Denuncia ante organismo internacional está relacionado a la Ley 30723, que promueve carreteras en la Amazonía de Ucayali. Foto: Thomas Müller / SPDA

En enero pasado, la Secretaría Sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU. aceptó una solicitud de parte de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) que alertaba sobre la falta de aplicación efectiva de la normativa ambiental peruana, en referencia a la promulgación de la Ley 30723, que promueve la construcción de carreteras en las zonas de frontera de Ucayali.

Como se recuerda, esta norma fue aprobada el año pasado y generó el rechazo de organizaciones indígenas, congresistas, organismos internacionales, Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, porque ponía en riesgo a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y las áreas naturales protegidas de la Amazonía.

En conversación con Ojo Público, el director de la Secretaría, Dino Delgado, manifestó que el el Estado peruano tiene hasta el 12 de marzo para emitir una respuesta “por la presunta falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental”. [Revisa el documento emitido por la Secretaría]

[¿Qué es la Secretaría Sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU. y cuáles son sus funciones?]

“El siguiente paso es que el Consejo de Asuntos Ambientales del APC decida si amerita realizar el Expediente de Hechos para este caso, que demoraría dos semanas en evaluar. No hay un plazo determinado en el TLC, pero estimamos que podría tomar 90 días [elaborar el Expediente de Hechos]. Es muy probable que se necesite hacer viajes, entrevistas y quizás audiencias”, señaló Delgado.

El directivo también aclaró que “la secretaría no impone sanción ni reemplaza el trabajo de los organismos fiscalizadores. Los procedimientos que realiza no suponen una evaluación al cumplimiento del TLC, sino una falta en la aplicación de la legislación ambiental nacional. La Secretaría es un espacio público para resolver dudas. Le brinda una oportunidad a las personas de participar en la aplicación y transparencia de la legislación ambiental de los gobiernos de Perú y Estados Unidos, quienes finalmente negociarían los acuerdos y las sanciones ante las recomendaciones realizadas”.