Ayer, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jímenez, anunció que el Gobierno ampliará una vez más los plazos para el proceso de formalización minera en todo el país.

Como se recuerda, el cumplimiento de los requisitos más importantes para seguir con el proceso de formalización vencían progresivamente a partir del 5 de setiembre. Sin embargo, los mineros argumentaban que el tiempo no era suficiente y pedían una ampliación hasta diciembre de 2016.

Los mineros habían anunciado un paro nacional indefinido para este 26 de agosto si es que el Gobierno no atendía a este pedido y, pese a que el ministro del Ambiente dijo que no habría más plazos, el Ejecutivo anunció que se dará esta ampliación hasta abril de 2014.

Antes del anuncio, diversas organizaciones civiles mostraron su preocupación ante la inminente decisión del Gobierno, señalando que una ampliación más “constituiría un retroceso en la batalla contra la minería ilegal en diversas zonas del país”.

“Creemos que es importante diferenciar a aquellos mineros que se han acogido al proceso de formalización de otros que, a través de diversas evidencias, no han demostrado interés en formalizarse. Para estos últimos, la ampliación de plazos no es un incentivo para formalizarse, sino más bien una buena excusa para mantenerse en la ilegalidad con el consiguiente daño a la institucionalidad, la salud y el ambiente. De hecho, creemos necesario fortalecer las acciones de interdicción destinadas a dicho grupo”, señalaron.

Asimismo, invocaron a los diversos sectores (Minam, Minem, Minagri, Sunat, gobiernos regionales, entre otros) a cumplir con sus obligaciones para el proceso de formalización e incluir a los afectados por la minería en los procesos de diálogo.

Respecto a esta ampliación, el abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), César Ipenza, recordó que los mineros no solo han exigido nuevos plazos para formalizarse, sino también la modificación y derogación de los decretos legislativos emitidos para atacar la minería ilegal.

“Luego de la instalación de una Mesa Técnica, resulta fundamental estar alertas y analizar la nueva y adicional exigencia de los mineros sobre de la modificación y derogación de los decretos legislativos, lo cual sería preocupante”, señaló el abogado.