Hacia una justicia ambiental especializada y oportuna en Perú y Chile: desafíos comunes

Foto: Diego Pérez / Actualidad Ambiental.

El miércoles 9 de setiembre se realizó la conferencia virtual “Por una justicia ambiental especializada en el Perú y Chile: Diálogo para construir sociedades más justas y equitativas”, que convocó a siete especialistas en temas ambientales de Chile y Perú para abordar temas comunes a ambos países, recoger experiencias y analizar la figura de los Tribunales Ambientales como un órgano especializado, con competencias y dedicación exclusiva a temas ambientales.

Participaron como expositores Valentina Durán (Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile), Ximena Insunza (exministra del Tribunal Ambiental de Santiago), Jorge Cash (jefe del Área de Medio Ambiente del Elías Abogados), por parte de Chile. Por Perú estuvieron Fabiola Muñoz (exministra del Ambiente), Daniel Huamán (exsecretario de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial) y Jean Pierre Araujo (Director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la SPDA). Paula Elías, socia fundadora del Elías Abogados, se encargó de moderar las presentaciones.

Evaluando la similitud de escenarios, instituciones y objetivos relacionados a la justicia ambiental entre Perú y Chile, señaló Fabiola Muñoz, exministra del Ambiente: “Lo que he escuchado me hace pensar en lo importante que es la colaboración entre nuestros países. Este proceso de análisis, discusión y debate, porque somos sociedades que estamos en crecimiento. Hay procesos muy similares, con matices y atingencias, pero ¿cuántos años tienen nuestros ministerios? No es que uno tenga 80 y el otro 10. Vamos por ahí. ¿Cuánto tiempo tiene discutiéndose el tema del Derecho Ambiental? El sentido de urgencia de debatir temas ambientales que compartimos con Chile es porque nos importan los temas ambientales. Es importante compartir las lecciones de lo que está pasando en nuestros países”.

Similar opinión tuvo Ximena Insunza, exministra del Tribunal Ambiental de Santiago, señalando: “Es sorprendente las similitudes que existen entre el escenario peruano y la actualidad chilena. La agenda pendiente de Perú en temas de justicia ambiental tiene exactamente los mismos puntos que la agenda pendiente de Chile. A pesar de la creación de los Tribunales Especializados y del cambio de una institucionalidad que buscaba fortalecer el sector ambiental, en los puntos donde estamos al debe son los mismos que en Perú”.

<Mira la conferencia virtual: “Por una justicia ambiental especializada en el Perú y Chile»>

La justicia ambiental en el Perú

Jean Pierre Araujo (SPDA) realizó una exposición detallando el escenario de la justicia ambiental en el Perú. Indicó, por ejemplo, que a nivel jurisdiccional, las vías constitucional y penal han sido las más utilizadas en el país para acceder a justicia ambiental.

En el ámbito penal, Perú cuenta con 44 Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, 129 fiscales y 11 juzgados con competencias ambientales. En el 2019 se presentaron 22 951 denuncias y fueron resueltos solo 8592 casos, quedando para el próximo año 14 359 investigaciones pendientes. Cada fiscal tuvo, en promedio, 178 investigaciones a cargo. Estos números evidencian unas Fiscalías Ambientales sobrepasadas por la cantidad de casos a su cargo. Por su parte, el Poder Judicial registró solo 1156 condenas por delitos ambientales.

De otro lado, indicó Araujo, la justicia administrativa ha avanzado significativamente desde el 2008, con la creación de organismos especializados para evaluar, supervisar y fiscalizar las actividades económicas y su impacto en el ambiente y los recursos naturales. Los niveles de especialización administrativa han permitido incluso la creación de Tribunales Administrativos con el objetivo fortalecer la seguridad jurídica a partir de decisiones colegiadas por profesionales de diversas especialidades.

Retos de la justicia ambiental en el Perú

“La justicia ambiental tiene por objetivo asegurar a los ciudadanos el acceso universal de una tutela efectiva a nivel administrativo y/o jurisdiccional, de aquellos conflictos de relevancia ambiental con la intención de reparar o compensar los daños y/o riesgos que afectan el ambiente, los recursos naturales y los medios de vida de las personas. Un país bendecido por su riqueza natural y cultural, requiere atender de manera oportuna, efectiva y eficiente, aquellos conflictos que pudiesen generarse a partir del uso de los recursos naturales y su impacto en el ambiente. Ello a fin de salvaguardar la vida, salud e integridad de sus ciudadanos, en especial de aquellos en mayor situación de vulnerabilidad como las comunidades campesinas y nativas, cuyos medios vida pueden ser afectados de manera irreversible”, sostuvo Jean Pierre Araujo, consultado por los retos que tiene la justicia ambiental en el Perú para ser efectiva.

Con esa perspectiva, los avances institucionales implementados en el Perú con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a la justicia ambiental requieren un mayor dinamismo y esfuerzo, a fin de asegurar el cumplimiento del precepto constitucional que establece que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. (Art. 1 Constitución de 1993). Un país próximo por cumplir 200 años de vida republicana, titular de una enorme riqueza cultural y natural, requiere priorizar una agenda en materia de justicia ambiental que contemple:

La institucionalización de la especialización ambiental en todos los niveles del Ministerio Público y del Poder Judicial, abarcando además de la vía penal, las vías contencioso administrativa y constitucional.
Asegurar los recursos necesarios para dotar del personal y presupuesto para implementar la especialización del Poder Judicial y del Ministerio Público, de manera coordinada con la Academia de la Magistratura y la Junta Nacional de Justicia.
Velar por el acceso universal a la justicia, asegurando las condiciones necesarias para que los procesos y procedimientos puedan permitir la libre participación de los pueblos indígenas en su idioma.
Fortalecer la prevención, generando incentivos o mecanismos que promuevan la innovación y tecnología enfocada en reducir los impactos o riesgos ambientales, en las diferentes actividades económicas.
Brindar mejores condiciones que permitan agilizar los procesos y procedimientos, de manera que respondan a la vulnerabilidad y eventual irreversibilidad de los daños o riesgos que afectan el ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas.
Velar por la adopción de las medidas necesarias para asegurar la ejecutoriedad de las decisiones sobre los conflictos ambientales, reduciendo significativamente los niveles de impunidad.

