A pocos días de que el denominado ‘baguazo’ cumpla cinco años, el gerente de Buenaventura, Carlos Gálvez, reavivó la polémica sobre qué comunidades pueden denominarse como pueblos indígenas y si merecen o no participar en la Ley de Consulta Previa.

En entrevista con Semana Económica, Gálvez señaló que las restricciones sociales y ambientales en los proyectos de extracción “cada vez son peores” y además existe una expectativa entre los informales e ilegales “que pretenden que las empresas formales no puedan explorar u operar para que ellos puedan manejar una operación totalmente ilegal o informal”.

“Si además de eso ponemos la consulta previa –que todavía no se ha realizado en actividad minera– a comunidades que no tienen el perfil para ser consultadas… simplemente, cualquiera que se pone una pluma ya tiene derecho a ser consultado… bueno pues, la cosa será más difícil”, manifestó el representante de la empresa accionista de Yanacocha.

Por otro lado, Gálvez se refirió también al proyecto minero Conga. Al respecto señaló que, si es que “se toman las decisiones”, puede ejecutarse y concluirse en tres años, pese a que aún un sector importante de Cajamarca rechaza el proyecto.

“Si los planetas se alínean y se toman las decisiones, ese es un proyecto que se puede ejecutar y concluir en tres años. Así que dependerá de cuál sea el momento de la bajada de bandera”, puntualizó el representante de Buenaventura.