Gobierno promulga ley que amplía el Reinfo pese a que favorece a la minería ilegal
- Diversos especialistas y entidades se pronunciaron en contra de esta norma porque favorece la impunidad y amenaza a nuestra biodiversidad; sin embargo, la presidenta Dina Boluarte le dio el visto bueno.
sábado 28 de diciembre, 2024
El Gobierno de Dina Boluarte promulgó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses, con opción a prórroga por seis meses más.
Como se recuerda, la norma fue aprobada en el Congreso en tiempo récord. El mismo día recibió la aprobación en la Comisión de Energía y Minas, y horas después recibió la aprobación del Pleno del Congreso.
La Ley 32213, Ley que establece la rectoría y la ampliación del plazo del proceso de formalización minera integral de la actividad en la pequeña minería y minería artesanal, fue promulgada a pesar de diversos cuestionamientos a esta norma porque, según especialistas y diversas entidades, favorece a la minería ilegal y delitos conexos.
La ley especifica que el plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal culmina el 30 de junio de 2025, y puede ser prorrogado por única vez por seis meses adicionales mediante decreto supremo emitido por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Asimismo, faculta al Minem la creación e implementación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), y el Sistema de Ventanilla Única para la Formalización Minera.
La implementación del SIPMMA se realizará en un plazo máximo de seis meses y estará a cargo del Minem, que supervisará la trazabilidad operativa de minerales, explosivos, insumos químicos y productos fiscalizados en la pequeña minería y minería artesanal.
Cuestionamientos a la ampliación
Según indica el propio dictamen aprobado por el Congreso, los proyectos de ley referidos recibieron opiniones de algunos organismos como el Minem, el Ministerio del Ambiente (Minam), la Defensoría del Pueblo, entre otros.
Respecto a la ampliación del Reinfo, en sus respectivas opiniones, el Minam y Minem consideraron “inviable” a esta propuesta. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, en setiembre de este año, también expresó su “opinión contraria”.
Cabe resaltar que, ante una similar propuesta del Legislativo, el año pasado un grupo de fiscales especializados en materia ambiental, expresó su rechazo a una nueva ampliación del Reinfo porque hace que el proceso de formalización sea “eterno”.
El pasado 28 de noviembre, además, ComexPerú, gremio que agrupa a las principales empresas exportadoras e importadoras del país, expresó su rechazo a la medida planteada en el Congreso, y señaló que los “congresistas que voten a favor de ampliar el Reinfo legislan a favor del crimen organizado” y que “no les interesa las muertes, prostitución infantil, ni daños al medio ambiente”.
Impunidad y amenaza a la biodiversidad
A través de un comunicado, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) expresó su rechazo a la aprobación de una nueva ampliación del plazo del Reinfo porque favorece a la impunidad y constituye una amenaza para nuestra biodiversidad.
“Un nuevo plazo permite que miles de mineros continúen realizando actividades que destruyen nuestra biodiversidad con impunidad, escudándose en un proceso interminable que inició en 2002 y ha pasado por diversas prórrogas, lo cual ha puesto en riesgo constante a ecosistemas y poblaciones, especialmente pueblos indígenas y defensores ambientales que son amenazados o atacados por oponerse a esta actividad”, señaló la organización.
“La ampliación del Reinfo fue aprobada, pese a que el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio del Ambiente (Minam), la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, organizaciones indígenas, civiles y especialistas expresaron su rechazo a esta medida. La falta de consulta a las poblaciones perjudicadas a la minería ilegal, sin considerar a los entes especializados, y la premura con que se aprobó la norma refleja el apoyo del Congreso a esta actividad sin considerar los impactos ambientales y sociales”, resaltó la SPDA.
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