Foto: Andina
- Produce ha emitido opiniones contradictorias en torno a la propuesta de ley del congresista José Pazo que busca ampliar el proceso de formalización de embarcaciones pesqueras para que más de 2000 embarcaciones presuntamente ilegales consigan los permisos para extraer pota y perico.
- En setiembre, el Ministerio de la Producción señaló que el proyecto era viable pero con observaciones pese a que el plazo de la formalización ya había vencido el 31 de julio. En octubre, afirmó que “no es aplicable”, pero en una reunión convocada por Pazo no expresó públicamente la misma posición.
En la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República se evalúa la propuesta de ley del congresista José Pazo Nunura —de la cual es vicepresidente— que busca ampliar el plazo de formalización de embarcaciones pesqueras que no alcanzaron a cumplir con el procedimiento hasta el 31 de julio de este año.
Frente a ello, cerca de 20 organizaciones de la sociedad civil, gremios industriales y de pesca artesanal, coinciden que los efectos de la propuesta sería nefasta para el sector artesanal si es aprobada y por ello han enviado opiniones al Congreso de la República, solicitando que dicho proyecto de ley sea archivado.
Cabe resaltar que la Sociedad Nacional de Pesquería también se ha manifestado en contra de la iniciativa legislativa. Al respecto señaló que la propuesta “carece de sustento y afectaría seriamente el ordenamiento pesquero y la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, trayendo más perjuicios que beneficios con su aprobación”. Por su parte, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) recomendó su “archivo, por ser una iniciativa legislativa que alienta la construcción ilegal de embarcaciones pesqueras y la pesca ilegal”. Además, empresas importadoras y exportadoras de pota y perico, señalaron que un proyecto como este afectará la reputación del Perú ante mercados internacionales.
A pesar de las posiciones civiles que advierten las implicancias de este proyecto de ley, Produce presentó posturas discordantes y el 5 de setiembre envió la única opinión formal a la Comisión de Producción, afirmando que era “viable con observaciones”.
En el sustento, la Dirección General de Pesca Artesanal informó que 2489 embarcaciones cumplieron el proceso de formalización de la actividad pesquera artesanal. Es decir, se inscribieron en el listado de embarcaciones para la formalización pesquera artesanal (etapa 1), pasaron la verificación de existencia de embarcaciones, solo para los que no contaban con certificado de matrícula (etapa 2) y presentaron la solicitud de aprobación de planos de la embarcación ante la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (etapa 3) hasta el 31 de julio.
Sin embargo, otras 2012 embarcaciones quedaron fuera del proceso porque no cumplieron con los requisitos. De ellas, 871 flotas tenían matrícula, pero no presentaron los planos; 156 no tenían matrícula, cumpliendo con la inscripción, supervisión de existencia, pero tampoco presentaron sus planos aprobados y 985 embarcaciones se inscribieron, pero no pasaron revisión de existencia ni presentaron planos, por lo que se estima que fueron construidas posterior a la norma que aprueba la formalización, la misma que prohíbe la construcción de nuevas flotas.
Pese a esto, la Dirección General de Pesca Artesanal opinó que “se incorporen al proceso de formalización 1027 embarcaciones (871 con matrícula anterior y 156 que cumplieron con la revisión de existencia) porque representarían menor riesgo de haber sido construidas fuera del ámbito de aplicación del decreto legislativo que establece la formalización”.
Sin embargo, a la vez reconocen que el plazo de la vigencia del proceso de formalización fue hasta el 31 de julio de 2023 y, por lo tanto, no se puede incorporar a más embarcaciones en el proceso: “lo que se debe tener en cuenta en el Poder Legislativo para efectos de operativizar el proyecto de ley que fortalece el proceso de formalización de embarcaciones pesqueras artesanales”, sostiene el documento. Es decir, “la ‘incorporación’ o ‘integración’ de embarcaciones al proceso de formalización no es posible a la fecha”, señala el informe. Pero, pese a esta advertencia, el Produce indicó que el proyecto de ley es “viable con observaciones” sin precisar cómo superar la observación del plazo vencido de la norma.
Cuestionamientos contundentes y respuestas poco claras
Gremios artesanales como la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal (Sonapescal) y también, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), mostraron su preocupación ante la opinión emitida por Produce. En su última carta, la SNI ha solicitado al congresista Morante que desde su despacho “contribuya a clarificar la posición del Poder Ejecutivo en el tema”.
Asimismo, la Asociación de Armadores Artesanales de Consumo Humano Directo de la ciudad de Paita en la región Piura y la Federación de Pescadores Artesanales – Región Grau enviaron oficios al Produce, mostrando su rechazo a la propuesta de ampliación del plazo.
Ambas organizaciones sociales recibieron la respuesta de la Dirección General de Pesca Artesanal de que el proyecto planteado por el congresista José Pazo “resulta inaplicable a la fecha, toda vez que, el proceso de formalización conocido como SIFORPA II cumpló su vigencia y no ha sido ampliado más allá del 31 de julio”.
También en la mesa de trabajo, organizada por el congresista José Pazo con dirigentes pesqueros, el abogado Camilo Gutiérrez Sáenz de la Dirección de Políticas y Ordenamiento del Viceministerio de Pesca y Acuicultura, señaló que el SIFORPA II, luego de 4 ampliaciones de su vigencia, concluyó el 31 de julio de 2023, siendo la propuesta inaplicable porque ya cerró el proceso.
En tanto, el director general de la Dirección General de Pesca artesanal, Ricardo Contreras Calla, ratificó la opinión del Produce del 5 de setiembre al señalar que el proyecto de ley es viable con observaciones. Sin embargo, tres días después su dirección emitió una carta a la Sonapescal explicando que la opinión sobre la propuesta legislativa que busca ampliar la formalización de embarcaciones pesqueras “era viable con observaciones hasta antes del 31 de julio del 2023”, pero que “como el plazo del mismo culminó, la propuesta de ley resulta inaplicable a la fecha”.
“Es urgente que Produce exprese su posición de manera clara ante la Comisión de Producción del Congreso, ya que diversos actores coinciden que este proyecto de ley generaría un impacto gravísimo a la pesca artesanal. Oficialmente, la postura que ha enviado al Congreso es que es viable pero con observaciones, más allá de que en cartas posteriores haya planteado que el proyecto es inaplicable”, sostuvo Bruno Monteferri, director de Gobernanza Marina de la SPDA.
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