Durante 18 años, la comunidad campesina Diamante Azul y la comunidad nativa San Juan de Ungurahual, ubicadas en el distrito del Alto Nanay en la provincia de Maynas (Loreto), se disputan la quebrada Puñisiqui, que contiene gran diversidad de recursos naturales y sirve a ambas zonas para su subsistencia.

La quebrada Puñisiqui se encuentra en el límite de ambas comunidades y debido a esto, la consideran como suya y debido a estas discrepancias por límite de tierras, las autoridades de ambas comunidades, agentes de paz y especialistas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), se reunieron por más de ocho horas con el objetivo de buscar acuerdos que beneficien a ambas partes.

La especialista legal de la SPDA, Nicole Torres Marquina, explicó a las autoridades presentes que los cuerpos de agua (ríos, quebradas, lagunas o cochas) son de propiedad del Estado, sin embargo, las comunidades son prioritarias para el aprovechamiento de los recursos que se encuentran ahí, no pudiendo ser de propiedad exclusiva de ninguna comunidad en mérito a lo regulado por la Constitución Política del Perú y las demás normas complementarias.

Debido a la cantidad de recursos que existe en la zona, la comunidad de San Juan de Ungurahual realiza un manejo comunitario de los recursos, es decir, no cuenta con un documento de gestión, pero hace un buen uso de los recursos de forma ancestral, mientras que los pobladores de la comunidad de El Diamante Azul solo cuentan con un plan de manejo forestal para aprovechamiento de los recursos en una zona de difícil acceso y por este motivo solicitan a la comunidad de San Juan de Ungurahual compartir los recursos de la zona de Puñisiqui que se encuentra dentro de su territorio.

Entre los acuerdos se estableció que la comunidad de Diamante Azul se reunirá el próximo 31 de agosto con las autoridades de San Juan de Ungurahual, quienes a su vez decidirán si permiten el acceso de la población de Diamante Azul a la quebrada.

Para esto, ambas comunidades solicitan la presencia de los especialistas de la SPDA, quienes participan como mediadores del conflicto con el propósito de gestionar y explicar a la población los detalles técnico legales sobre el uso de la quebrada.

La especialista en Gestión de Conflictos de la SPDA, Giselle Huamaní, señaló que el proceso de mediación se viene desarrollando desde el mes de noviembre 2015 y se espera que a través del diálogo y el entendimiento, las autoridades y la población lleguen a buenos acuerdos para el bien común de ambas comunidades. Asimismo, señaló que esta es la primera vez que durante el proceso de mediación ambas partes se reúnen para aclarar puntos claves como la conservación del medio ambiente.

El proyecto Conservación para la Paz se desarrolla desde el mes de septiembre del 2014 en la zona de influencia del Área de Conservación Regional Alto Nanay Pintuyacu Chambira y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, gracias al financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).