Hace un año se firmó el Acuerdo de Escazú pero aún no es debatido en el Congreso para su ratificación

Hace exactamente un año, 27 de setiembre de 2018, nuestro país firmó el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú. Hasta el momento, dicho compromiso internacional cuenta con un total de 20 países signatarios y seis naciones que lo han ratificado. Para que el acuerdo entre en vigor necesita la ratificación de 11 países.

El Acuerdo de Escazú busca asegurar que todas las personas tengan acceso a información oportuna y confiable, puedan participar de manera efectiva en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y accedan a la justicia en asuntos ambientales, con lo cual se contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Perú aún espera debatir la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República, pese a que nuestro país fue uno de los primeros en sumarse al proceso de negociación del Acuerdo. En el 2012, Perú conformó la vicepresidencia de la mesa directiva del comité de negociación que lideró el proceso de negociación y, durante su tercera reunión preparatoria a la negociación realizada en nuestra capital, elaboraron la Visión de Lima, en donde plantearon las aspiraciones de los países de adoptar un Acuerdo que responda a las necesidades de la ciudadanía en cuanto a transparencia, democracia y justicia.

Según Fátima Contreras, especialista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el Acuerdo de Escazú es un tratado con naturaleza operativa y que demanda acción del Estado. Por ello, el gran reto del país se encontrará en la implementación del Acuerdo. “Si bien nuestro país ha desarrollado políticas públicas implícitas que favorecen la aplicación de los derechos de acceso, existe una brecha importante que obstaculiza el pleno ejercicio de acceso a la información, participación y justicia, especialmente para las poblaciones vulnerables. Por ello, es imperioso que ratifiquemos el Acuerdo, porque reafirma el compromiso del Estado, porque facilitará la implementación de nuestro marco legal y porque nos establecerá un estándar base para trabajar y seguir mejorando la aplicación de estos derechos”, señaló Contreras.

“Es importante que el Acuerdo pueda ser prioridad en la agenda legislativa y política de este año. El contexto social, político y económico de nuestro país exige que se implementen medidas para promover la transparencia y participación”, agregó la especialista de la SPDA.

[Ver además ► ¿Cuál es el avance del proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú en América Latina y El Caribe?]