La pesca de pota es exclusiva del sector artesanal y las embarcaciones participantes deben cumplir protocolos sanitarios y contar con permiso de pesca. Foto: Andina

• José Santisteban Fiestas fue intervenido en 2018, cuando se encontraba a bordo de una embarcación artesanal que no contaba con el permiso de pesca para extraer esta especie. 

El 12 de julio, el fiscal Carlos Ochoa Flores obtuvo una sentencia condenatoria por el delito de extracción ilegal de especies acuáticas. La sentencia fue reportada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ica el 22 de agosto a través de sus redes. 

José Santisteban fue condenado a 3 años de prisión con pena suspendida y deberá pagar una reparación civil de 5 mil soles. Según la Fema Ica, Santisteban habría incurrido en el delito de extracción ilegal de especies acuáticas, tipificado en el artículo 308-B del Código Penal. 

La sentencia se logró luego de 6 años. El 7 de febrero de 2018, personal de fiscalización del Ministerio de la Producción (Produce) intervino a José Santisteban Fiestas y su hermano, Luis Humberto, mientras extraían 3 toneladas de pota a bordo de la embarcación pesquera artesanal “Juanita III”. La embarcación no contaba con el permiso de pesca emitido por la Dirección Regional de Producción de Ica. 

En Perú, las embarcaciones que participan de la pesquería artesanal de calamar gigante o pota utilizan un método selectivo llamado muestra potera, el cual permite capturar a los ejemplares uno a uno. Además, los pescadores siguen un protocolo sanitario para la limpieza y conservación del recurso dentro de la embarcación. 

Operativos de pesca ilegal de la FEMA 

Por otro lado, la FEMA Tumbes reportó el 19 de agosto que se interdictó e inutilizó 11 470 kilos de cáscaras y cabezas de langostino durante un operativo realizado el 9 de agosto. Los restos del recurso estaban siendo secados a la intemperie es un espacio de dos hectáreas en el distrito de Zarumilla, donde ya se había reportado un operativo similar en julio. Además, ese mes también se realizaron operativos donde se incautaron 390 kilos de pescado y 531 unidades de concha negra de origen ilegal. 

En el mismo mes, la FEMA Ica reportó una sentencia condenatoria contra Juan Hernández Soto, quien había sido encontrado pescando con explosivos dentro de la Reserva Nacional de Paracas. 

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), compromete la seguridad alimentaria y la salud de los ecosistemas marino-costeros. Un quinto de los recursos hidrobiológicos a nivel global es capturado de alguna de estas tres maneras, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura.