Escribe Isabel Calle / Directora del Programa de Política y Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)

Desde que iniciara el gobierno del Presidente Ollanta Humala en julio del 2011 y hasta inicios de este año, este gobierno se mostraba interesado y preocupado por mejorar los estándares ambientales en el Perú. Se promulgó la Ley de Consulta Previa que había sido observada durante el mandato del ex Presidente Alan García, se creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), se fortaleció el marco de la fiscalización ambiental para lo cual se elevó el tope de la multa por una infracción ambiental muy grave de 10,000 UIT hasta 30,000 UIT a fin de disuadir las infracciones, entre otras medidas que indicaban un compromiso ambiental bastante explícito.

[pullquote]Ahora bien, ¿por qué se han planteado estas medidas? La respuesta recae en el anhelo de diversos grupos empresariales interesados en “derribar” las supuestas “barreras burocráticas” creadas[/pullquote]Sin embargo, las propuestas legislativas que el Ejecutivo remitió hace poco al Congreso de la República con el llamado “paquete de reactivación económica”, contradicen abiertamente en todo lo avanzado durante este gobierno y buscan flexibilizar las exigencias ambientales, significando un grave retroceso. Todo esto, bajo el argumento falaz de que esto es necesario para promover las inversiones en el país.

Ahora bien, ¿por qué se han planteado estas medidas? La respuesta recae en el anhelo de diversos grupos empresariales interesados en “derribar” las supuestas “barreras burocráticas” creadas, en esta percepción, por la fiscalización ambiental (y el rol del Ministerio del Ambiente como garante de un ambiente sano) frente a probables inversiones de industrias extractivas. Es decir, se pone de manifiesto esta idea absolutamente disfrazada y propia de una discusión superada de que lo ambiental se opone a la inversión y al “crecimiento económico”; cuando todo lo contrario, el mundo y los países civilizados claramente han conciliado y entendido que lo ambiental es condición necesaria para la inversión y el desarrollo.

LAS MEDIDAS QUE AFECTAN LA MATERIA AMBIENTAL

Entre las disposiciones más significativas de este proyecto de ley, podemos encontrar:

1. Entorpece y debilita al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la fiscalización ambiental. El artículo 12 del proyecto de ley señala que las entidades públicas, cuya función principal sea la fiscalización, no podrán administrar de manera directa los ingresos generados por las multas, sino que estos deben ser transferidos al tesoro público. El Ejecutivo considera que de esta manera se evitará los incentivos perversos de la entidad pública por la imposición de multas. En este sentido, preocupa que esta medida solo se aplique a las entidades públicas cuya principal función es la fiscalización, dejando de lado a otros entidades públicas, además no considera que hasta la fecha la potestad sancionadora que ha venido ejerciendo el OEFA no lo ha hecho de manera arbitraria y abiertamente discrecional sino que se ha venido dando de manera reglada, emitiéndose una serie de normatividad para dar seguridad y predictibilidad a los administrados. Pero esto no parece suficiente, el sector privado demanda inacción y es el propio Estado quien asume que sus propias entidades son enemigas del privado o que persiguen intereses particulares. Si este fuera el caso, toda entidad de fiscalización (p.e. SUNAT) tendría que ceder esta competencia.

[pullquote](…) el sector privado demanda inacción y es el propio Estado quien asume que sus propias entidades son enemigas del privado o que persiguen intereses particulares[/pullquote]A ello, debe sumarse que este conjunto de reformas pretende reducir la capacidad sancionadora de OEFA al solicitar que, durante tres años, dicho organismo sólo pueda sancionar excepcionalmente y, que por tanto, sólo podrá imponer medidas correctivas. Y finalmente, se menciona que OEFA sólo podría sancionar hasta el 35% del máximo permitido (a excepción de infracciones muy graves o actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental).

Todo esto deja claro que, al hacer bien su tarea de fiscalizar, lo que ha generado el OEFA es ser el blanco de este gobierno, que busca su debilitamiento, parece que el “complejo diagnóstico” del gobierno para identificar las medidas de fomento de inversión se basó en apalear y depurar aquello que venía funcionando bien.

Hay que tener en cuenta que, si bien las medidas correctivas cumplen un rol positivo al intentar restituir la situación infractora, el hecho que la entidad no pueda sancionar desnaturaliza abiertamente los motivos de su creación. Para encontrar un paralelo, es como proponer que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no pueda aprobar presupuestos.

Ya antes organismos como OSINERGMIN y en regímenes más “liberales” venían ejerciendo facultades sancionadoras y jamás se previó paralizar a esta entidad como medida de aceleración de la economía.

[pullquote] (…) el Estado no puede normar en función a intereses particulares sino en la búsqueda del bien común.[/pullquote]2. Busca imponer trabas para la creación de zonas reservadas. Otro de los temas que considera este paquete de normas está referido a la decisión de aprobar las zonas reservadas, ya no mediante una Resolución Ministerial del Ministerio del Ambiente, sino a través de una norma de mayor jerarquía, un Decreto Supremo. Ello, parecería ser resultado del temor específico de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos ante la decisión del Consejo Directivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) de aprobar una zona reservada en el mar peruano del norte. Y es claro que el Estado no puede normar en función a intereses particulares sino en la búsqueda del bien común.

