro lado, la decisión de desarrollar las centrales termoeléctricas para cubrir el déficit energético, aumentando las emisiones CO2 y contribuyendo negativamente a intensificar los efectos de cambio climático, contraviene los objetivos establecidos por el gobierno peruano tanto en la ENCC, como en la PNE y en la propuesta de NUMES.

Un hecho resaltante es que, si tenemos tanto potencial de recursos energéticos renovables como energía solar en el norte y sur del país, energía eólica en la costa y sierra, biomasa en la Amazonía peruana, geotérmica en toda la extensión de la Cordillera de los Andes, y la hidráulica dividida en las gigantescas cuencas hidrográficas con las que contamos en los Andes, ¿por qué seguimos apostando por los combustibles fósiles?

Alguien dirá: “porque son baratos”. ¿Baratos? De repente ahora, pero ¿mañana? Cuando no haya disponibilidad de agua para consumo humano y agrícola; cuando toda la costa se encuentre desértica, y haya desaparecido la agro exportación; cuando en la sierra, los huaycos y heladas, imposibiliten vivir; y, cuando en la selva las inundaciones sean más frecuentes; ¿también seguirán teniendo el mismo discurso que los combustibles fósiles son baratos?

Entonces, de qué sirve pagar 230 millones de dólares para la elaboración de una NUMES con EAE, si los tomadores de decisiones y/o funcionarios públicos no utilizan dichos objetivos al momento de diseñar y planear las políticas públicas.

En este escenario, necesitamos interiorizar que los planes, políticas, programas y agendas son instrumentos que requieren ser implementados, buscando alcanzar un planeamiento estratégico del sector energía con objetivos medibles y plazos establecidos, donde todos los esfuerzos y decisiones estén encaminados a lograr aquello.

Mientras no logremos fortalecer las capacidades institucionales, relacionadas al diseño y formulación integral de políticas y decisiones estaremos ante ideologías vacías. Toc toc, ¿hay alguien ahí?

Como peruanos queremos mirar el resto de nuestro futuro siendo parte de nuestro presente.

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* Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 27446. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental, Decreto Supremo 019-2009-MINAM.
** De acuerdo al Proyecto “Planificación ante el Cambio Climático”, conocido como PLANCC, bajo el liderazgo del Ministerio Ambiente, y con la participación conjunta del Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia del Consejo de Ministros, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y otras instituciones privadas y organizaciones no gubernamentales, el desarrollo sin carbono, implica seguir creciendo económicamente en términos de aumento de nuestro Producto Bruto Interno (PBI), pero disminuyendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).