En Islay (Arequipa), el conflicto por el proyecto minero Tía María ha ido incrementándose: el paro indefinido ha cumplido 50 días, el fin de semana se reportó el fallecimiento de un policía (con el cual ya suman 3 víctimas mortales), los heridos superan los 200 entre civiles y agentes policiales, y han llegado a la zona cerca de 2 mil efectivos de las Fuerzas Armadas para apoyar en el restablecimiento del orden.

¿Hacia dónde va el conflicto? ¿Existen posibilidades de llegar a acuerdos en medio de este escenario? Buscando responder estas preguntas, en Actualidad Ambiental conversamos* con Giselle Huamani, PhD ABD en Análisis y Manejo de Conflictos y MA en ciencias políticas, especialista en Facilitación y Manejo de Conflictos con más de 15 años de experiencia, que ha realizado trabajos en Perú, Bolivia, Guatemala, Estados Unidos, Irlanda, Surasia y Europa del Este.

¿Qué rol debe cumplir el Estado en este conflicto?

El Estado es el tercer actor en el conflicto (junto a la población y Southern Peru Copper Corporation). Con nuestra nueva regulación es quien tiene las competencias y el mandato de manejar el conflicto, aunque eso está en debate en este momento. El reto está en cómo se mantiene como ente neutral para facilitar, arbitrar o mediar esta relación conflictiva entre la comunidad, que se opone a la minería, y la empresa y aquellos que apoyan a la empresa en esta propuesta de extracción minera.

¿Puede el Estado mediar en el conflicto si sus representantes, herramientas y hasta su misma presencia generan desconfianza?

Lo que tenemos en Tía María es que el Estado, como tercero imparcial o neutral, ha perdido la credibilidad en el proceso. Y las agendas políticas hacen que varias cosas en el procedimiento se vean un poco sospechosas y hayan generado crítica, malestar o incomodidad en la gente. Por ejemplo, el primer EIA, al parecer, no había sido rigurosamente evaluado por las instituciones que deberían haberlo hecho y UNOPS encontró 138 observaciones. De alguna manera esto nos señala un problema de fondo con los mecanismos que tenemos para asegurarnos de que el Estado haga una evaluación rigurosa y profunda de los EIA.

No solamente el EIA y la empresa están bajo escrutinio, también el Estado y su capacidad para ser riguroso técnicamente. El Estado no ha llegado al punto de ser creíble y tener la confianza de los diferentes actores como para decir: mi palabra verifica mi experticia técnica. Por eso necesita de actores externos como UNOPS u otros de los cuales tiene que prestarse la credibilidad.

Si para la parte técnica hay un cuestionamiento, para la facilitación del Estado hay otro. Esto se hace evidente cuando se empieza a hacer comentarios en contra de unos u otros actores. El Estado no puede hacerlo, por más que quiera, así esté de acuerdo o no. Puede hacerlo cualquier ciudadano u otra institución pero el Estado, como ente neutral que va a asumir ese rol, tiene que cuidar sus palabras, no utilizar adjetivos que van a agravar, escalar o polemizar más la situación, debe utilizar un lenguaje que ayude a generar consensos. Ser tercero neutral es un trabajo muy delicado. Y el Estado en numerosas ocasiones ha dado muestras donde no ha sido totalmente creíble, imparcial u objetivo.

En este escenario donde cada palabra cuenta, ¿qué errores se cometieron?, ¿cómo pudo haberse manejado mejor?

Si el actor que dijo lo de “terrorismo antiminero” quería referirse a una posición muy extrema, pudo haberlo dicho de otra manera, sin utilizar esa combinación de adjetivos que precisamente ha generado radicalización y endurecimiento en las posiciones de muchos de los actores que se sintieron aludidos y decían: me están asociando con la violencia, con asesinatos, con toda esta historia muy dolorosa que hemos vivido en el país.

Se debió utilizar otro tipo de palabras, como “hay actores que están utilizando estrategias muy extremas que no están conduciendo al diálogo”. Hay que ser más cuidadosos con el uso de la comunicación, sobre todo cuando son funcionarios que tienen acceso a un espacio mediático.

Foto: Perú21.

¿Cómo se construye el conflicto desde los medios y en qué medida esa configuración ayuda o dificulta llegar a una solución?

Tanto en Arequipa como en Lima los medios empezaron a posicionarse y alinearse con uno u otro discurso. Acá (en Lima) solo percibimos una historia, una versión de la historia, lo mismo ocurre en la región. La población local empieza a escuchar una versión de la historia y a reforzarla. Llegamos a una situación de crisis en la cual existen dos discursos con dos coberturas mediáticas que refuerzan precisamente la imagen, historia y narración de los hechos. Lo peligroso está en cómo se empieza a generar esta ruptura entre cómo nos enteramos de los hechos, cómo seleccionamos las noticias y cómo leemos las noticias. Resulta peligroso que no tengamos una reflexión sobre cómo estos dos discursos se están dando y ellos empiecen a competir entre sí y tengamos que superar esa dualidad. Estos discursos son parte de esa dinámica de escalamiento que está llevando a la crisis.

Tenemos que mirar más allá de esta dinámica conflictiva a nivel de la comunicación, de los medios y más bien apostar por otro tipo de discursos que miren más allá de las posiciones como “derecha recalcitrante”, “terroristas izquierdistas”, más allá de las etiquetas y adjetivos que se están utilizando, ponerlos del lado y mirar cuáles son las percepciones, las preocupaciones y las necesidades de fondo.

¿Qué tendría que pasar para que podamos pensar en acuerdos posibles sobre Tía María?

