Gobierno Regional de Huánuco rechaza modificación de la Ley Forestal y pide su derogación

Foto: Andina

  • Entidad resalta que la modificatoria significa un retroceso en la lucha contra la deforestación.

 

El Gobierno Regional de Huánuco, a través de un comunicado, expresó su preocupación y rechazo por la aprobación de la Ley 31973, norma que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

«Preocupación porque esta norma fue aprobada por insistencia, sin un debido debate, con una premura injustificada y con ausencia de principales actores como los gobiernos regionales, sin haber practicado la consulta previa a los pueblos indígenas que habitan las zonas de repercusión de la norma como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», se lee en el comunicado oficial. 

Para el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, las principales consecuencias de la nueva ley serían la invasión y posesión desordenada de los bosques, el incremento del tráfico de tierras forestales y la pérdida de recursos forestales y de fauna silvestre. 

[Lee también: Canadá, Reino Unido, Alemania y Noruega en contra de norma que favorece la deforestación]

¿Qué Gobiernos Regionales se han mostrado en contra?

Luego de la aprobación de la llamada “Ley Antiforestal”, los gobiernos regionales de San Martín, Amazonas y ahora Huánuco, se han manifestado abiertamente en contra de la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 

La nueva ley fue firmada el 10 de enero, sin considerar los pedidos de reconsideración planteados en diciembre de 2023. La noche del jueves 14 de diciembre, con 70 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones, el Parlamento modificó el procedimiento de clasificación de las tierras por su capacidad de uso mayor (CTCUM), lo cual permitiría legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario.

Al respecto, especialistas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) señalaron, en un informe legal, que la modificatoria de la Ley Forestal promueve y legaliza la deforestación y degradación de los bosques, y pone en riesgo los medios de vida de las familias agricultoras en la Amazonía. Además, vulnera  los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

 



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