Tras una serie de reuniones de negociación entre Estados, este domingo 4 de marzo se aprobó el primer Acuerdo Regional vinculante que garantiza la aplicación de los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales en Latinoamérica y el Caribe.

La firma del ‘Acuerdo Regional del Principio 10 de la Declaración de Río’ se realizó en San José (Costa Rica), y contó con la participación de delegados de 24 países de la región, entre ellos el Perú. Este pacto deberá ser implementado a cabalidad por los países signatarios, y entrará en vigor una vez el undécimo país haya logrado su ratificación.

El proceso de negociación del Acuerdo Regional, que se inició en el 2012, tuvo momentos célebres, como la incorporación de disposiciones para la protección de defensores ambientales. Esto permitió establecerse como el primer instrumento regional multilateral a nivel mundial en reconocer medidas especiales de protección para personas defensoras de los derechos humanos relacionados al medio ambiente.

Sin embargo, este proceso también generó diversos debates sobre disposiciones que determinaban los estándares de aplicación de los derechos de acceso, entre delegaciones de algunos países y la sociedad civil, quien tuvo un rol muy destacable para reorientar las negociaciones a favor del espíritu de los principios de la Declaración de Río.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) ha participado desde el inicio de este proceso. Por ello, estuvo en la semana de negociación en San José, en la ceremonia de clausura del proceso de negociación y cierre del Acuerdo Regional del Principio 10.

Para la SPDA, este acuerdo es valioso y crucial en tanto garantiza y respalda la efectiva aplicación de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en nuestro país, especialmente para nuestras poblaciones indígenas y comunidades nativas y campesinas y para nuestros defensores y defensoras ambientales peruanas que día a día arriesgan su seguridad e integridad para defender un bien mayor como lo es el patrimonio natural.

Este instrumento, que deberá ser aplicado por el Estado peruano, permitirá compartir y replicar mecanismos y herramientas, de otros países de la región, orientados siempre a mejorar la promoción y protección de estos derechos, los cuales contribuyen a la construcción y fortalecimiento de nuestra democracia ambiental.

Por un Perú ambientalmente democrático

La democracia ambiental ha encontrado como base 3 derechos fundamentales que actúan como pilares en donde se sustenta su éxito y efectividad. Los derechos de acceso a la información pública, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales, que permiten la activación de herramientas y mecanismos que permiten reconocer y garantizar nuestro derecho a un ambiente sano y saludable.

Esto implica, por ejemplo, participar oportunamente en la toma de decisiones sobre el manejo y gestión ambiental en el ciclo de vida de proyectos de inversión, a demandar en vías administrativas y judiciales la remediación o reparación del ambiente en caso de daños; o, a solicitar que el Estado actúe proactivamente en la difusión de información sobre el estado de nuestros recursos naturales o de las ganancias obtenidas por su aprovechamiento.

El Perú resulta ser uno de los más progresistas en la región en cuanto a desarrollo del marco legal de nuestros derechos de acceso. Sin embargo, aún tenemos retos y desafíos por superar para alcanzar una democracia ambiental. Por ejemplo, desarrollar disposiciones que incorporen y fortalezcan el enfoque intercultural y la participación indígena en los procesos de toma de decisiones o la identificación de la oportunidad de realizar consulta previa en el otorgamiento de derechos de manera que su participación pueda ser tomada en cuenta en las decisiones. Asimismo, se deberá fortalecer los organismos administrativos y judiciales de administración de justicia así como los mecanismos de acceso a la justicia para hacer efectiva la remediación y reparación de daños al ambiente.

Este Acuerdo Regional es el primer paso y marca un hito histórico en la región pues es el primer instrumento vinculante que logró el consenso de 24 países para establecer disposiciones que garantizan los derechos de acceso. Este instrumento reafirma el compromiso de los Estados a orientar sus esfuerzos para la construcción de la democracia ambiental sólida.

Finalmente, confiamos que nuestro Estado implementará adecuadamente estas disposiciones y abogará siempre por el espíritu del Acuerdo Regional del Principio 10, que inspira la construcción de la democracia ambiental, en el diseño e implementación de políticas públicas, planes, programas y legislación.

Desde la sociedad civil, nos mantendremos vigilantes y reafirmamos nuestro compromiso de contribuir con el Estado en la implementación del Acuerdo y a reorientar sus acciones, cada vez que lo necesite, para alcanzar la plena aplicación de nuestros derechos de acceso a fin de disfrutar del ambiente sano y saludable, que todos merecemos.

Minam explica el proceso

Para saber más sobre el alcance de este importante acuerdo, Actualidad Ambiental conversó con el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, Fernando León.

El viceministro consideró que “este proceso nos llama a reflexionar y consolidar nuestras prácticas de acceso, de participación de la ciudadanía general y los mecanismos que permitan al ciudadano de a pie lograr la justicia ambiental”.

León participó en la novena y última reunión de negociación del Acuerdo Regional del Principio 10 de la Declaración de Río, en representación del Estado Peruano.

“El Perú es un país que ha generado hitos importantes como mecanismos de consulta y participación, publicidad de las decisiones del Ejecutivo, participación en la región, además de la articulación con otros poderes del Estado como el Judicial. El trabajo con el Ministerio Público está llevando a logros importantes como la reciente creación del Juzgado Especializado en Materia Ambiental en Madre de Dios”, agregó el viceministro León.

Finalmente, con su participación en esta etapa final de negociación, el viceministro quiere demostrar que “el Gobierno peruano está trabajando permanentemente en implementar políticas públicas relacionadas al acceso a la información, la participación ciudadana y acceso a la justicia ambiental, y que los ciudadanos pueden estar seguros de que lo estamos haciendo de manera multisectorial para resolver los problemas ambientales de nuestro país, y que estamos consiguiendo avances significativos en la coordinación y en la acción en campo con el Poder Judicial y con el Ministerio Público, reconociendo y valorando la participación de la sociedad civil para lograr un desarrollo más sostenible”.