3. Retrocesos en cuanto al Ordenamiento territorial. De aprobarse el proyecto de ley, se dispondrá que la Política Nacional de Ordenamiento Territorial sea aprobada mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, desconociendo el rol sobre la materia que tienen los gobiernos regionales.

DETRÁS DE LAS “TRABAS A LA INVERSIÓN”

Estas medidas se presentan meses después que, a través de una serie de reformas legislativas, el gobierno de Ollanta Humala se mostrara ávido de fortalecer la institucionalidad ambiental. Entonces, ¿por qué el cambio? ¿Qué ha sucedido en el último año que llevó al gobierno a presentar este proyecto? ¿qué le pasó a la visión de nuestro Presidente sobre los recursos naturales y nuestro entorno natural?

La tasa del PBI ha venido experimentando en los últimos dos años, y en especial en los últimos meses, un decrecimiento explicable fácilmente por varios motivos pero no por la existencia de barreras burocráticas. ¿Cómo analizar esto? La desaceleración es global por el fin de un ciclo de la economía mundial sustentado en el alto precio de los metales y otros commodities; por el ajuste a la tasa de crecimiento de China; por la fuerte dependencia peruana en actividades sustentadas en materias primas básicas y poca capacidad productiva del país; por las dificultades de Europa y Estados Unidos de revertir la crisis financiera por la que vienen atravesando hace ya varios años; por las decisiones del Tesoro de los Estados Unidos en relación a tasas de interés; entre muchos otros factores.

[pullquote]Siempre es más fácil buscar y señalar a un culpable interno y adoptar medidas que relajarán el desempeño ambiental de las empresas, sin poder revertir las señales de desaceleración que envía la economía global, ya que no se dan cuenta que el problema no es coyuntural sino más bien estructural y funcional.[/pullquote]Esta realidad ha llevado a muchos países de Latinoamérica, en especial a los socios de la Alianza del Pacífico, a revisar su proyección de crecimiento del año 2014. Por ejemplo, Chile ha proyectado a un rango que va entre el 2.5% al 3.5%, inferior a la calculada a inicios de año. Perú todavía se mantiene en rangos mayores hasta el 5%.

Pero, para sectores del empresariado peruano, reflejados en gremios muy conservadores como la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, estas explicaciones parecen no ser suficientes para entender los retos de la economía. En esa línea, se ha aprovechado la coyuntura para proyectar una imagen negativa del proceso regulatorio ambiental, que el Ministerio de Economía y Finanzas y su titular Miguel Castilla han asumido como cierta. Siempre es más fácil buscar y señalar a un culpable interno y adoptar medidas que relajarán el desempeño ambiental de las empresas, sin poder revertir las señales de desaceleración que envía la economía global, ya que no se dan cuenta que el problema no es coyuntural sino más bien estructural y funcional.

EL BLANCO DÉBIL

Lo más penoso es que parece que esta estrategia ha tenido éxito. El ministro Castilla ha escuchado a los gremios y, con la ayuda del ministro Mayorga y la bendición del jefe de la PCM, René Cornejo, ha convencido al presidente Ollanta Humala de apuntar al blanco más débil: al sector ambiental.

De esta forma surgen estas medidas encaminadas a promover las inversiones en menoscabo de la búsqueda de un ambiente saludable. Ante ello, cabe preguntarse: ¿cuál es el sustento de estos cambios normativos? La respuesta es contundente: ninguno, salvo la necesidad de congraciarse y satisfacer (una vez más) los intereses del sector empresarial.

[pullquote]Lo que agrava el caso, es que todas estas propuestas han sido encaminadas por el Ministerio de Economía sin un debido debate. Esta dictadura del MEF se ve reflejada en un Proyecto de Ley en cuyas páginas aparecen sólo sellos del MEF: el MEF es la Presidencia, es el Jefe de Gabinete, es la autoridad ambiental y es la autoridad laboral.[/pullquote]En efecto, en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 3627/2013-PE no se señalan cifras, ni resultados, es decir no se hace análisis alguno de los costos y beneficios. Más bien, de acuerdo a lo que señala el Ministro de Economía, los resultados de este “paquete” recién podrían verse el 2015.

¿Qué sucedería si los cálculos del Ministro de Economía y Finanzas fallan? ¿Acaso insistirá con más medidas? El procedimiento, hasta ahora, parece centrarse en seguir desarrollando limitantes a lo ambiental.

Lo que agrava el caso, es que todas estas propuestas han sido encaminadas por el Ministerio de Economía sin un debido debate. Esta dictadura del MEF se ve reflejada en un Proyecto de Ley en cuyas páginas aparecen sólo sellos del MEF: el MEF es la Presidencia, es el Jefe de Gabinete, es la autoridad ambiental y es la autoridad laboral.

¿Existían otras opciones?

Una de las funciones prevista en la Ley de creación del SENACE es la implementación de una ventanilla única de certificación ambiental en los procedimientos de aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados (EIA-d). Entendemos que esta ventanilla única busca dar respuesta a la necesidad de tornar más eficiente los procedimientos de evaluación de los EIA-d, de manera que se integre en un sistema de ventanilla única todos los requisitos y procedimientos que hoy son solicitados a las diferentes entidades públicas para la autorización del inicio de actividades. Con ello se busca garantizar una gestión más eficiente y unificada. Esa oportunidad es única. Lo que no se puede hacer es acorralar al sector ambiental y tratar de flexibilizar los estándares ambientales.