El Instituto del Bien Común (IBC) señaló que, durante los últimos años, los derechos de propiedad de las comunidades campesinas y nativas no han sido una prioridad para el Estado, debido a que aún no se ha titulado a más de 4 mil comunidades en todo el país.

“Según el Organismo de la Propiedad Informal (Cofopri), entre 2006 y 2008 solo se otorgó ocho nuevos títulos a comunidades nativas, y ninguno entre 2009 y 2010. El caso es muy parecido para las comunidades campesinas: de 62 títulos nuevos entregados en el 2006, las titulaciones se redujeron a cuatro en 2010”, informó el IBC.

Según la institución, la tendencia se mantiene en la actualidad, siendo ahora los Gobiernos Regionales los responsables de la titulación de dichas comunidades. Para Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES, esta situación se enmarca en un proceso de debilitamiento del régimen de la propiedad comunal vivido en el Perú desde hace dos décadas.

“El marco jurídico e institucional de los poderes públicos ha sufrido muchos cambios, expresando un profundo desinterés sobre el destino de las comunidades al punto de poner en peligro su propia existencia”, afirmó el abogado experto en desarrollo agrario.

CAMPAÑA EN BIEN DE LAS COMUNIDADES

Con el fin de destacar la importancia de la seguridad de los territorios de las comunidades para hacer visible la estrecha relación de las comunidades rurales con el conjunto de la población nacional, un colectivo de quince organizaciones lanzó la Campaña Territorios Seguros para las Comunidades del Perú.

La iniciativa busca contribuir al reconocimiento y valoración del aporte de las comunidades a la diversidad social, cultural y ambiental, así como al desarrollo económico del país. Asimismo, promueve el desarrollo de un marco jurídico de la propiedad comunal que se ajuste a los estándares del derecho internacional, y de un conjunto de políticas públicas que lo hagan efectivo y que permitan a las comunidades rurales defender lo que es suyo desde tiempos inmemoriales.

El colectivo pide al Estado la creación de un Ente Nacional Rector que concrete los procesos de titulación rural y la implementación de la base catastral. También, pide la generación de capacidades en los gobiernos regionales que han asumido esta función, y la reactivación del proceso de titulación de tierras para las comunidades, el cual se encuentra prácticamente paralizado desde hace varios años.

La campaña recolectará firmas digitales que serán presentadas a las autoridades competentes como respaldo a su pedido de una acción efectiva sobre el tema.

Las firmas digitales se recolectan en la siguiente dirección: http://www.comunidadesdelperu.org/o por correo electrónico, enviando su nombre completo y número de DNI o carnet de extranjería a: comunidadesdelperu@ibcperu.org

La campaña es impulsada por el Instituto del Bien Común (IBC), Oxfam, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Instituto de Defensa Legal (IDL) , Servicios Educativos Rurales (SER), Comisión Andina de Juristas, Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Confederación Campesina del Perú, Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), entre otros.

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Foto: Amnistía Internacional