Unos 60 hombres armados ingresaron al territorio de la comunidad de Meantari, en la provincia de Satipo (Junín) y, amenazándolas de muerte, echaron de dicha zona a unas 25 familias asháninkas de los territorios considerados ancestrales, informó la Central Asháninka del Río Ene (CARE).
En conversación con Actualidad Ambiental, Irupé Cañari -asesora legal de CARE-, dijo que los hechos se iniciaron cuando el pasado 24 de enero, la comunidad y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), constataron la existencia de taladores ilegales en la zona. Por ello se realizó un operativo con se logró incautar cerca de 4 mil pies tablares de madera tornillo.
Luego de la intervención, la madera quedó en custodia de la comunidad hasta que las autoridades realizaran otra diligencia por un caso similar en otro punto más alejado, sin embargo esto no se dio debido a la presencia de los colonos armados que hicieron huir a las familias asháninkas.
El líder de este grupo sería Abraham Taguada, conocido por realizar actividades de tala ilegal. Según CARE, los invasores preguntaron en todo momento por la madera incautada aunque también argumentaban que pertenecían a la asociación “Señor de Lúren”, y aseguraron que estaban tramitando un título de propiedad porque ellos vivían y realizaban actividades de cultivo en el lugar.
Irupé Cañari desmintió esta afirmación ya que, nos informó, en el Gobierno Regional de Junín no hay ningún trámite sobre titulación por parte de una organización de colonos, tampoco existe algún trámite en Serfor para solicitar algún permiso para tala. Lo que sí existe, es un trámite para que se reconozca a este lugar como territorio asháninka.
Según la representante de CARE, en la zona muchos colonos conforman asociaciones solo para adueñarse de territorios alegando que tienen años viviendo por estos lugares, cuando en realidad solo buscan invadir.
Meantari siempre fue un territorio ocupado por asháninkas pero, durante la época de Sendero Luminoso y el MRTA, los indígenas tuvieron que abandonar el lugar para mantenerse a salvo. Cuando terminó la época de violencia, regresaron a la zona, aunque muy cerca existía y existe la presencia de remanentes senderistas y narcotraficantes.
Hasta el momento se desconoce si los invasores siguen en el lugar o si se han llevado la madera incautada. La abogada comunicó que CARE ha interpuesto una denuncia penal en el tema de la tala ilegal. Asimismo, están pidiendo las garantías necesarias debido a las amenazas.
“CARE espera que prime la seguridad, sobre todo la legalidad respecto al derecho de los pueblos indígenas. No vamos a permitir que las comunidades asháninkas sean violentadas una vez más por gente externa. Ya han vivido la época de la violencia política y ahora no permitiremos que madereros ilegales, falsos colonos y otros hagan lo mismo”, añadió.
La Central Asháninka del Río Ene hizo un “Llamado de Urgencia y Solidaridad” a la Sociedad Civil y exige al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional del Perú y el Comando Conjunto la intervención inmediata para resguardar la vida de los comuneros de la comunidad de Meantari, asegurar la integridad de su territorio y poner fin a la extracción ilegal de madera.
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