Antes de discutir temas de fondo, tenemos como asunto inmediato y urgente a la crisis. Y si no trabajamos la crisis, si no la contenemos, nunca vamos a llegar a hablar de esos temas de fondo. En este momento lo que tienen que hacer todos los actores, también el Estado porque ya se ha vuelto parte de esta dinámica, es una tregua: desescalar el conflicto y crear las condiciones para un diálogo posterior. Si no tenemos eso no se va a poder discutir absolutamente nada. En este momento la seguridad, la vida de las personas, tanto de los pobladores, policías, funcionarios, empresarios y funcionarios de la empresa que han quedado en la zona, está en juego.

¿Qué posibilidad de acuerdo existe? ¿Por dónde iría algún ensayo de posibilidad?

Para un sector, los temas que están en debate son el EIA y el aspecto técnico (uso del agua, polvo, contaminación, que sea a tajo abierto), pero otro sector definitivamente no va a estar de acuerdo ya que no quieren vivir con una empresa al costado porque tienen los antecedentes de Southern que ha estado años trabajando y la gente vivía con el polvo de forma constante, además de las dinámicas económicas que se generan, las dependencias, las distorsiones, una serie de temas que no se hablan, pero hay conocimiento popular de lo que ha ocurrido y a pesar de que puede haberse presentado beneficios concretos para algunos grupos y para unas familias, creo que para abordar ese tema se necesita una discusión mucho más grande y aceptar que también va a haber grupos, poblaciones y familias que no están de acuerdo en ninguna circunstancia.

En todo caso, la misma gente de estos distritos tiene que buscar un consenso sobre qué quieren de desarrollo para la región, si están contentos como están, si quisieran que la explotación sea en una escala menor, en un área, por turnos, que la misma empresa se pruebe qué tan confiable es, que sea a una escala en que la gente pueda vivir y que sea un buen ejemplo de si pasa el examen o no.

A veces uno tiende a pensar que las comunidades son homogéneas y no es cierto. Hay una diversidad de preocupaciones, algunas compartidas por todos los grupos, pero hay diversidad de opiniones sobre qué hacer al respecto. Y lo mismo ocurre con las empresas: hay una diversidad de enfoques al interior del sector privado, de la empresa, y hay una diversidad de enfoques y prioridades también para el gobierno. Y ahí está la riqueza y complejidad de manejar estas situaciones.

Para Giselle Huamani, el manejo de la crisis necesita una especialización y no consiste solamente en enviar a la Policía a la zona.

¿Southern debería asumir un papel más activo en estos momentos? Da la impresión de que se ha puesto de perfil en el conflicto. ¿O una presencia más activa polarizaría más la situación?

Creo que la empresa sí puede cumplir un rol. Debe tener mucha apertura para participar y  hacer transparente la información. Incluso puede hacer actos simbólicos y hasta materiales de reparación por aquellas cosas que han ocurrido en toda su trayectoria: actos de perdón, reparación y reconciliación. Ahí la empresa tiene muchísimo que hacer. Y nadie lo puede hacer por ella. Esto tiene una incidencia directa con quiénes son sus funcionarios, qué perfil tienen, qué sensibilidad, qué tipo de relacionamiento, qué capacidades de escucha, qué actitudes de humildad o de solidaridad. Hay una serie de temas solamente en su personal. Hay otros aspectos como los protocolos que utilizan, los sistemas de manejo de quejas, disputas y de conflictos internos. Tienen una serie de frentes en los cuales la empresa puede estar revisando y haciendo una autocrítica sobre cómo ha venido operando y además fortalecerse para mejorar sus estándares, lo cual no solamente va a servir para Tía María sino le puede servir para cualquier otro de sus proyectos.

¿Qué rol debió haber cumplido el Estado antes de que el conflicto por Tía María llegue a ser un conflicto? ¿Qué hizo y qué no en estos últimos años?

La institucionalidad para el manejo de conflictos ha ido cuajando lentamente. El problema es que a veces hay funcionarios y equipos, pero en la práctica se necesita mucho más despliegue, mayor articulación y un enfoque para crear las condiciones para cualquier tipo de acción que se esté pensando. Por ejemplo, se sabía que Tía María estaba preparando su segundo EIA: ¿Qué pudo haber hecho el Estado durante estos 2 años en los cuales no pasaba nada? ¿Cómo se desarrollaban capacidades de diálogo en los actores locales, cómo se informaba mejor técnicamente sobre los diferentes aspectos del EIA o aspectos técnicos del agua, medición de polvo, mina a tajo abierto o subterránea?

Se podía hacer todo ese trabajo preparatorio no para que aprueben o estén a favor de la empresa sino para que puedan participar bien en un proceso, para que la gente pueda sentarse y decir: “podemos conversar sobre estos temas, estoy bien informado”, para que puedan hacer las preguntas que se necesitan, inclusive tener a terceros externos (técnicos) que puedan ayudar o contribuyan a entender mejor determinados temas. Se pudo haber instalado, diseñado o desarrollado todo un proceso en estos 2 años, y no esperar a que se dio la aprobación o las protestas, con toda la movilización y rechazo, y recién ahí actuar cuando ya es una situación bastante crítica.

Da la impresión de que se envía a la Policía a la zona para solucionar todo lo que el Estado no ha podido manejar

El manejo de la crisis necesita una especialización, no es simplemente mandar a la Policía. Ellos se sienten carne de cañón porque todo lo que no han hecho los funcionarios y políticos, o lo han hecho mal, quieren que la Policía lo arregle y solucione con armas, cascos y escudos. Eso, en realidad, no soluciona nada. Simplemente podría contener el conflicto, pero en muchos casos lo hace escalar. También hay que pensar en la Policía, se los pone en esta situación precisamente por la falla de todos estos otros procesos y mecanismos que debieron haber funcionado y resuelto el problema cuando recién aparecía.

* Entrevista realizada el miércoles 7 de mayo.