• Defensoría del Pueblo solicita la asignación de un presupuesto exclusivo para la prevención y atención de COVID-19 en comunidades indígenas.
• “Esta pandemia deja al descubierto el abandono y la desigualdad hacia las poblaciones indígenas”, señala Berlin Diques, líder indígena.

 

El pasado 16 de abril el Consejo Shipibo Konibo Xetebo (Coshikox) advirtió la posible existencia de 6 casos de infección por COVID-19 en la comunidad nativa Puerto Bethel, provincia de Coronel Portillo (Ucayali). Un día después, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ucayali, a través de la Red de salud de Coronel Portillo, llegó a la zona y detectó dos casos positivos con pruebas rápidas. Sin embargo, el Gobierno Regional de Ucayali aún no emite un comunicado oficial porque -según fuentes de la institución- espera los resultados de las pruebas moleculares para confirmarlos.

«En la prueba rápida han salido confirmados, pero todavía no tenemos los resultados de la prueba molecular. Ya se ha hecho el cerco epidemiológico, hoy fuimos a realizar la desinfección con Cultura, que además ha llevado 80 canastas de víveres, una para cada familia», explicó Juana Montoya, responsable de la Estrategia Regional de Salud de los Pueblos Indígenas, en conversación con Actualidad Ambiental.

Ante la alerta, la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau) ha pedido acciones inmediatas en la zona porque la enfermedad puede afectar gravemente a la población debido a su vulnerabilidad.

“Existen puestos de salud en algunas comunidades, aunque escasamente. Sin embargo, esos puestos están en completo abandono, desabastecidos y no implementados para atenciones de urgencia que puedan presentarse”, comentó Berlín Diques, presidente de la Orau.

El líder indígena también considera que en este escenario se debe realizar el descarte de COVID-19 a toda la comunidad. “No han hecho las contingencias necesarias con el resto de la población que son cerca de 300 personas”, agregó en conversación con Actualidad Ambiental.

“Esta pandemia deja al descubierto el abandono y la desigualdad hacia las poblaciones indígenas”, resaltó el presidente de Orau.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Ucayali recomendó al Gobierno Regional adoptar acciones inmediatas para la atención oportuna de los miembros de la comunidad Bethel, tanto para la atención médica de los casos detectados, como para la evaluación de toda la comunidad. Asimismo, pidió -de ser necesario- que se habilite una institución intercultural si es que deben ser transferidos a la ciudad de Pucallpa.

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Protocolo para atención 

Otra preocupación de las organizaciones indígenas es la inexistencia de un protocolo para la atención a las comunidades, que debería darse según cada realidad. “No se tiene un protocolo definido por la Diresa en cuanto a poblaciones indígenas. Esto es una preocupación bien fuerte. ¿Cuál sería la forma más inmediata o la manera en la que actuaría en estos casos la Diresa para la atención de las poblaciones indígenas? No existe», afirmó Berlín Diques.

“Recién hace una semana, después de constante exigencia, por fin el Gobierno regional, a través de Diresa, nos ha tratado de incluir para complementar el Plan de Acción de Emergencia Regional”, agrega.

Al respecto, Juana Montoya, responsable de la Estrategia Regional de Salud de los Pueblos Indígenas, afirmó que las acciones enfocadas en los pueblos indígenas se estarían ejecutando desde el inicio de la emergencia nacional. «Nosotros hemos empezado a trabajar prevención con mensajes en su propia lengua para todo el entorno de la parte urbana marginal», explicó.

Ucayali alberga casi medio millón de habitantes, de los cuales más de 55 mil mujeres y hombres se autoidentifican como parte de alguno de los pueblos indígenas existentes en dicho departamento. Más de 40% de ellos viven en la provincia de Coronel Portillo.

 

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