Pese a que estaba el reinicio del debate de la ‘Ley de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios’ -que fuera observada por el Poder Ejecutivo- estaba programada en agenda por la Junta de Portavoces del Parlamento, el Pleno del Congreso no debatió el mencionado proyecto de ley.
El pasado jueves debía debatirse las dos versiones que existen sobre los términos de consulta. La primera propuesta, elaborada por la Comisión de Constitución y Reglamento, recomienda allanarse a las observaciones del Poder Ejecutivo. Esta posición ha encontrado cierto rechazo en diversas agrupaciones indígenas.
El segundo dictamen que entrará a debate fue planteado por la Comisión de Pueblos Andinos, y propone la insistencia en el texto anterior a las modificaciones del Ejecutivo.
>> Sobre esto, lea el artículo de Nino Bariola «¿Allanar o no allanar? Un apunte sobre el futuro de la ley de consulta previa»
El congresista del Partido Aprista, Aurelio Pastor, opinó que esta consulta de ninguna manera puede ser vinculante, ya que podría ser “peligroso” que algunas comunidades indígenas usen el derecho a veto.
“El derecho reconocido por la OIT en el Convenio 169 es un derecho de consulta no es un derecho de una opinión vinculante, algunos lo interpretan mal y creen que una opinión tiene que ser vinculante para la decisión del Ejecutivo, la verdad es que se toma en cuenta la opinión pero la decisión la adopta el propio Ejecutivo”, dijo.
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OTRA TINTERILLADA: CONSULTA PREVIA O MECIDA SERIA
¿Consulta Previa o Mecida Seria?
Por: Sandro Chávez (*)*
*Hoy el Congreso de la República pondrá al debate el dictamen del proyecto
de Ley de Consulta Previa enviado por la Comisión de Constitución, la cual
aprobó por mayoría allanarse a las observaciones propuestas por el Ejecutivo
al Proyecto original aprobado el 19 de mayo del presente año.
El asunto resulta grave, si tomamos cuenta que dicho dictamen no solo se
allana a lo planteado por el ejecutivo sino que cambia sustancialmente el
texto original agregando inclusive modificaciones que el Gobierno Central
nunca planteo, es decir estaríamos frente a un nuevo Proyecto de ley de
Consulta Previa, que valga la redundancia nunca fue consultado a los propios
involucrados, osea a los Pueblos indígenas u originarios del país.
Es importante recordar, que el año pasado tras los sucesos de Bagua que fue
originado por la no consulta de varios decretos ley como el 1090 (ley
Forestal y fauna Silvestre) , generaron la creación de sendas mesas de
diálogo entre los Pueblos indígenas y el Gobierno, en especial la Mesa 3 que
tuvo a su cargo de desarrollar una propuesta sobre esta materia, llegándose
a varios consensos que luego fueron recogidos por la Comisión de Pueblos
Amazónicos, Andinos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del
Congreso de la República, en un Dictamen que si recibió los aportes
nuevamente de los involucrados , así como de la Defensoría del Pueblo,
lográndose un dictamen muy consensuado.
Lamentablemente la Comisión de Constitución, desarrollo por su parte otro
dictamen bastante controvertido en su elaboración, que por maniobra de la
mayoría del Congreso y su Directiva resultó siendo la Comisión principal y
por tanto la que tenia prioridad en la presentación y discusión de su
dictamen, así pues luego de varios tiras y jales, se logró un Dictamen en
dicha Comisión que no fue de mucho consenso, pero que a pesar de ello
recogía una buena parte de lo que los Pueblos indígenas u Originarios
demandaban, aprobándose finalmente el 19 de mayo en el Pleno y obviándose la
promovida por la CPAAAAE, que hubiera sido lo mas adecuado.
El Ejecutivo haciendo gala de su capacidad de maniobra, esperó hasta el
último momento para observarla y claro, luego la Comisión de Constitución,
siempre presidida por un militante aprista con clara mayoría de sus aliados
se allanó a dichas observaciones y hoy ha enviado como hemos dicho un
dictamen con textos cambiados mas allá de lo propuesto por el Ejecutivo,
osea, más papistas que el Papa.
Obviamente esto no es casual, hay una estrategia de fondo que busca tener
una Ley que legitime la imposición de inversiones, proyectos, etc. que de
hecho tiene en cartera y que bajo ninguna circunstancia garantice la opinión
legitima, justa y mayoritaria de los Pueblos Indígenas u Originarios sobre
lo que se puede o no hacer en sus territorios.
Por tanto, la Consulta previa, se convierte en una mecida seria si se
aprobara hoy esta Ley, donde luego la opinión de los pueblos será solo un
mero trámite, porque al final el Gobierno de turno hará lo que le venga en
gana, so pretexto del interés nacional, pero como todos sabemos por los
antecedentes, solo beneficiará a los inversionistas y autoridades
gubernamentales del momento.
El Estado está obligado a implementar el derecho de consulta y hacer cumplir
lo que establece el Convenio 169 de la OIT, con o sin Ley, cualquier medida
implementada sin la consulta debida, no sólo se contrapone al Convenio y su
rango constitucional, sino sería totalmente nulo.
Los Dirigentes indígenas y Originarios han expresado su malestar por esta
situación, también representantes de la OIT y la Defensoría del Pueblo, sin
embargo, pareciera que existe la consigna política de imponer la Ley, lo
cual traerá consigo nuevamente un conflicto que nadie desea.
Lo sensato, lo justo, lo constitucional, es que el Congreso devuelva dicho
Proyecto a las comisiones y promueva la consulta a los verdaderos
involucrados y se logre así un dictamen consensuado, que garantice el
respeto a la opinión de los Pueblos, sentando las bases para una
reconciliación con ellos y el país, lo contrario simplemente es seguir en la
ruta del desprecio y el olvido al que han estado sometidos durante cientos
de años.
*(*) Biólogo, Coordinador Nacional del Foro Ecológico del Perú*
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Publicado por Cuarto
Ambienteel
8/19/2010