* Entre las provincias donde se mejorarán las condiciones de salud, educación o transporte se encuentra Purús (Ucayali).
* Estas acciones se desarrollarán respetando las áreas naturales protegidas y los derechos de los pueblos indígenas.

 

A finales de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió el decreto supremo 005-2018-RE, el cual establece “acciones de desarrollo sostenible e integración para la atención prioritaria de las áreas críticas de frontera”.

Uno de los fines de esta norma es garantizar la conectividad y movilidad de la población para solucionar la “grave situación de aislamiento”. Para ello se considerará la inversión sostenible destinada a la infraestructura para transporte terrestre, fluvial o aérea, según sea el caso.

Otro de los objetivos es implementar la infraestructura básica sostenible y fortalecer los servicios del Estado para atender a la población excluida que hasta ahora no cuenta con servicios básicos como agua, saneamiento, salud, educación, electricidad y telecomunicaciones.

Finalmente, se busca fortalecer el desarrollo de sistemas productivos sostenibles locales, promoviendo acciones para mejorar los ingresos, especialmente en aquellas actividades económicas que fortalezcan el proceso de integración de los espacios de frontera.

Como recalca el decreto, estas acciones se desarrollarán respetando las áreas naturales protegidas y los derechos de los pueblos indígenas en general, que incluye -por supuesto-a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial.

Entre los ministerios encargados de realizar estas acciones de desarrollo sostenible se encuentran Relaciones Exteriores, Agricultura, Ambiente, Cultura, Comercio Exterior, Desarrollo e Inclusión Social, Defensa, Educación, Salud, Defensa, Producción, Trabajo, Vivienda, Transportes y de la Mujer.

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La coordinación de estas acciones (de los ministerios y de los gobiernos locales y regionales) estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza.

Sobre este decreto, Carlos Trinidad, del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, señala que «es un buen indicador sobre el derrotero que debe seguir el Estado para impulsar políticas públicas en zonas de fronteras nacionales, pues privilegia una intervención pública de forma integral, articulada y transversal».

“No es posible concebir el desarrollo de fronteras a través de intervenciones aisladas y temporales, pues lo que falta es la presencia gravitante de los sectores claves del Estado, desde educación hasta producción”, indica el especialista. Sin embargo, añade que el reto es que este decreto supremo se implemente y que sus mecanismos de seguimiento y evaluación, de periodicidad trimestral, se hagan efectivos.

Entre los distritos priorizados se encuentran Río Santiago y el Cenepa (Amazonas); Morona, Ramón Castilla, Yavarí, Yaquerana, Alto Tapiche, Teniente Manuel Clavero, Rosa Panduro, Putumayo, Yaguas, Torres Causana y Napo (Loreto); Masisea, Yurúa y Purús (Ucayali); La Yarada (Tacna); Yanahuaya, San Juan del Oro y San Pedro de Putina (Puno).

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