“Todos estos puntos de agenda pueden ser desarrollados de manera colaborativa con los países de la región, a partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Dentro de los alcances del acuerdo está la colaboración entre los países para mejorar en el diseño e implementación de las políticas públicas que favorezcan la transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas y acceso a la justicia ambiental”, sostuvo el especialista.

Foto: Diego Pérez / Actualidad Ambiental.

¿Es posible implementar en el Perú la figura de los Tribunales Ambientales?

“La especialización administrativa a nivel de supervisión, evaluación y fiscalización ambiental exige contar con jueces, fiscales y especialistas en los distintos niveles de carrera del sistema de justicia que puedan evaluar y comprender la complejidad del manejo de los recursos naturales, la conservación del ambiente y su regulación sectorial, a fin de construir una sociedad más justa y sostenible. Esta profesionalización debe ser progresiva, creando salas especializadas y fiscales superiores que puedan evaluar de manera eficiente y efectiva los conflictos ambientales sometidos a nuestro sistema de justicia”, menciona el abogado Araujo ante la consulta de si debemos considerar en el Perú la figura de los Tribunales Ambientales.

“El camino entonces debe estar respaldado por las estadísticas que nos indiquen cuáles son las zonas del país con mayores necesidades de justicia ambiental, dotando a esos distritos judiciales de los elementos de especialización profesional e institucional que aseguren la toma de decisiones ajustadas a derecho. El modelo institucional a nivel judicial y fiscal debe considerar que los jueces y fiscales superiores deben atender no solo las causas penales sino también aquellas provenientes de las vías contencioso administrativa y constitucional. La especialización administrativa ha mostrado la importancia de contar con profesionales técnicos especializados en ciencias para dotar de contenido y proporcionalidad a las decisiones. Este ejemplo nos debe impulsar a la reflexión de la participación de científicos en los procesos judiciales y en las investigaciones fiscales. Ello sin duda facilitará la adopción de decisiones y sentencias más justas”, concluyó Jean Pierre Araujo, Director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la SPDA.

Foto: Facebook del Tribunal Ambiental de Santiago.

Historia de los Tribunales Ambientales en Chile

Valentina Durán (Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile) explicó la historia de los Tribunales Ambientales en Chile, sus funciones en la actualidad y los retos para la justicia ambiental en Chile.

Los Tribunales Ambientales funcionan en Chile desde el 2012. Surgieron en el contexto de una reforma a la institucionalidad ambiental el año 2010, creándose con el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y otras instituciones. Estas reformas se dieron, entre otras cosas, por recomendación de la OCDE que buscó fortalecer la institucionalidad ambiental, especialmente en materia de fiscalización y cumplimiento, indicó Valentina Durán en su presentación.

Actualmente funcionan 3 Tribunales Ambientales en Chile: en Santiago de Chile, Antofagasta y Valdivia. Las ideas con las que operan estos tribunales son: disponer de un control jurisdiccional de las decisiones de la autoridad administrativa ambiental; que este control esté a cargo de jueces especializados y no generalistas; que sea un organismo de integración mixta y que dada su especialización provea de decisiones predecibles, permitiendo certeza jurídica para los interesados.

Foto: Diego Pérez / Actualidad Ambiental.

Transitar a una nueva forma de justicia ambiental

Consultada por el motivo de organizar la conferencia virtual “Por una justicia ambiental especializada en el Perú y Chile: Diálogo para construir sociedades más justas y equitativas”, Carol Mora, Directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, sostuvo: “Las características especiales del Derecho Ambiental, los bienes jurídicos comprometidos y muchas veces la irremediabilidad del daño ambiental, el que además no es reemplazable en términos económicos, nos debe llevar a transitar hacia una nueva forma de justicia ambiental para nuestros países. Es clave la justicia especializada en sede administrativa y a nivel jurisdiccional. Esta alianza con organizaciones tan reconocidas en Chile tiene lugar porque estamos seguros de que podemos aprender de la experiencia comparada y porque la cooperación técnica y bilateral puede ayudar a los países a adoptar mejores decisiones”.

“Nuestra ruta pendiente es continuar realizando esfuerzos por fortalecer y sentar las bases para un efectivo ejercicio del derecho de acceso a la justicia ambiental en su faceta preventiva y de corrección de daños. Los Estados deben otorgar a sus ciudadanos un marco institucional y jurídico sólido que les permita exponer ante las autoridades administrativas y/o jurisdiccionales sus conflictos jurídicos con relevancia ambiental, a fin de obtener decisiones oportunas, eficientes y ajustadas a derecho”, agregó Mora.

Finalmente, vinculando el tema de justicia ambiental en países de la región y la necesidad de que el Perú ratifique el Acuerdo de Escazú, Carol Mora señaló: “Ante este escenario, el proceso ratificación del Acuerdo de Escazú se presenta como una oportunidad y una urgencia a la vez porque nos permitirá consolidar la ayuda mutua entre los países de la región para mejorar las condiciones de gobernanza ambiental y porque justamente uno de los ejes del Acuerdo es que en los países se den las condiciones necesarias para que la justicia nacional funcione y no sea necesario buscar el reconocimiento en fueros internacionales”.

DATO: El evento fue organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el estudio Elías Abogados.