• Criminalización generalizada, desplazamiento de comunidades indígenas de sus tierras ancestrales y violencia de género y sexual, son algunos de los hallazgos de una misión de abogadas y abogados internacionales 

Tras una semana de entrevistas y reuniones en el departamento de Alto Verapaz a 200 km de Ciudad de Guatemala, una misión independiente de abogados y abogadas internacionales expresó su grave preocupación por las aparentes fallas sistémicas en la protección de los derechos indígenas e instó al gobierno de Guatemala a tomar medidas urgentes para la protección de los pueblos indígenas.

“Guatemala necesita urgentemente iniciar una revisión holística de sus leyes y prácticas en favor de sus pueblos indígenas, defendiendo su derecho al territorio para rescatar su identidad cultural y preservar sus conocimientos tradicionales», afirmó Silvana Baldovino, abogada peruana y directora del Programa de Biodiversifdad y Pueblos Indígenas de la SPDA que participó de esta misión.

El grupo de abogados y abogadas también llamó la atención sobre la urgencia de poner fin a los desalojos violentos que agravan el conflicto agrario en el país centroamericano.

“Las comunidades indígenas de Guatemala se enfrentan al menosprecio de los derechos territoriales comunales, a una distribución desigual de la tierra, al racismo, a la violencia y a una clara falta de acceso a la justicia», afirmó Camila Zapata Besso, experta en derechos humanos del Reino Unido.

«Una respuesta eficaz es de la máxima urgencia, porque esto traiciona los mismos dilemas agrarios que el acuerdo de paz pretendía reparar», agregó.

Las abogadas y abogados observaron una criminalización generalizada derivada de las denuncias de propietarios privados contra las comunidades, que deriva en un obstáculo para garantizar la rendición de cuentas y el Estado de derecho. También identificaron poca claridad sobre cómo los pueblos indígenas pueden reclamar sus derechos y defenderlos dentro del sistema judicial.

Daniel Cerqueira, experto brasileño en derecho internacional, resaltó que «la comunidad internacional y las empresas con inversiones en Guatemala deben estar atentas a los retrocesos legislativos y a la criminalización de las comunidades indígenas que reclaman su derecho a vivir en sus territorios ancestrales».

Las y los juristas se reunieron con comunidades y organizaciones indígenas, incluidos miembros de comunidades encarcelados, actores de la sociedad civil, abogadas y abogados que representan a comunidades afectadas, el sector privado, la comunidad diplomática y autoridades estatales responsables de la titulación de tierras, los derechos humanos y la seguridad pública.

 

🇬🇹 Last week, 7 international human rights lawyers visited Guatemala on a fact-finding mission

👁️ They visited Indigenous communities and met government, civil society, business & diplomatic representatives.

🆕 Read about their initial observations: https://t.co/bswu9iMc6X pic.twitter.com/QcHoCYN7xV

— PBI UK (@PBIUK) April 3, 2023

A continuación, se resumen los principales hallazgos que serán presentados por la delegación:

• La criminalización generalizada de las comunidades indígenas y de las personas defensoras de los derechos humanos que hacen valer sus derechos.
• El desalojo y desplazamiento de comunidades indígenas de sus tierras ancestrales y la falta de reconocimiento legal, institucional y práctico de sus derechos colectivos, incluido el derecho a decidir sobre el uso de sus tierras y recursos.
• La incapacidad del Estado para impedir el uso de la fuerza y la violencia ilegítima contra familias indígenas y comunidades rurales, especialmente durante desalojos.
• Problemas denunciados con la diligencia debida en la cadena de suministro llevada a cabo por empresas nacionales y multinacionales que hacen negocios en determinadas zonas, y con contrapartes guatemaltecas presuntamente implicadas en conflictos agrarios.
• El drástico aumento de la pobreza que sufren las comunidades indígenas, relacionado con el debilitamiento de la soberanía alimentaria y el acceso limitado al agua y los recursos naturales.
• La violencia de género y sexual, la explotación laboral, las violaciones al derecho de la niñez y al derecho a la educación.
• La falta de acceso a la justicia de las comunidades indígenas.

Dato:

La delegación internacional estuvo conformada por, Silvana Baldovino Beas, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); Daniel Cerqueira, Director de Programas de Fundación para el Debido Proceso (EE.UU., Brasil); Ben Cooper KC, Barrister y Consejero del Rey, Doughty Street Chambers (Reino Unido); Margherita Cornaglia, abogada, Doughty Street Chambers (Reino Unido e Italia); Steve Cragg KC, Barrister y Consejero del Rey, Doughty Street Chambers (Reino Unido); Haydee Dijkstal, Barrister, (Países Bajos y EE.UU.); Camila Zapata Besso, Barrister, Doughty Street Chambers (Reino Unido y Colombia).